Caso Nisman - Escuchas ilegales y poder judicial familiar
Investigan vínculos entre causas por lavado y escuchas ilegales
17/08/2015 00:00
BUENOS AIRES (Especial de NA por Sergio Farella). La causa por las escuchas telefónicas ilegales por las cuales es investigado el jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente, Mauricio Macri, y la de lavado de dinero que salpica a la familia del fallecido fiscal Alberto Nisman tendrían un denominador común y la Justicia ya comenzó a buscarlo.Desde hace semanas, existen rumores sobre ese punto de encuentro: el grupo Excel.Por ello, se formalizó la búsqueda de la coincidencia en ambas causas, a raíz de una medida dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello.
El magistrado tiene a cargo la causa de las escuchas telefónicas ilegales en la que Macri es investigado a raíz de los casos que tuvieron como víctimas a su cuñado, Néstor Leonardo, y a Sergio Burstein, familiar de víctimas del atentado a la Amia.Por su parte, tras la muerte de Nisman, el juez Rodolfo Canicoba Corral quedó a cargo de una denuncia por presunto lavado de dinero que alcanza a la madre del fiscal, Sara Garfunkel; de la hermana, Sandra; y del empleado informático Diego Lagomarsino.Entre los bienes bajo la lupa por presunto lavado de dinero, está el Audi Q5 que usaba Nisman y que es propiedad del empresario Claudio Picón, titular de la firma Palermopack, que incluso lo está reclamando, pero la Justicia mantiene la incautación del bien.Según trascendidos periodísticos, Palermopack comparte domicilio con otras dos empresas, Starpack y Easypack, y el directorio de las compañías estaría integrado por Eugenio “Pipo” Ecke, entre otros.Ecke fue investigado por Casanello en la causa escuchas telefónicas junto al extitular del Excel Group, Juan Navarro Castex, a raíz de la pinchadura del teléfono de su hermano Juan Navarro.En la causa por las escuchas ilegales, Burstein, quien es querellante, pidió al juez Casanello que intente ver las conexiones con la causa a partir de trascendidos periodísticos.A partir de esa presentación, Casanello ordenó certificar la causa con la que tiene su par Canicoba Corral, ello con el fin de establecer si hay algún punto de conexión.Espías A la vez, el magistrado pidió también certificar otra causa donde se expuso una guerra de espías entre agentes de inteligencia y que en Tribunales se la conoce como Dark Star.Esa causa actualmente está en poder del juez federal Luis Rodríguez y tiene una gran cantidad de escuchas telefónicas en la que se desata una guerra de exintegrantes de la Side.La conexión entre Picón y la familia Nisman no sólo está dada por el vehículo, sino además la Justicia encontró un cheque por 250 mil dólares que el empresario había entregado a Nisman. De socios, jefes de seguridad y exoperadores de la CIAEn enero pasado, pocos días después de la muerte del fiscal Nisman, la agencia Telam había hecho mención de los vínculos entre Eugenio “Pipo” Ecke y Claudio Picón, al mencionar los tweets que divulgó el periodista Juan Cruz Sanz, a través de la siguiente nota:“Como aún se puede observar en la versión en caché de su cuenta de Twitter (@juancruzsanz), (así mencionaba la agencia el 23 de enero de 2015), el periodista vinculó también a Nisman con Eugenio ‘Pipo’ Ecke, “operador del ex CIA Frank Holder”, quien fuera “investigado en la causa de las escuchas ilegales de Mauricio Macri”, y también “Jefe de Seguridad del grupo Exxel, el grupo que se quedó con las empresas de Alfredo Yabrán”.Juan Cruz Sanz afirmó que el automóvil AUDI que utilizaba Nisman es “100% de la empresa Palermopack SA”, cuyo dueño “es Fabián Aníbal Picon”, a su vez “socio” de Ecke y con quien “comparten domicilio fiscal”.“¿Quién es Ecke? Jefe de seguridad del grupo EXXEL, el grupo que se quedó con las empresas de Alfredo Yabrán” sostuvo, y completó: “Ecke está vinculado con el oscuro mundo de las empresas de seguridad privada y servicios de inteligencia”.Además, “Ecke y Navarro, grupo Exxel, fueron investigados en la causa de las escuchas ilegales de Mauricio Macri. ¿Quién los investigó? Nisman”, afirmó el periodista, al tiempo que destacó que el primero “fue señalado como el hombre que manejaba la empresa que contrató Franco Macri para intervenir los teléfonos de su yerno”.Y se preguntó: “¿Por qué Nisman, titular de la Unidad AMIA, utilizaba un auto de una empresa vinculada a alguien que investigó? Extraño”.Mencionó también a Ecke como “la cara visible en Argentina de Frank Holder, consultor en Latinoamérica de ‘seguridad’”, quien es “dueño de un imperio de seguridad privada en toda Latinoamérica”, y conjeturó: “Nisman utilizaba un auto de un operador de un ex CIA. Raro”.Además, afirmó que “lo más extraño” es que “Picon, el dueño de la empresa del auto de Nisman”, es “pareja de la hija de Anzorreguy, jefe de la SIDE acusado de DESVIAR LA CAUSA AMIA”.El último twitt de Sanz afirma: “Uf. La de menciones nefastas que estoy recibiendo ni se las explico”.
https://www.primeraedicion.com.ar/nota/146881/investigan-vinculos-entre-causas-por-lavado-y-escuchas-ilegales/
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5-1-2016|12:58|FALLONACIONALESEtiquetas:|Escuchas ilegales|Inteligencia|Espionaje|Fallo
La causa fue elvada a juicio en diciembre de 2014
La jueza Arroyo Salgado sobreseyó a una red acusada por espionaje
Estaban imputados el ex titular de la ex SIDE, Juan Bautista Yofre, los periodistas Carlos Pagni, Roberto García y Edgard Mainhard, tres empresarios, un ex agente y dos técnicos informáticos. La magistrada consideró nula la prueba porque se obtuvo a través de agentes encubiertos sin autorización. ni control judicial.
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La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso el sobreseimiento de tres periodistas en el marco de una causa por espionaje que tramitaba en su juzgado. La medida también alcanzó al ex titular de la SIDE, Juan Bautista Yofre, un ex agente y técnico informático y a varios empresarios. La decisión de la magistrada se desprendió de un pedido de nulidad presentado por la defensa de Yofre, a la que adhirieron varios de los abogados de los demás imputados.
A través de una resolución de 44 páginas firmada el 30 de diciembre, Arroyo Salgado sobreseyó a Yofre y a los periodistas Carlos Pagni, Roberto García y Edgar Mainhard. Además la medida alcanzó a Héctor Roberto Alderete, Pablo Alfredo Carpintero, Daniel Manuel Reimundes, Néstor Carlos Ick e Iván Germán Velázquez. Todos ellos estaban procesados desde 2012 y con confirmaciones de la Cámara de San Martín, desde 2013.
En diciembre de 2014, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, había pedido la elevación a juicio de la investigación en la que consideró probado cómo operaba la red de Yofre. Dos meses después de ese pedido, Arroyo Salgado corrió vista a las partes con el pedido para elevar la causa. Fue entonces que la defensa de Yofre solicitó la nulidad y luego se sumaron las otras defensas.
Como resultado del pedido de nulidad Arroyo dictó el sobreseimiento y pidió que “se decrete la nulidad de lo actuado en los inicios del proceso, y lo tramitado ulteriormente, como consecuencia de la flagrante afectación de las disposiciones supra legales establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, y los arts. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Y señaló que la nulidad articulada “se relaciona con la prueba obtenida a partir de la actuación de los agentes encubiertos Ariel Hernando Di Fillipo y Joaquín Conrado Pereyra, sin que hubiere mediado previsión legal que avalara su designación, ni orden, autorización y control judicial alguno en forma previa y concomitante a la utilización de esta medida de injerencia por parte de la SIDE en ámbitos de reserva constitucional”.
La causa
En diciembre de 2014, cuando pidió la elevación a juicio de la causa, Domínguez consideró probado cómo operaba la red de Yofre: entre agosto de 2006 y junio de 2008, habían vulnerado las casillas de correo electrónico de funcionarios de primera línea, dirigentes sociales y hasta personajes de la farándula, copiaban cientos de mails y comerciaban la información.
El fiscal determinó que la asociación ilícita tenía al menos ocho miembros, y cumplían dos funciones distintas en el circuito del tráfico de información. Yofre, junto al director del portal “Seprin”, Héctor Alderete y los ex agentes de la SIDE Iván Velázquez- y Pablo Alfredo Carpintero, se dedicaban a la “búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información”. Entre los políticos observados estaban Cristina Fernández, Néstor Kirchner, Daniel Scioli, Alberto Fernández, Nilda Garré, Hermes Binner, Jorge Taiana y Héctor Timerman, entre otros. Entre las celebridades del espectáculo se contaban Susana Giménez y Gerardo Sofovich.
Con la información reunida, entraban en escena la segunda tanda de los miembros de la asociación ilícita: la acusación fiscal los llamó los “clientes”. El fiscal Domínguez consideró que formaban parte de la organización porque utilizaban los sobres que proveía el ex SIDE “con conocimiento del origen ilícito de la información”. Les imputó el delito de encubrimiento agravado, pero en distintas cantidades: 29 en el caso de García; 18 en el de Ick; 14 en el de Reimundes; siete en el de Pagni y cinco en el de Mainhard.
“Los 'clientes' captados por el ex secretario de Inteligencia tenían una cuenta de correo asignada, desde donde bajaban la información. Una vez utilizada, debían borrar el contenido. Este método de comunicación, al no realizarse de manera convencional, permitía mantener la dirección de IP oculta, y, por ende, se evitaba su difusión”, explicó el fiscal en el requerimiento.
Extrañamente, la investigación nació de una sospecha de la propia Secretaría de Inteligencia. Domínguez y Arroyo Salgado investigaron metódicamente durante dos años –incluyendo interceptación de correos electrónicos y escuchas telefónicas sobre los imputados-, y en junio de 2008 la jueza ordenó allanamientos simultáneos en las casas de los imputados. En esos operativos, secuestró “material informático y documentación relacionada con las hipótesis que se manejaban en el proceso judicial”, según informó en ese momento el sitio Fiscales.gob.ar.
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-jueza-arroyo-salgado-sobreseyo-a-una-red-acusada-por-espionaje-10909.html
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Buscan pistas del lavado de Nisman en el caso de las escuchas ilegales de Ciro James
Por Agustín Ceruse -16/01/2021 6
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Exclusivo TDP
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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi embargó los bienes de Sara Garfunkel y Sandra Nisman, mamá y hermana de Alberto Nisman, el asesor informático Diego Lagomarsino y el empresario Claudio Picón mientras investiga si lavaron activos del fiscal fallecido. Pero el magistrado fue más allá: le pidió a su pares del juzgado federal 7 y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 5 que le informen sobre una red de espionaje por la que estuvo procesado, entre otros, el expresidente Mauricio Macri cuando fue jefe de Gobierno porteño.
El magistrado les solicitó saber tres cosas: «los motivos por los cuales el fiscal Nisman participaba en dichos obrados cuando el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) en dicha causa era el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1»; la resolución en la que fuera sobreseído Eugenio «Pipo» Ecke; y la certificación sobre si Picón resultó mencionado en el caso.
Aquella causa comenzó en 2009 cuando una persona no identificada llamó a Sergio Burstein, viudo de Rita Worona, víctima del atentado a la AMIA, para avisarle que el flamante jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, más conocido como «Fino», había ordenado «pincharle» el teléfono.
Burstein no fue la única víctima. Néstor Daniel Leonardo, cuñado de Macri, acusó al por entonces jefe de Gobierno porteño por espionaje ilegal a través de su jefe de Policía y el agente Ciro James.
Las denuncias de Burstein y Leonardo destaparon la existencia de un aparato de inteligencia ilegal en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño y el Ministerio de Educación porteño. Todas las miradas, entonces, apuntaron a Macri porque Burstein, como familiar de una víctima de la AMIA, se había opuesto a la designación de Palacios al frente de la recién creada Policía Metropolitana al estar imputado de encubrir el atentado y porque Leonardo era ni más ni menos que el conflictivo marido de su hermana Sandra.
Para escuchar sus conversaciones, el espía James consiguió que dos jueces de Misiones, José Luis Rey y Horacio Enrique Gallardo, firmaran las autorizaciones para intervenir sus teléfonos como si fueran los de Pedro Antonio «Leka» Figueredo y Cristina Liliana «Reina del martillo» Vázquez, buscados, por separado, por los crímenes de José María Píccoli y Ersélide Leila Dávalos.
Tan mal hicieron las cosas que varias veces «pincharon» el teléfono de Carlos Ávila, fundador de Torneos y Competencias, tanto como si fuera el del prófugo por el crimen de Píccoli como la prófuga por el asesinato de Dávalos.
Otra de las víctimas fue Jorge Enrique Navarro Castex, que, como testigo, aseguró que su hermano Juan Carlos Navarro Castex, dueño del Grupo Exxel, que se quedó con las empresas de Alfredo Yabrán, y el amigo Ecke, vinculado a empresas de seguridad, se aprovecharon de la red montada por Palacios y James para «pincharle» su línea, también haciéndola pasar como si fuera del prófugo Figueredo, pero Juan Navarro y Ecke luego denunciaron a Jorge Navarro por falso testimonio.
La historia de las «escuchas ilegales» terminó sin condenados. Palacios renunció en 2009 a la jefatura de la Policía Metropolitana tras la denuncia de Burstein. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Misiones destituyó en 2010 a los jueces Rey y Gallardo. El juez Oyarbide procesó en 2010 a Macri cuando todavía era jefe de Gobierno porteño. Gallardo falleció en 2011. Nisman fue encontrado sin vida el 18 de enero de 2015 en el baño de su casa. El juez Casanello sobreseyó en 2015 a Macri ni bien asumió como presidente de la Nación. Leonardo murió en 2017. Los camaristas Mahiques, Catucci y Riggi anularon en 2018 la causa antes de que comenzara el juicio porque Oyarbide actuó de oficio antes de que las víctimas hicieran la denuncia del delito considerado de «acción privada». El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 absolvió al «Fino» por el encubrimiento del atentado a la AMIA. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) absolvió en 2019 a Vázquez tras pasar doce años presa por un crimen que no cometió, pero falleció ocho meses después. El «Fino» murió en 2020.
Entre toda esa trama, el juez Martínez de Giorgi decidió buscar pistas sobre el lavado de activos de Nisman. Algunas cosas ya se saben: Ecke es socio de Picón en Starpack SA y Easypack SA y éste es el titular de Palermopack SA, empresa dueña del Audi S3 patente MPC641, que manejaba Nisman.
Picón es clave a la hora de analizar el patrimonio de Nisman: entre 2013 y 2014, le giró 72 mil dólares a la cuenta del Merrill Lynch, en los Estados Unidos, le firmó un comprobante de una transferencia por 200 mil dólares y fue fiduciante adherente de un fideicomiso y comitente de la mamá del fiscal en las unidades 202 y 302 y las cocheras 127 y 128 a construir por Inversora Libertador SA en la avenida Dorrigo 1771.
Pero hay más: Encripdata pudo saber de dos fuentes judiciales que Picón no solo conocía a Nisman sino también a Damián Stefanini. Este financista fue sobreseído en 2010 por la jueza Sandra Arroyo Salgado, mamá de las hijas de Nisman, por evasión tributaria, viajó en octubre de 2012 con Picón y el empresario Hugo Schwartz a China para participar de una exposición de embarcaciones, le transfirió el 23 de octubre de 2012 a Nisman 150 mil dólares a su cuenta del Merrill Lynch, compartió viajes con Ecke y desapareció el 17 de octubre de 2014.
Por todas esas conexiones, el juez Martínez de Giorgi le pidió acceso a Arroyo Salgado al expediente por la desaparición de Stefanini, aunque está delegado en el fiscal Fernando Domínguez, que en su momento solicitó copias del legajo del lavado de activos de Nisman, pero el juez Claudio Bonadio se lo negó.
Ahora, el nuevo magistrado del caso quiere avanzar, pero tiene un problema: la CSJN todavía no determinó si el informe de la FinCen, unidad antilavado de los Estados Unidos, sirve como prueba o, en cambio, debe enviar un exhorto a un juzgado de Nueva York para que le manden de manera oficial el extracto bancario de Nisman que dejó al descubierto las transferencias del misterioso Picón y el desaparecido Stefanini.
https://periodicotribuna.com.ar/28846-buscan-pistas-del-lavado-de-nisman-en-el-caso-de-las-escuchas-ilegales-de-ciro-james.html
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