Mauricio Macri, o vendedor de fumaça Por Débora Mabaires*
"La causa (conocida como la causa de los cuadernos) se origina en la difusión del supuesto contenido de unos cuadernos que Oscar Centeno, un chofer de un exfuncionario, habría escrito contando los pormenores de traslados de dinero desde oficinas de empresarios hacia la Quinta Presidencial de Olivos cuando gobernaba Néstor Kirchner."
Mauricio Macri, el vendedor de humo
Por Débora Mabaires, de Buenos Aires, para Desacato.info.
15/08/2018
*Se recomienda leer el artículo completo en su fuente original:
http://desacato.info/mauricio-macri-o-vendedor-de-fumaca/
Desde hace varios días en Argentina el brazo judicial del macrismo, ha iniciado una nueva avanzada contra las garantías constitucionales y los derechos humanos de todos los argentinos.
Un juez jubilado pero aún en ejercicio, Claudio Bonadío; y el fiscal Carlos Stornelli, hombre de la seguridad de Boca Jrs, el club de fútbol que en las sombras controla Mauricio Macri, iniciaron una cacería de exfuncionarios y empresarios vinculados a la construcción, sin respetar ninguna garantía procesal.
La causa se origina en la difusión del supuesto contenido de unos cuadernos que Oscar Centeno, un chofer de un exfuncionario, habría escrito contando los pormenores de traslados de dinero desde oficinas de empresarios hacia la Quinta Presidencial de Olivos cuando gobernaba Néstor Kirchner.
Diego Cabot, un periodista del diario La Nación, un diario controlado por el Grupo Clarín, el principal operador mediático de Mauricio Macri, publica parte de ese supuesto registro, e inmediatamente el juez y el fiscal proceden a la detención de 16 personas, sin pruebas, y sin causa judicial. Incluyendo entre los detenidos al mismo Oscar Centeno.
Al momento de ir a prestar declaración, juez y fiscal impiden la entrada al abogado del chofer, y hablan con él, en una reunión que duró media hora. Al abrir la puerta, Centeno despide a su abogado y nombra a otro, que le fue sugerido por las autoridades judiciales.
Los empresarios detenidos fueron encerrados en la alcaidía de los tribunales federales, unas celdas húmedas, ubicadas en el subsuelo del edificio, casi sin ventilación y sin calefacción. Los mantuvieron allí varios días antes de citarlos ante el juez. Luego se les ofreció declarar contra Cristina Kirchner bajo la figura del “arrepentido” (similar a la delación premiada). Si lo hacen, salen libres.
Cuando los abogados pidieron ver las pruebas, o al menos, los cuadernos para poder pedir las pericias pertinentes, el juez y el fiscal dijeron que no tenían los cuadernos. Sólo algunas fotocopias. Cualquier jurista de cualquier lugar del mundo, diría que este disparate sólo sería posible en una dictadura.
Lo interesante es que dentro de los empresarios que participaron en licitaciones de Obras Públicas está Mauricio Macri, quien, aseguran, habría tenido los cuadernos antes de que fueran publicados. En Argentina, un funcionario público que toma conocimiento de un delito está obligado a hacer inmediatamente la denuncia o puede ser acusado de complicidad o encubrimiento. Macri no la realizó, lo que lo expone a ser acusado, pero además, citó al fiscal Carlos Stornelli a una reunión privada con su primo Fabio Calcaterra, el titular de IECSA, una empresa constructora, socia de ODEBRECHT, en una multimillonaria licitación para soterrar el ferrocarril Sarmiento.
Luego de esa reunión, el primo del presidente Macri, declaró como “arrepentido” sin arrepentirse de nada, ya que dijo que había entregado dinero a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, para la campaña electoral. Esto no constituye delito en sí mismo, si el dinero está declarado y fueron pagados los impuestos correspondientes, no es ilegal aportar a la campaña. Lo paradójico es que ODEBRECHT, una empresa extranjera, financió la campaña de Mauricio Macri, pero según los dichos de Calcaterra, él, siendo primo de Macri, habría financiado la campaña de los Kirchner.
Ayer la expresidenta Cristina Kirchner debía presentarse ante el juez y, haciendo uso de sus derechos, presentó un escrito recusándolo por animosidad manifiesta. De las 6 causas en las que se la investiga, 5 fueron armadas por el juez Claudio Bonadío, un asiduo visitante de la embajada de Estados Unidos en nuestro país.
Por la noche – otra ilegalidad – el juez mandó a allanar, sin motivo, dos departamentos que están en el mismo edificio del que habita Cristina Kirchner. Entraron al edificio con perros, personal policial y destruyeron esos departamentos a golpes de maza. Ninguno de esos departamentos o sus propietarios, tienen vinculación con la expresidenta. El allanamiento se empezó a llevar a cabo una hora antes de la puesta en el aire de los principales noticieros.
El juez Bonadí, intenta, desesperadamente, crear titulares para los medios de difusión para darle un poco de aire al presidente Macri, en un país cuya economía está destruyéndose todos los días un poco más.
El Poder Judicial, en sociedad con el Grupo monopólico de difusión, necesita mucho humo para tapar el descontento social, que cada día, es más potente.
Macri vende mucho humo mientras arrasa con la Argentina. Lamentablemente, todavía hay quien le compra.
—
Débora Mabaires é cronista e mora em Buenos Aires.
Mauricio Macri, el vendedor de humo
Por Débora Mabaires, de Buenos Aires, para Desacato.info.
15/08/2018
*Se recomienda leer el artículo completo en su fuente original:
http://desacato.info/mauricio-macri-o-vendedor-de-fumaca/
Desde hace varios días en Argentina el brazo judicial del macrismo, ha iniciado una nueva avanzada contra las garantías constitucionales y los derechos humanos de todos los argentinos.
Un juez jubilado pero aún en ejercicio, Claudio Bonadío; y el fiscal Carlos Stornelli, hombre de la seguridad de Boca Jrs, el club de fútbol que en las sombras controla Mauricio Macri, iniciaron una cacería de exfuncionarios y empresarios vinculados a la construcción, sin respetar ninguna garantía procesal.
La causa se origina en la difusión del supuesto contenido de unos cuadernos que Oscar Centeno, un chofer de un exfuncionario, habría escrito contando los pormenores de traslados de dinero desde oficinas de empresarios hacia la Quinta Presidencial de Olivos cuando gobernaba Néstor Kirchner.
Diego Cabot, un periodista del diario La Nación, un diario controlado por el Grupo Clarín, el principal operador mediático de Mauricio Macri, publica parte de ese supuesto registro, e inmediatamente el juez y el fiscal proceden a la detención de 16 personas, sin pruebas, y sin causa judicial. Incluyendo entre los detenidos al mismo Oscar Centeno.
Al momento de ir a prestar declaración, juez y fiscal impiden la entrada al abogado del chofer, y hablan con él, en una reunión que duró media hora. Al abrir la puerta, Centeno despide a su abogado y nombra a otro, que le fue sugerido por las autoridades judiciales.
Los empresarios detenidos fueron encerrados en la alcaidía de los tribunales federales, unas celdas húmedas, ubicadas en el subsuelo del edificio, casi sin ventilación y sin calefacción. Los mantuvieron allí varios días antes de citarlos ante el juez. Luego se les ofreció declarar contra Cristina Kirchner bajo la figura del “arrepentido” (similar a la delación premiada). Si lo hacen, salen libres.
Cuando los abogados pidieron ver las pruebas, o al menos, los cuadernos para poder pedir las pericias pertinentes, el juez y el fiscal dijeron que no tenían los cuadernos. Sólo algunas fotocopias. Cualquier jurista de cualquier lugar del mundo, diría que este disparate sólo sería posible en una dictadura.
Lo interesante es que dentro de los empresarios que participaron en licitaciones de Obras Públicas está Mauricio Macri, quien, aseguran, habría tenido los cuadernos antes de que fueran publicados. En Argentina, un funcionario público que toma conocimiento de un delito está obligado a hacer inmediatamente la denuncia o puede ser acusado de complicidad o encubrimiento. Macri no la realizó, lo que lo expone a ser acusado, pero además, citó al fiscal Carlos Stornelli a una reunión privada con su primo Fabio Calcaterra, el titular de IECSA, una empresa constructora, socia de ODEBRECHT, en una multimillonaria licitación para soterrar el ferrocarril Sarmiento.
Luego de esa reunión, el primo del presidente Macri, declaró como “arrepentido” sin arrepentirse de nada, ya que dijo que había entregado dinero a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, para la campaña electoral. Esto no constituye delito en sí mismo, si el dinero está declarado y fueron pagados los impuestos correspondientes, no es ilegal aportar a la campaña. Lo paradójico es que ODEBRECHT, una empresa extranjera, financió la campaña de Mauricio Macri, pero según los dichos de Calcaterra, él, siendo primo de Macri, habría financiado la campaña de los Kirchner.
Ayer la expresidenta Cristina Kirchner debía presentarse ante el juez y, haciendo uso de sus derechos, presentó un escrito recusándolo por animosidad manifiesta. De las 6 causas en las que se la investiga, 5 fueron armadas por el juez Claudio Bonadío, un asiduo visitante de la embajada de Estados Unidos en nuestro país.
Por la noche – otra ilegalidad – el juez mandó a allanar, sin motivo, dos departamentos que están en el mismo edificio del que habita Cristina Kirchner. Entraron al edificio con perros, personal policial y destruyeron esos departamentos a golpes de maza. Ninguno de esos departamentos o sus propietarios, tienen vinculación con la expresidenta. El allanamiento se empezó a llevar a cabo una hora antes de la puesta en el aire de los principales noticieros.
El juez Bonadí, intenta, desesperadamente, crear titulares para los medios de difusión para darle un poco de aire al presidente Macri, en un país cuya economía está destruyéndose todos los días un poco más.
El Poder Judicial, en sociedad con el Grupo monopólico de difusión, necesita mucho humo para tapar el descontento social, que cada día, es más potente.
Macri vende mucho humo mientras arrasa con la Argentina. Lamentablemente, todavía hay quien le compra.
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Débora Mabaires é cronista e mora em Buenos Aires.
