Radiografía de la inflación PRO x Macrilandia
En virtud de las crecientes críticas al actual gobierno -aun entre votantes propios- y a instancias del ala “política”, más pragmática y susceptible a las encuestas de opinión, desde el Poder Ejecutivo han insistido en la necesidad de “enfrentar” la inflación. Más allá del respaldo mediático y de la sobreactuada preocupación de Mauricio Macri y sus funcionarios con selfies “de compras” en el supermercado, es interesante analizar la reciente propuesta de Cambiemos en relación al control de precios.
http://macrilandia.blogspot.com.ar/2016/05/radiografia-de-la-inflacion-pro.html
domingo, 8 de mayo de 2016
- Normalización y diálogo. Bajo la excusa de la “normalización de la economía”, las políticas impulsadas por Cambiemos desde el 10 de diciembre siguen esta mirada ortodoxa. La misma supone ausencia de controles y fuerte aval inflacionario: devaluación, quita de retenciones al agro, eliminación del sistema de ROE, aumento de combustibles, suba de tarifas, eliminación del Programa Subeneficio, quita de 200 productos del Programa Precios Cuidados y despido masivo de empleados de la Secretaria de Comercio, entre otros.
Complementariamente, la reiteración del diálogo como mecanismo para enfrentar la inflación no es inocente: oculta los verdaderos intereses en juego y el poder de los oligopolios. En Argentina hay 700.000 empresas chicas y medianas, y solo 5000 grandes. En lo que respecta a la producción, el mercado alimentario es un ejemplo de ello, donde el negocio de la cerveza se reparte entre las multinacionales Quilmes, Cicsa y CASA Isenbeck, el 78 por ciento de los enlatados los produce Arcor y el 75 por ciento del azúcar blanca la produce Ledesma, entre otros casos. En la comercialización, la situación no es muy distinta: según datos para 2011 el Grupo Inc. (conformado por Carrefour, Día y Carrefour Express), contaba con 600 bocas de expendio en todo el país, Cencosud (Jumbo, Disco y SuperVEA) de origen chileno, con 280 bocas, y Coto, con 113 bocas. En insumos difundidos, Siderar, del Grupo Techint (familia Rocca), controla la producción de chapas del país y Dak Americas, de capitales mexicanos, administra el 100 por ciento de la producción de PET, insumo clave para la industria plástica, como las botellas de gaseosa. Parece cuanto menos ingenuo pensar que con buena voluntad y diálogo puede encararse el problema de los formadores de precios, más aún con el desmantelamiento de la estructura de la Secretaria de Comercio y el nombramiento de Miguel Braun (de la familia propietaria de Supermercados La Anónima) al frente de la misma. La escasa vocación por parte del Gobierno de enfrentar a los grupos económicos concentrados pone además un manto de duda sobre la posibilidad de exigir, inspeccionar y multar a las grandes empresas en cualquier política que se impulse.
- Una foto que vale más. A pesar de la “preocupación” inflacionaria de Macri, hace dos meses, en el acto donde visitó una sucursal de la Cadena Coto en Ciudadela, el presidente optó por ahorrar comentarios sobre los aumentos de precios y evitar referencias a su anfitrión sobre la tasa de ganancia de las grandes superficies comerciales. Nada más contrastante con la interpelación de Néstor Kirchner al mismo Alfredo Coto en 2005: “Señor Coto: yo lo conozco muy bien a usted y sé cómo trabaja sobre los bolsillos de los argentinos. Nosotros nos vamos a organizar desde el Estado y vamos a ayudar a organizar ligas de consumidores, y vamos a seguir lo que hacen ustedes permanentemente”. La batahola de críticas de una parte del sector empresario al ex presidente en aquella ocasión también resulta contrastante con el actual silencio empresarial.
- Sistema electrónico de publicidad de precios. El nuevo programa, cuya implementación sigue demorada, exigirá informar diariamente el precio de cada uno de los productos en venta. Pero solo se limita a ello. No se pone en tela de juicio el margen de ganancia de la cadena de distribución en general, por lo que es de esperar una reacción corporativa de los supermercados en un acuerdo para subir precios de manera complementaria y coordinada, pero cumpliendo con la obligación de informar al Estado. Por otro lado, no sería extraña la proliferación de maniobras para sortear las medidas de control, tal como sucedió con el Programa Precios Cuidados, donde solían faltar los productos en las góndolas o, como estrategia más sofisticada, se fabricaban productos iguales pero con packaging diferente (y más atractivo) por fuera del acuerdo. En este sentido, vale recordar la reciente decisión oficial de desandar la norma que prohibía la publicidad engañosa.
- Autocrítica. Guillermo Moreno había intentado implementar un sistema similar al SEPA, que chocó con la reticencia de los supermercados a su implementación. Tanto ese programa como el posterior Mirar para Cuidar, ponían exclusivamente el foco en el precio final del producto, sin analizar los costos y márgenes involucrados a lo largo de toda la cadena productiva, logística y de comercialización. Reducir el control a la contención de los precios en el último eslabón evita, en el mejor de los casos, el aumento del precio del producto pero conlleva un reordenamiento interno de las rentabilidades de cada eslabón de la cadena productiva y comercializadora. Así, por ejemplo, un supermercado podría aumentar su margen manteniendo el mismo precio de góndola, transfiriendo el peso de ese aumento a un eslabón más débil de la cadena (un pequeño productor) afectando su rentabilidad ya sea vía precio, plazos de pago o exigencias adicionales.
- Precios Cuidados y Observatorio. La experiencia acumulada en el programa Mirar para Cuidar impulsó durante la gestión de Kicillof el Programa Precios Cuidados. El éxito del mismo (con consumidores que exigían precios razonables) y la decisión de la Secretaría de Comercio de avanzar en la discusión de márgenes de rentabilidad de la cadena de valor, propició una ostensible resistencia del sector empresario a los avances del Estado. Las empresas se negaron a informar sobre los costos en la cadena de valor y la integración vertical de la producción bajo la excusa del secreto comercial. Esa decisión fue acompañada de un conjunto de cautelares dictadas por la Justicia -siempre presta a defender a los más poderosos- que impidieron a la Secretaría de Comercio cobrar un centavo de los 35 millones de pesos en multas aplicadas. Todo ello derivó en la decisión de impulsar la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (en reemplazo de la obsoleta Ley de Abastecimiento), que suponía exigencias de información al sector privado y la puesta en práctica del Observatorio de Precios y Costos. Asimismo y aunque ahora Macri lo mencione como un instrumento novedoso para implementar el SEPA, dicha norma imponía la cláusula “solve et repete” (pago y después apelo) para evitar la permanente paralización de las multas con interminables apelaciones de estudios jurídicos dedicados a ello. Sobre este proyecto de ley, el presidente manifestó una clara oposición e indicó que “para generar empleo hay que generar confianza para que haya inversiones. Si hacemos leyes que no existen en ninguna parte, en países hermanos con los que competimos, lo que vamos a lograr con leyes que no son las habituales y asustan es que no haya inversiones, que haya más desempleo”. Describió además a la ley como “un mamarracho absoluto” e indicó “la vamos a derogar”.
En síntesis, poner el acento en un diagnóstico de la inflación que responda a la identificación de rentabilidades relativas en la estructura concentrada -y actuar con políticas públicas en consecuencia- no figura entre las intenciones liberales del actual gobierno. Precisamente, es una decisión política de Cambiemos que no se SEPA de las responsabilidades de esa estructura concentrada.
Hernán Lechter, Julia Strada, CEPA.
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domingo, 8 de mayo de 2016
Radiografía de la inflación PRO.
- Mirada ortodoxa. A mediados de 2015, Carlos Melconian indicó: “No hay ninguna posibilidad en el país que viene que no exista la alternativa del libre comercio y de independencia para negociar con quien corresponda... libre comercio desde ya”. En efecto, ello refleja que para Cambiemos, el verdadero ancla de los precios reside en la competencia entre privados en el “mercado”, prescindiendo de regulación estatal, tal como insistió Macri en campaña al proponer terminar con “esta locura hiperreguladora en que nos ha metido el kirchnerismo”. Aunque con menos protagonismo en la palestra, existen posiciones encontradas sobre las medidas de control inflacionario: si Prat Gay se inclina por la propuesta de ajustar el gasto, Sturzenegger prefiere condicionar el circulante.- Normalización y diálogo. Bajo la excusa de la “normalización de la economía”, las políticas impulsadas por Cambiemos desde el 10 de diciembre siguen esta mirada ortodoxa. La misma supone ausencia de controles y fuerte aval inflacionario: devaluación, quita de retenciones al agro, eliminación del sistema de ROE, aumento de combustibles, suba de tarifas, eliminación del Programa Subeneficio, quita de 200 productos del Programa Precios Cuidados y despido masivo de empleados de la Secretaria de Comercio, entre otros.
Complementariamente, la reiteración del diálogo como mecanismo para enfrentar la inflación no es inocente: oculta los verdaderos intereses en juego y el poder de los oligopolios. En Argentina hay 700.000 empresas chicas y medianas, y solo 5000 grandes. En lo que respecta a la producción, el mercado alimentario es un ejemplo de ello, donde el negocio de la cerveza se reparte entre las multinacionales Quilmes, Cicsa y CASA Isenbeck, el 78 por ciento de los enlatados los produce Arcor y el 75 por ciento del azúcar blanca la produce Ledesma, entre otros casos. En la comercialización, la situación no es muy distinta: según datos para 2011 el Grupo Inc. (conformado por Carrefour, Día y Carrefour Express), contaba con 600 bocas de expendio en todo el país, Cencosud (Jumbo, Disco y SuperVEA) de origen chileno, con 280 bocas, y Coto, con 113 bocas. En insumos difundidos, Siderar, del Grupo Techint (familia Rocca), controla la producción de chapas del país y Dak Americas, de capitales mexicanos, administra el 100 por ciento de la producción de PET, insumo clave para la industria plástica, como las botellas de gaseosa. Parece cuanto menos ingenuo pensar que con buena voluntad y diálogo puede encararse el problema de los formadores de precios, más aún con el desmantelamiento de la estructura de la Secretaria de Comercio y el nombramiento de Miguel Braun (de la familia propietaria de Supermercados La Anónima) al frente de la misma. La escasa vocación por parte del Gobierno de enfrentar a los grupos económicos concentrados pone además un manto de duda sobre la posibilidad de exigir, inspeccionar y multar a las grandes empresas en cualquier política que se impulse.
- Una foto que vale más. A pesar de la “preocupación” inflacionaria de Macri, hace dos meses, en el acto donde visitó una sucursal de la Cadena Coto en Ciudadela, el presidente optó por ahorrar comentarios sobre los aumentos de precios y evitar referencias a su anfitrión sobre la tasa de ganancia de las grandes superficies comerciales. Nada más contrastante con la interpelación de Néstor Kirchner al mismo Alfredo Coto en 2005: “Señor Coto: yo lo conozco muy bien a usted y sé cómo trabaja sobre los bolsillos de los argentinos. Nosotros nos vamos a organizar desde el Estado y vamos a ayudar a organizar ligas de consumidores, y vamos a seguir lo que hacen ustedes permanentemente”. La batahola de críticas de una parte del sector empresario al ex presidente en aquella ocasión también resulta contrastante con el actual silencio empresarial.
- Sistema electrónico de publicidad de precios. El nuevo programa, cuya implementación sigue demorada, exigirá informar diariamente el precio de cada uno de los productos en venta. Pero solo se limita a ello. No se pone en tela de juicio el margen de ganancia de la cadena de distribución en general, por lo que es de esperar una reacción corporativa de los supermercados en un acuerdo para subir precios de manera complementaria y coordinada, pero cumpliendo con la obligación de informar al Estado. Por otro lado, no sería extraña la proliferación de maniobras para sortear las medidas de control, tal como sucedió con el Programa Precios Cuidados, donde solían faltar los productos en las góndolas o, como estrategia más sofisticada, se fabricaban productos iguales pero con packaging diferente (y más atractivo) por fuera del acuerdo. En este sentido, vale recordar la reciente decisión oficial de desandar la norma que prohibía la publicidad engañosa.
- Autocrítica. Guillermo Moreno había intentado implementar un sistema similar al SEPA, que chocó con la reticencia de los supermercados a su implementación. Tanto ese programa como el posterior Mirar para Cuidar, ponían exclusivamente el foco en el precio final del producto, sin analizar los costos y márgenes involucrados a lo largo de toda la cadena productiva, logística y de comercialización. Reducir el control a la contención de los precios en el último eslabón evita, en el mejor de los casos, el aumento del precio del producto pero conlleva un reordenamiento interno de las rentabilidades de cada eslabón de la cadena productiva y comercializadora. Así, por ejemplo, un supermercado podría aumentar su margen manteniendo el mismo precio de góndola, transfiriendo el peso de ese aumento a un eslabón más débil de la cadena (un pequeño productor) afectando su rentabilidad ya sea vía precio, plazos de pago o exigencias adicionales.
- Precios Cuidados y Observatorio. La experiencia acumulada en el programa Mirar para Cuidar impulsó durante la gestión de Kicillof el Programa Precios Cuidados. El éxito del mismo (con consumidores que exigían precios razonables) y la decisión de la Secretaría de Comercio de avanzar en la discusión de márgenes de rentabilidad de la cadena de valor, propició una ostensible resistencia del sector empresario a los avances del Estado. Las empresas se negaron a informar sobre los costos en la cadena de valor y la integración vertical de la producción bajo la excusa del secreto comercial. Esa decisión fue acompañada de un conjunto de cautelares dictadas por la Justicia -siempre presta a defender a los más poderosos- que impidieron a la Secretaría de Comercio cobrar un centavo de los 35 millones de pesos en multas aplicadas. Todo ello derivó en la decisión de impulsar la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (en reemplazo de la obsoleta Ley de Abastecimiento), que suponía exigencias de información al sector privado y la puesta en práctica del Observatorio de Precios y Costos. Asimismo y aunque ahora Macri lo mencione como un instrumento novedoso para implementar el SEPA, dicha norma imponía la cláusula “solve et repete” (pago y después apelo) para evitar la permanente paralización de las multas con interminables apelaciones de estudios jurídicos dedicados a ello. Sobre este proyecto de ley, el presidente manifestó una clara oposición e indicó que “para generar empleo hay que generar confianza para que haya inversiones. Si hacemos leyes que no existen en ninguna parte, en países hermanos con los que competimos, lo que vamos a lograr con leyes que no son las habituales y asustan es que no haya inversiones, que haya más desempleo”. Describió además a la ley como “un mamarracho absoluto” e indicó “la vamos a derogar”.
En síntesis, poner el acento en un diagnóstico de la inflación que responda a la identificación de rentabilidades relativas en la estructura concentrada -y actuar con políticas públicas en consecuencia- no figura entre las intenciones liberales del actual gobierno. Precisamente, es una decisión política de Cambiemos que no se SEPA de las responsabilidades de esa estructura concentrada.
Hernán Lechter, Julia Strada, CEPA.
