Subsidios, (La izquierda diario)
Repaso a una nota de 2016 para recordar de qué se trata el tema subsidios a las tarifas el día en que el Congreso promulgó la ley de freno a los aumentos y el presidente la vetó para seguir aumentando.
"Luego de años de congelamiento de tarifas y desinversión, los servicios provistos por empresas privadas como la luz y el gas, son materia de debate a partir de los tarifazos impuestos por el macrismo. En esta nota intentaremos mostrar el entramado de empresas generadoras, transportista y distribuidoras que componen el sector."
Luz: subsidios millonarios a empresas, cortes del servicio y tarifazos
Las empresas concesionarias del sector eléctrico recibieron por años cuantiosos subsidios, mientras los costos de la desinversión con reiterados cortes de suministro y tarifazos recaen sobre los usuarios.
Guadalupe Bravo
Jueves 11 de agosto de 2016
Los subsidios energéticos han ido en aumento desde 2002, año en que se sanciona la Ley de Emergencia Económica N° 25.561 (aún vigente), que “dispuso pesificar las tarifas de los servicios públicos de gas y electricidad de su valor original en pesos convertibles a dólares estadounidenses a pesos a un tipo de cambio de $1 por cada dólar”. Con la aplicación de esta ley se garantizó congelar las tarifas y frenar los ajustes de precio e indexación expresados en los contratos de concesión.
Luego de años de congelamiento de tarifas y desinversión, los servicios provistos por empresas privadas como la luz y el gas, son materia de debate a partir de los tarifazos impuestos por el macrismo. En esta nota intentaremos mostrar el entramado de empresas generadoras, transportista y distribuidoras que componen el sector.
Las empresas concesionarias del servicio eléctrico-principalmente las distribuidoras como Edenor y Edesur- reclaman hace años la posibilidad de aumentar tarifas para ajustar sus costos, razón por la cual argumentan haber tenido grandes pérdidas económicas. Pero no hablan sobre la fiesta de subsidios que recibieron por parte del Estado, que entre los años 2004 y 2014 sumaron entre luz y gas, cerca de $ 342.000 millones de pesos corrientes, según datos de la ASAP, destinados principalmente a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA) que realiza las compras de gas importado, “por medio de compensaciones a las generadoras, como mediante la compra de combustible y la compra de gas importado para el abastecimiento del mercado interno.”
Mientras en 2015 los subsidios energéticos ascendieron a $ 157.145 millones, en 2016 con la “corrección” tarifaria del macrismo se pronostica que el monto destinado a subsidiar el sector energético sea de $ 132.205 millones de pesos. Estos casi $ 25. 000 millones que el Estado se “ahorraría”, traslada sus costos de lleno sobre los consumidores que sufrieron aumentos exorbitantes; de conjunto los tarifazos en los servicios de gas, agua, luz y ABL ya representan más del 20 % del salario mínimo.
El negocio comenzó con las privatizaciones
En 1992 el menemismo llevo a cabo el proceso de privatización del sector eléctrico con la sanción de la Ley N° 24.065, que determinó el marco regulatorio y los lineamientos para la reestructuración y privatización del mismo. Además, la ley creó el ENRE, la administración del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la fijación de precios en el mercado spot; y se diferenciaron la generación, el transporte y la distribución de electricidad como actividades comerciales distintas, determinándose la normativa aplicable a cada una de dichas actividades.
Las empresas dedicadas a la generación de energía realizan la explotación de las plantas de generación de electricidad y venden su producción en el mercado mayorista, operado por CAMMESA. De acuerdo a datos provistos por ASAP al final de 2012 “la capacidad instalada de Argentina era de 31.100 MW, de los cuales el 61% correspondía a centrales termoeléctricas, el 35% a centrales hidroeléctricas y el 3,2% a centrales nucleares, mientras que menos del 1% era atribuible a fuentes renovables (eólica y fotovoltaica).”
Mientras las empresas de transporte tienen la concesión de transportar energía eléctrica proveniente del mercado mayorista hasta los distribuidores, cumpliendo con estándares de seguridad y confiabilidad, y con el mantenimiento de las redes, pero no de su extensión.
Así el entramado de energía eléctrica queda configurado con alrededor de 58 empresas generadoras, donde las más importantes son: la Central Puerto y Central Costanera en la Cuidad de Buenos Aires; y la Central Térmica Loma de la Lata en Neuquén. El transporte de energía se compone por: el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión llevado adelante por Transener, que opera a 500 kV y transporta energía eléctrica entre regiones. Y por el Sistema de Distribución Troncal que operan regionalmente a 132/220 kV, manejado por las empresas: Transcomahue, Transnoa, Transnea, Transpa, Transba y Distrocuyo.
El sector de la distribución está conformado aproximadamente por 81 empresas públicas y privadas y cooperativas regionales de energía eléctrica a nivel nacional de acuerdo a datos de ADEERA . Una diferencia sustancial a nivel subsidiario y tarifario tiene que ver con las empresas EDENOR y EDESUR del área metropolitana AMBA, que representan el 40 % de los consumidores del país y que al tener jurisdicción nacional, son reguladas por el ENRE y no habían sufrido revisión en los márgenes de distribución hasta el tarifazo macrista, actualmente frenado por decisión judicial.
Aquí se explica una primera diferencia de tarifas a nivel nacional, mientras en el área del AMBA reguladas por el ENRE las tarifas se mantuvieron congeladas, en el resto del país los precios fueron ajustándose de acuerdo a normativas regulatorias provinciales.
Las cuentas de las empresas del sector eléctrico
Algunos datos aportados por el informe de ASAP dan cuenta que, en la rama de transporte de energía eléctrica, Transener S.A. registró “ingresos por ventas por $ 359,7 millones y $ 267,6 millones e intereses ganados por $ 74,4 millones y $ 112,6 millones, para los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2015 y 2014, respectivamente.”
Para la actividad de distribución, en respuesta al reclamo empresarial de Edenor y Edesur, se firmó una la Resolución de la Secretaría de Energía N° 32/2015, que le otorgó créditos a Edenor por la suma de $ 2.575,2 millones y de $ 2.338,9 millones para Edesur. A pesar de este reconocimiento a las gigantes de la distribución eléctrica bajo el último año del kirchnerismo y de la corrección macrista luego, ambas empresas mostraron balances en rojo durante el primer trimestre de 2016.
La empresa Edesur (en la que tiene acciones el amigo del presidente Nicolás Caputo) mostró un rojo por $631,49 millones y Edenor perteneciente al grupo Pampa Energy del empresario Marcelo Midlin, tuvo un rojo de $125 millones, ambas en comparación con igual período del 2015. Para colmo, en el día de ayer desde Edenor comunicaron una pérdida neta de 1.185,50 millones de pesos durante el primer semestre del año, afectada principalmente por "la decisión judicial de frenar el aumento de la tarifa", y advirtió que podría encaminarse hacia "una eventual disolución".
Las empresas luego de recibir millonarios subsidios deberían abrir sus libros porque la “contabilidad creativa” prolifera entre las grandes corporaciones para ocultar la desinversión y el vaciamiento. Además, muchos de los grupos participan simultáneamente en la generación, transporte y distribución. Es justamente lo que ocurre con la familia Caputo. Por lo cual, su rentabilidad debería evaluarse de manera conjunta.
Los subsidios, la herencia y la corrección
Según ASAP, para el año 2005, la participación de los subsidios energéticos era menor y alcanzaba el 0,2 % del PBI (Producto Interno Bruto), pero esta se incrementó a partir de 2006 por la falta de suministro de gas sustituido parcialmente por combustible líquido (coincidiendo con un ciclo de alza de los precios internacionales del petróleo).
En el periodo de 2006 a 2014 los subsidios crecieron a una tasa anual promedio del 65 %; y su participación en el gasto primario de la Administración Pública Nacional se incrementó del 1,5 % al 12,3 % entre 2005 y 2014, cuando representaron el 2,9 % del PBI.
Las asignaciones a las principales empresas administradoras de los subsidios energéticos para el mismo periodo, fueron de alrededor de $190.000 millones para CAMMESA (principalmente por la suba en las importaciones de combustible líquido para la generación de fuel oil y gas oil), y los subsidios a recibidos por ENARSA totalizaron cerca de $107.000 millones.
Pero a pesar de los millones de pesos entregados por el kirchnerismo a las empresas concesionarias, sin el debido control que garantice un servicio en condiciones para todos los usuarios; y en contra del discurso de corrección macrista, a nivel mundial el consumo energético de los hogares (y sobre todo de las industrias) se encuentra fuertemente subsidiado allí donde el desarrollo industrial es mayor.
En un informe difundido recientemente sobre datos del FMI, nos encontramos con los siguientes datos:
En términos de PBI entre países de la región latinoamericana en 2015 tenemos que: “Argentina destinó a subsidios energéticos u$s 17.530 millones en 2015, Brasil, u$s 55.440 millones; Chile, u$s 9.270 millones; Colombia, u$s 12.670 millones; y México, u$s 30.860; entre los países de la región.”
Los cortes de luz no paran ni en invierno
A la par del aumento de los subsidios al sector, los usuarios se vieron afectados por la creciente desinversión de las empresas concesionarias de la energía eléctrica. Los apagones prolongados y cortes de luz reiterados, principalmente en verano, perjudicaron a cientos de miles de usuarios.
Es indudable que bajo la concesión de las empresas privadas el mantenimiento del tendido eléctrico y la distribución fueron empeorando. La calidad del servicio decayó durante los últimos diez años, y más del 75 % de los reclamos de los usuarios registrado se debe a la falta de suministro.
Los cortes de luz a los usuarios se registran mayormente en verano, pero también en invierno, ocasionando daños a las poblaciones más vulnerables que ante la suba de tarifas deben pagar aumentos que tienen mucho peso en sus escasos ingresos y son víctimas de la falta de suministro.
Esta situación, donde las empresas sólo buscan maximizar sus ganancias mientras desinvierten dando lugar a una degradación de la red, es insostenible. La provisión de energía eléctrica es un servicio público y debe ser brindada por una empresa estatal, que bajo la gestión de sus trabajadores y con participación de comités de usuarios, ponga en el centro un servicio de calidad a bajos precios o gratuitos para los sectores de bajos ingresos.
Hay que comenzar la estatización de las grandes distribuidoras Edesur y Edenor, cuyo fin último siempre fue el aumentar sus ganancias y no el de garantizar un servicio de calidad a sus usuarios.
En este sentido la Diputada Nacional del Frente de Izquierda-PTS, Myriam Bregman, declaró en el Congreso que el aumento en las tarifas de los servicios públicos "es impagable" y afirmó que "las paritarias deben reabrirse para evitar que la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios". La diputada presentó un proyecto de ley para anular el aumento de las tarifas propuesto por el macrismo.
Las asignaciones a las principales empresas administradoras de los subsidios energéticos para el mismo periodo, fueron de alrededor de $190.000 millones para CAMMESA (principalmente por la suba en las importaciones de combustible líquido para la generación de fuel oil y gas oil), y los subsidios a recibidos por ENARSA totalizaron cerca de $107.000 millones.
Pero a pesar de los millones de pesos entregados por el kirchnerismo a las empresas concesionarias, sin el debido control que garantice un servicio en condiciones para todos los usuarios; y en contra del discurso de corrección macrista, a nivel mundial el consumo energético de los hogares (y sobre todo de las industrias) se encuentra fuertemente subsidiado allí donde el desarrollo industrial es mayor.
En un informe difundido recientemente sobre datos del FMI, nos encontramos con los siguientes datos:
En términos de PBI entre países de la región latinoamericana en 2015 tenemos que: “Argentina destinó a subsidios energéticos u$s 17.530 millones en 2015, Brasil, u$s 55.440 millones; Chile, u$s 9.270 millones; Colombia, u$s 12.670 millones; y México, u$s 30.860; entre los países de la región.”
Los cortes de luz no paran ni en invierno
A la par del aumento de los subsidios al sector, los usuarios se vieron afectados por la creciente desinversión de las empresas concesionarias de la energía eléctrica. Los apagones prolongados y cortes de luz reiterados, principalmente en verano, perjudicaron a cientos de miles de usuarios.
Es indudable que bajo la concesión de las empresas privadas el mantenimiento del tendido eléctrico y la distribución fueron empeorando. La calidad del servicio decayó durante los últimos diez años, y más del 75 % de los reclamos de los usuarios registrado se debe a la falta de suministro.
Los cortes de luz a los usuarios se registran mayormente en verano, pero también en invierno, ocasionando daños a las poblaciones más vulnerables que ante la suba de tarifas deben pagar aumentos que tienen mucho peso en sus escasos ingresos y son víctimas de la falta de suministro.
Esta situación, donde las empresas sólo buscan maximizar sus ganancias mientras desinvierten dando lugar a una degradación de la red, es insostenible. La provisión de energía eléctrica es un servicio público y debe ser brindada por una empresa estatal, que bajo la gestión de sus trabajadores y con participación de comités de usuarios, ponga en el centro un servicio de calidad a bajos precios o gratuitos para los sectores de bajos ingresos.
Hay que comenzar la estatización de las grandes distribuidoras Edesur y Edenor, cuyo fin último siempre fue el aumentar sus ganancias y no el de garantizar un servicio de calidad a sus usuarios.
En este sentido la Diputada Nacional del Frente de Izquierda-PTS, Myriam Bregman, declaró en el Congreso que el aumento en las tarifas de los servicios públicos "es impagable" y afirmó que "las paritarias deben reabrirse para evitar que la pérdida en el poder adquisitivo de los salarios". La diputada presentó un proyecto de ley para anular el aumento de las tarifas propuesto por el macrismo.
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