Atentado a la embajada de Israel según Pajaro Rojo (web)
Un asunto de absoluta vigencia en tiempos en que se reescribe la historia de manera inverosímil ante nuestras narices.
IXX-mar2016
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Klimt450
Fragmento del cuadro de Klimt por el que nuestro hombre pago 135 millones de dólares.
No lo miren mucho porque se gasta.
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EMBAJADA DE ISRAEL / 1.
Bisordi y Fayt se dieron cuenta de cual era la treta
Juan José Salinas14/03/2016La hipocresía de la ceremonia de conmemoración del bombazo que destruyó la Embajada de Israel en 1992, hace 24 años, me resulta insoportable. Identificar y detener a los autores de la voladura y asesinos de veintidós personas hubiera sido muy fácil si no hubieran metido la cola los servicios secretos de Israel, Argentina y los Estados Unidos. Transcribiré en cuatro entregas sucesivas un capítulo de mi libro “Caso Nisman: Secretos inconfesables”. Como verán, cualquiera, hasta el más distraído, puede colegir cómo se puso la bomba. Descubrirlo, se me antoja, es más fácil no digo que la tabla del dos, pero sí que la del tres. JS
La Treta
Facho Bisordi, un papel inesperado.
Veintiocho meses antes que lo de la AMIA, una bomba demolió la Embajada de Israel, en la calle Arroyo 910-16. El embajador Isaac Shafi, que se había ido a su casa una hora y cuarto antes calculó a ojo que deberían haber muerto más de cuarenta personas. El número iría disminuyendo con el correr de las horas hasta fijarse en 29 muertos, cifra que todavía suele darse hoy. A ojos vista –la fachada se había derrumbado sobre la calle– la sede diplomática parecía haber sufrido una explosión interna, lo que lo medios llamaron inapropiadamente “implosión”, pero el embajador, aleccionado por el jefe de seguridad de la Embajada –que a la hora del atentado se encontraba con la mayoría de sus hombres en el Hotel Sheraton– lanzaron las campanas al vuelo esa misma tarde: se había tratado del ataque de un vehículo-bomba, aseguraron sin decir por qué, casi al mismo tiempo que los Bomberos de la Policía Federal comenzaron a aportar algunas piezas de vehículos que aunque no quedaba claro cómo y dónde las habían encontrado -ya que no se habían confeccionado la preceptivas actas con testigos ajenos a la repartición–, rápidamente pudo establecerse que habían integrado un móvil de la marca Ford, aunque no estaba claro si se había tratado de un Falcon, un Fairlane –como dijo primeramente un dubitativo ministro (del Interior, José Luis) Manzano, o ambos modelos, hasta que por fin los propios bomberos, gracias al hallazgo diríase que casi milagroso del block del motor, revelaron que se trataba de una camioneta F-100.
Como se trataba formalmente de un territorio extranjero, la causa quedó automáticamente a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidida por el anciano Ricardo Levene (h), quien encargó de las diligencias sobre el terreno a la Gendarmería Nacional y la investigación propiamente dicha al secretario Alfredo Bisordi. Con el correr de los días, las víctimas mortales fueron reduciéndose hasta 22, de los que sólo 4 tenían la nacionalidad israelí, siendo las demás argentinas, bolivianas, y también hubo un paraguayo, un uruguayo y un italiano.
Israel no dejó que la Corte, no digamos ya que ordenara la autopsia de los cadáveres de sus nacionales, sino siquiera que los fotografiaran, evacuándolos rápidamente rumbo a su país, como quien dice “en valija diplomática”.
Al inagurar formalmente las sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le reprochó ácidamente a Israel (y, de rebote, a los dirigentes de la kehilá) su absoluta inacción en esta causa a la par que vertían lágrimas de cocodrilo, quejándose por el empantanamiento de la misma. En esta ocasión, CFK cifró la cantidad de muertos nuevamente en 29. No es de extrañar, porque lo mismo hicieron medios sionistas (Itongadol/AJN) al convocar a los actos de conmemoración del 23º aniversario del bombazo: “El próximo martes 17 de marzo será el 23er aniversario del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina (foto), en el cual murieron 29 personas -solo 22 de ellas fueron identificadas- y más de 200 resultaron heridas…”.
¿Qué puede esperarse de la investigación de un acto terrorista que ni siquiera pudo establecer una mínima certeza acerca de cuantas personas murieron?
El hecho de que hayan muerto sólo cuatro israelíes, y ninguno con un cargo relevante, no deja de sorprender. La bomba explotó el martes 17 de marzo de 1992 a eso de las 14:46 y esa mañana el coqueto petit hotel que servía de sede legación diplomática estaba repleto de gentes bulliciosas.
Aquel martes era un hermoso día de fines de verano. Hacía cinco días que la embajada de Gran Bretaña había hecho pública la presencia en Argentina del traficante sirio Monzer Al Kassar, entonces el hombre más requerido por Interpol en todo el planeta, quien, sintiéndose en casa, igualmente ofreció esa noche luctuosa una festiva recepción a sus amigos en el piso que tenía en la Avenida del Libertador.
La presencia de Al Kassar había hecho recrudecer las presiones de la Embajada de los Estados Unidos sobre el gobierno argentino por las condiciones de seguridad (es decir, por el control) del aeropuerto de Ezeiza, que estaba en manos del todavía muy misterioso Alfredo Yabrán, conocido como “El Amarillo” por el color distintivo de la única empresa que reconocía como propia, OCASA.
De todas las crónicas de aquel día, hubo una sobresaliente, hecha por José Antonio Díaz y publicada en las dos últimas dos páginas del número especial de la revista Gente aparecido el jueves 19 de marzo, dedicado enteramente al atentado. Llevó el título de “¿Qué pasó?
¿Por qué? ¿Quién fue?” y la siguiente bajada:”De los peritos policiales: ‘El cráter de la explosión está dentro de la embajada’. Lo que dijo el presidente Menem. Las hipótesis de la CIA. El misteriosos almuerzo con tres enviados israelíes. Las tesis contradictorias.”.
Arrancó así: “ltzhak Shefi se apresuró en afirmar la teoría del coche bomba, apenas una hora y media después del atentado… Eran aproximadamente las 16 y 10”. Díaz dijo que el ministro José Luis Manzano y el jefe de la Policía Federal, Jorge Luis Passero, miraban a Shefi con estupor, asombrados por “esta casi instantánea versión”. No era para menos, Passero acababa de decirle a los periodistas, que de acuerdo a lo que le había informado el jefe de los bomberos, la explosíon se había producido en el interior de la embajada. Y Manzano, como se verá, ya había ordenado que se identificara y detuviera a quienes esa mañana habían ingresado materiales de construcción al edificio.
Díaz lo narró así: “El cráter causado por la explosión estaba en el interior de la embajada, a unos metros de la acera. Presuntamente, el efecto expansivo de un coche-bomba hecho detonar frente a la casa no podría a ‘agujerear’ de tal modo el interior de la sede.
“Shefi había sido alertado, según él, por el personal de la propia representación diplomática. Se retiró a la una y media de la tarde anunciando que no regresaría. Ni siquiera para participar en los postres de un almuerzo… ofrecido… a tres enviados importantes vinculados al conflicto palestino-israelí (que) abandonaron el edificio de la embajada cerca de las 14 y 30. Unos quince minutos antes del feroz estallido”, siguió narrando.
“Junto con las hipótesis de un estallido interno, mediante una filtración en el sistema de seguridad de la embajada de Israel en Buenos Aires, y la del coche-bomba, una tercera fue lanzada por hombres de inteligencia de la Policía Federal que intentaban demostrar que nada se sabrá sobre los autores y móviles del atentado: “Los autores son conocidos, y si se quiere los pueden capturar. Son argentinos, nazis, vinculados a una campaña internacional de atentados terroristas, bajo las órdenes del extranjero: cobraron 250 mil dólares…”, continuó escribiendo febrilmente contrarreloj Díaz.
Versiones
Desde un primer momento hubo quienes echaron a rodar versiones maliciosas, como que lo que había estallado había sido un arsenal que se guardaba en los sótanos del edificio e incluso, por más descabellado que parezca, la cabeza de uno de los misiles Cóndor II desactivados bajo intensa presión de los Estados Unidos e Israel. “Dadme una pizca de jabón y os haré una montaña de espuma”, parece ser el principio rector de los fabricantes de bulos. En este caso la pizca de jabón es que no cabe duda de que en la Embajada se negociaba todo tipo de venta de armamentos. Sin ir más lejos, la misma mañana del 17-M el general israelí Jehuda Duvdevani recibió en su despacho de la sede diplomática al comisario general (R) Jorge Silvio Adeodato Colotto para cerrar una operación. Colotto había sido el segundo del asesinado (en 1975) comisario general Alberto Villar, simultáneamente jefe de la Policía Federal y de escuadras nocturnas de sicarios de la Triple A (la llamada Alianza Anticomunista Argentina que mató a cerca de mil opositores antes del golpe cívico-militar-eclesiástico de marzo de 1976) y fue luego amigo y socio del ex almirante Emilio Eduardo Massera en sus negocios de armas. (1)
No sólo Colotto, también Dudvevani se fue oportunamente de la sede diplomática al mediodía, con lo que salvó la vida.
Tres meses más tarde, el subjefe del Estado Mayor del Ejército, general Mario Cándido Díaz, prendería en la pechera del uniforme de Dudvevani la Orden de Mayo, la más alta condecoración que otorga el Ejército argentino a extranjeros.
En primera persona: Bisordi
Cuando en 2002 murió quien había sido hasta 1995 el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Levene (h), Clarín recordó que “Las críticas de la comunidad judía por la falta de resultados en la investigación sobre el atentado contra la Embajada de Israel, que estaba a su cargo, precipitaron su salida del tribunal”.
Levene había dejado la investigación del atentado en manos del secretario penal de la Corte, Alfredo Bisordi, un confeso partidario de la dictadura en general y del general Jorge Rafael Videla en particular, quien en 1987 se había prestado a secundar al fiscal Juan Martín “El Potro” Romero Victorica en un intento de persecución judicial a quien escribe. ¿El motivo? Que había puesto en evidencia que Romero Victorica había utilizado cartas supuestamente escritas por un detenido-desaparecido (que obviamente no podía desmentir su autenticidad) y en realidad pergeñadas por el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) para incriminar a un sobreviviente de la ESMA, Alberto Eduardo “Mateo” Girondo.
Con el concurso del juez Carlos Luft, Romero Victorica y Bisordi pretendían nada menos que vincularme… con el secuestro de los hermanos Born.
Viene a cuento esta digresión para dejar sentado que no tengo ningún punto de contacto con la ideología de Bisordi. No obstante y a pesar de su talante reaccionario, Bisordi, justo es decir, también tenía la reputación de ser incorruptible.
El 5 de marzo de 2002, Bisordi declaró ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación y cuatro días después la revista Noticias publicó una entrevista que probablemente hubiera dado ese mismo día.
Bisordi dejó la investigación del atentado el 22 de diciembre de 1992, cuando lo ascendieron a miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal, quitándolo del medio. Antes había tenido una serie de encontronazos con la Policía Federal (y en menor medida, con la SIDE) y había sufrido una intensa campaña de Clarín y sus aliados pidiendo su remoción.
A Noticias, Bisordi le recordó tanto las maratónicas reuniones entre Levene, los ministros del Interior, José Luis Manzano, y de Justicia, León Arslanian, con el secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, y como a todos les quemaba la investigación (“Levene se reunía con ellos y después venía y me decía como debía ‘proyectar los escritos”), así como que desde abril lo habían entornado nombrándole dos colaboradores de turbios antecedentes: “Vinieron a colaborar con la investigación los doctores (Diego Ignacio) Richards y (Esteban) Canevari porque habían tenido un incidente con la doctora (María Romilda) Servini de Cubría, que los había echado de su juzgado”.
Ante los diputados, Bisordi recordó que “intervino la comisaría 15ª a cargo del comisario (Alberto) Meni Battaglia, quien me dijo que le había llamado la atención la presencia de un boina verde (comandos especiales de la US Army) de la Embajada de los Estados Unidos que le había ido a decir que en función de su experiencia en Medio Oriente estimaba que la explosión había sido adentro. Más tarde el comisario desmintió esos dichos, pero yo puedo carearme con él porque eso me lo dijo en la cara”.
El comisario Meni Battaglia recién sería citado a declarar por la Corte ¡en 1996! Al igual que los oficiales de la comisaría 15ª que habrían sido los primeros en llegar al lugar de la tragedia, Leopoldo Oyhambure y Guillermo Seartscini.
Bisordi también le dijo al semanario que además de boinas verdes (asi, en plural, lo escribió su entrevistador) también había habido marines entre quienes ayudaron a rescatar a los heridos, pero que nunca se los pudo identificar.
“Tomé contacto con las autoridades de la seccional policial y éstas me dijeron que el ministro del Interior, el doctor Manzano, había ordenado la detención de todas las personas vinculadas con la entrega de material de construcción (unos 90 m2 de cerámica, varios mingitorios y otros) en la sede diplomática (porque) tenía interés en saber si con los materiales habían ingresado los explosivos”. Estas directivas de Manzano iban a ser prontamente contrarrestadas cuando “a las 21.30 se hizo presente en la comisaría el jefe de seguridad de la Embajada, quien dijo llamarse Roni Gorni”. Bisordi le dijo a la revista que Gorni se negó a declarar, al igual que el restante personal sobreviviente de la embajada, alegando que gozaba de inmunidad diplomática (lo que para la mayoría de sus subordinados no era cierto).
El secretario de la Corte puntualizó frente a los diputados que en las listas de diplomáticos israelíes acreditados en el Ministerio de Relaciones Exteriores no figuraba prácticamente ninguna de las personas que realmente trabajaban en la Embajada. También les dijo que Roni Gorni “demostraba tener muy fluido contacto con las autoridades de la comisaría” y que fue él quien introdujo la teoría de que el atentado no debía ser investigado por el lado del ingreso de los materiales, sino por la hipótesis de la existencia de un coche-bomba. A partir de entonces, recordó, esa hipótesis también empezó a ser tenida en cuenta e investigada.
Uno de los que cambió de posición fue el ministro Manzano, que antes de que acabase aquel martes terrible dijo: “Apareció el cráter dejado por el coche-bomba en la calle, frente a la puerta de la Embajada”. Antes que él, ya lo dijimos, el embajador Shefi había proclamado su certeza de que el ataque había sido consumado con un vehículo-bomba.
Bisordi recordó que el secuestro del motor de una camioneta F-100 (de la que pedazos o partes se encontraron diseminados hasta a más de 200 metros del hieco de lo que había sido la Embajada, según los peritajes de la PFA y de la Gendarmería) se produjo en circunstancias que distaron de ser prístinas.
“En ese momento yo me encontraba presente en la comisaría y podía haber sido informado del secuestro de ese motor, cosa que no ocurrió. No existe acta del secuestro, solamente una fotografía dónde aparece el motor cortado a la altura del sexto cilindro, con la numeración completa. Luego hay un acta firmada solamente por los bomberos. Lamentablemente, pudieron haberme convocado para secuestrar el motor, pero no lo hicieron. Ignoro hasta el día de hoy por qué se procedió de esa manera… Por cierto, el vehículo no fue visto por nadie.”
Agregó seguidamente Bisordi que cuando le planteó esta situación a Levene, éste –tras reunirse con Anzorreguy, Manzano y Arslanian– decidió privilegiar la hipótesis de la pickup bomba.
En ese momento, el diputado Enrique Tanoni (PJ) le preguntó: “¿Dentro de la tecnología de seguridad del edificio ¿había algún sistema de grabación de video?”
— Sí, doctor. Ése es otro de los puntos…-, respondió Bisordi.
— ¿Se recuperó ese material?
— Eso se le preguntó expresamente (a la gente de la Embajada, es decir, a Roni Gorni y subordinados) y nos dijeron que lo único que hacían era filmar (sic) pero no grabar. A nosotros nos interesaba sobremanera, porque había cámaras que apuntaban hacia la parte externa… y debían haber grabado la camioneta F-100…
El periodista de Noticias le preguntó a Bisordi si los servicios de inteligencia extranjeros habían hecho algún aporte. “Nada. Ninguna prueba, ninguna pista. Recuerdo que me visitó un grupo del FBI. Uno de ellos me dijo: ‘Doctor, recuerde el asesinato de Kennedy: no me gustaría estar en sus zapatos…’. Lo tomé como una advertencia sobre cómo debía manejarme si aparecía una pista de una intervención militar encubierta de algún servicio de inteligencia internacional.”
Ante la Comisión, Bisordi quiso ilustrar con una anécdota, la índole de sus pleitos con la policía
–Un día llegué de improviso a la comisaría y me dijeron: ‘El comisario está tomándole declaración a un testigo clave”.
–Qué lástima que no me han avisado… Bueno, lléveme adonde está declarando– le dije al oficial.
El testigo estaba declarando que era taxista y que y que había llevado a unos pakistaníes desde la avenida Córdoba a un departamento de Boedo.
Le pregunté:
— ¿Cómo se llama usted?
— Israel Man.
— No me joda.
— ¿Por qué, doctor?
— ¿Así que se llama usted “el hombre de Israel” y es taxista? ¿En que guerra participó?
Se puso muy nervioso y me reconoció:
— Fui coronel en la Guerra de los Seis días.
Entonces yo le dije al comisario (Meni Battaglia):
— Mire comisario, yo esta clase de porquerías no las quiero.
Bisordi siguió explicando: “Ese señor ni era taxista ni había visto nada. Esta es una anécdota que muestra por qué en este asunto me he tenido que comer muchos injustos garrones; se dijo que no se hizo nada, se me acusó de nazi, etc.”.
Israel Man no estuvo solo. En mi libro “AMIA, El Atentado. Quienes son los autores y por qué no están presos” (Planeta, 1997) me referí a la falsa pista de los pakistaníes. Un taxista, julio Alberto Gallardo, había acudido al aeropuerto de Ezeiza para denunciar a dos “extranjeros con características similares a los naturales del Medio Oriente”. Dijo que el 25 de febrero los había llevado hasta el edificio de la calle Bulnes 260 y agregó que estaba seguro de que iban al departamento del segundo piso “A” porque los morochos, que no hablaban una palabra en castellano, le habían dado un papel con la indicación de la calle, el número y dónde también constaba el departamento. ¡Curiosos terroristas los que dejan su destino por escrito!
Gallardo, ya que estaba en la faena de denunciar, y viendo en las oficinas de la Policía Aeronáutica afiches de “buscados” con los retratos de los alemanes Andrea Martina Klump y Thomas Simon, dos miembros de la Fracción del Ejército Rojo (RAF), dijo también haber llevado a éstos hasta el centro de la ciudad. ¡Su taxi era como un imán para los terroristas!
Los pakistaníes fueron detenidos. Pero, como era de prever, esa pista no llevó a nada.
Por cierto, después del atentado a la AMIA, también los servicios secretos de Israel sembrarían pistas falsas, cortinas de humo para evitar que se pudiera establecer quiénes y cómo habían volado la mutual. En “El tercer atentado” (Sudamericana, 1996) Walter Goobar sugirió que el Mossad sabía perfectamente quienes habían sido: lo habrían averiguado luego de que el Mossad secuestrara, interrogara y al parecer ejecutara a “un ex alto oficial de la Brigada de Explosivos” de la policía de Córdoba apodado “El Loco de la bomba”, quién se habría perfeccionado en el oficio en un curso del Ejército de los Estados Unidos. Resultó obvio, como el mismo Goobar habría de reconocer, que su fuente eran los propios servicios secretos israelíes.
“Bisordi dice que hubo muchas desinteligencias con la Policía Federal y la SIDE”, copeteó Noticias antes de concederle la palabra: “Cuando secuestraron el motor de la camioneta F-100 lo hicieron sin acta de secuestro y con testigos de la misma policía. Yo les daba órdenes y ellos no las cumplían. De más está decir que ningún testigo vio esa supuesta camioneta. Pero, claro, había que seguir la pista que querían los funcionarios de la Embajada de Israel”, desgranó Bisordi.
Y ante los diputados, remató: “Los problemas que tuve con la policía están en los diarios… Toda esta campaña aparecía en el diario Clarín, no sé por qué pero siempre aparecía en el Clarín. Decían que había que echarme, pedir mi sustitución como secretario”.
El continuador
FaytCarlos S. Fayt fue el miembro de la Corte Suprema más veterano y al mismo tiempo el más anciano que la haya integrado (fue ministro desde 1983 y tiene 98 años) y se encargó de la investigación del atentado desde la jubilación del presidente Ricardo Levene (h) en 1993, hasta el informe de 1999, un informe prácticamente final, en el que la Corte se doblegó a las dictados de la SIDE y de los servicios extranjeros de los que ésta hacía de franquicia, particularmente de la CIA y el Mossad, pero también del FBI (que repartía sus preferencia con la PFA) y en una simple acordada (que no en un fallo) atribuyó el ataque a una supuesta camioneta bomba tripulada por un miembro de una fantasmagórica “Yihad Islámica” que porque así loo decía un informe de la CIA, identificó con el Hezbolá libanés. Sin embargo, La Corte se resistió a acusar de instigación a la República Islámica de Irán.
Nada dijo tampoco acerca de que el supuesto comunicado de la “Yihad Islámica” difundido por un pequeño medio de Beirut había aseverado que en el ataque había muerto un kamikaze argentino convertido al Islam. Ni de que Hezbolá nunca había actuado fuera de Medio Oriente, ni reivindicado aquel nombre.
Desde entonces, nadie sabe que hizo el secretario especial nombrado por la Corte para proseguir las investigaciones, Esteban Canevari (que se sepa, nada), ni que revisión de la causa hizo otro secretario, José Luis Mandalunis, que en agosto de 2010 pasó a desempeñarse como secretario en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Misterio.
Consultado Mandalunis, respondió que “el informe que realicé para la Corte lo elevé a principios del 2006 a cada uno de los siete jueces que integraban el Tribunal. Como dejé de trabajar para la Corte en el año 2010 no tengo ningún ejemplar en mi poder pero entiendo que no se trata de un documento secreto y podrías pedirlo. No tengo ninguna información extra que la que dejé documentada en el informe referido y, por esa razón, además del tiempo transcurrido, y por no pertenecer ya a la Corte, no quiero ser entrevistado.”
Fayt llevó el peso de la investigación hasta que, luego de que expertos de que la Academia Nacional de Ingeniería dictaminaran que la explosión se había producido dentro del edificio y que el embajador Isaac Avirán lo acusara insólitamente de “antisemita”, la DAIA y la AMIA presentaron un supuesto testigo de la existencia de un cráter anegado de agua frente al lugar dónde había estado la puerta de la Embajada, contradiciendo a decenas de testigos de que tal cráter, al menos durante la tarde del aciago martes 17 de marzo y todo el miércoles 18, no había existido.
Tras discutir acremente con el arquitecto Mauricio Saúl, un técnico de Obras Sanitarias que muy tardíamente dijo haber acudido de inmediato al lugar de la tragedia, visto el cráter y cortado el flujo de agua que lo anegaba por rotura de un caño maestro, y todo indica que amenazado por la Embajada de Israel y los dirigentes de la DAIA con recusarlo, Fayt, de lejanos origenes socialistas y dispuesto a casi cualquier cosa con tal de no tener que dejar la Corte (pero del que casi nadie sabía que era hijo de mader judía) dio un giro de 180º.
A partir de entonces Fayt escribió todo un libro con el objetivo explícito de reconciliarse con los dirigentes de la colectividad. En el mismo, les recordó que el Congreso Judío Latinoamericano, con el consenso de veinte comunidades judías de la región, le había otorgado un premio por su labor en derechos humanos. Por si quedase alguna duda, Fayt tituló su libro, publicado por la Editorial Universitaria de La Plata a fines de 2001 “Criminalidad del terrorismo Sagrado. El Atentado a la Embajada de Israel en Argentina. Informe a las veinte comunidades judías que autorizaron al Congreso Judío Latinoamericano a conferirme el Premio Derechos Humanos 1983”.
Sin embargo, pillo, Fayt se las ingenió en este texto para dejarles meridianamente claro a quienes lo objetaban y amenazaban que no eran ellos los que le perdonaban la vida, sino él quien se la perdonaba a ellos.
En el prólogo del libro, que lleva el título de “Crítica anticipada de la presente edición”, Jorge Naveiro, director de la Editorial Atlántida (campeona en materia de complicidad con la dictadura) arrancó señalando que “El atentado a la Embajada de Israel en la Argentina sembró y sigue sembrando multitud de preguntas, sospechas, suspicacias., hipótesis, acusaciones de todo tipo” particularmente la de “pasividad y/o inoperancia de la Corte” por lo que resultaba “muy oportuno” que uno de sus miembros presentara “un abundante informe de todo lo actuado por ese organismo”.
¿Con que objetivo? Para dejar claro, explicó Naveiro, que “hemos llegado hasta dónde es posible en este tipo de atentados. En todo el mundo libre (sic) las agencias de inteligencia y los gobiernos confiesan que ante el terrorismo internacional resulta dificilísimo, casi siempre imposible, llegar a esclarecer totalmente la verdad”.
Es decir, dijo que Fayt escribió el libro para justificar que no se haya identificado a los autores materiales del atentado, a todas luces locales.
En su afán de echar la pelota afuera, Naveiro señaló que “las 40 mil fojas que integran la causa no hacen sino demostrar el origen básicamente extremo (sic) del atentado y sus casi seguros (sic) inspiradores”.
Entiendo que el prologuista quiso decir “externo” y que admitió indirectamente que si no se determinó cómo y quienes demolieron el bello petit hotel en el que funcionaban la embajada y el consulado de Israel, menos se pueden tener certezas sobre quienes fueron los instigadores.
Al respecto, Fayt había sido secundado en todo momento por otro ministro de la Corte, Adolfo Vázquez, y ambos tenían cada vez más claro que la explosión había sido interna, y poco a poco iban convenciendo a sus compañeros.
Así lo advirtió el abogado de la DAIA, Rogelio Cichowolski, al presentar a fines de febrero de 1996 su “Segundo informe sobre el estado de las actuaciones judiciales por el atentado contra la Embajada de Israel”, un material inédito hasta la fecha.
“Estamos en condiciones de afirmar que la segunda tesis, la de la ‘implosión’, viene ganando importantes adhesiones, tanto entre los jueces como entre los funcionarios intervinientes en la Corte”, advirtió.
También señaló allí Cichowolsky que “Entre los múltiples hechos pendientes de dilucidación se encuentra el concerniente a la falta de guardia policial en el momento en que tuvo lugar el atentado. Recordemos que ninguno de los dos policías asignados a esa tarea se encontraban presentes en ese momento. No se han aportado a la causa razones fehacientes que permitan justificar esa ausencia, La Policía Federal no ha atendido el requerimiento judicial efectuado para que se acompañe a la causa los sumarios administrativos que sus autoridades manifiestan haber instruido”.
En marzo de 1997, Vazquéz habría dicho en una reunión del cuerpo que estaba claro que la Embajada había sufrido una explosión interna y que no podía descartarse a priori que el atentado no hubiese sido cometido por sectores de los servicios secretos de Israel opuestos a los acuerdos de Paz que estaban fraguándose en Madrid y en virtud de los cuáles el jefe de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, había dejado su exilio y fijado la sede de su protogobierno en la pequeña ciudad cisjordana de Ramalá.
Ya fuera porque había colocados micrófonos en la sala o porque hubo un infidente, los dichos de Vázquez trascendieron, lo que motivo un tremendo revuelo. El embajador Avirán calificó rápidamente a Vázquez y quienes sustentaran su posición de “antisemitas”, hubo protestas de la cancillería israelí y de la DAIA cuyo presidente, Ruben Beraja, se ofreció a declarar, y una intensa campaña de los medios concentrados. Bajo esta presión, la Corte terminó convocando a una reunión de peritos para absolver posiciones y procurar acuerdos entre quienes decían que la explosión se había producido afuera (los peritos de la PFA y de Gendarmería) versus otros como el arquietecto Armando López León –un vecino de la Embajada- que “desde un primer momento señaló que la destrucción de la embajada se debió a un explosivo colocado en su interior”, como dijo Julio Nazareno, que había reemplazado a Levene como presidente de la Corte y prestado oídos a los tres miembros del panel de la Academia de Ingenieria que habían dictaminado como “indubitable” (9.999 posibilidades sobre 10.000) que la explosión había sido interna.
Esta audiencia, convocada como pública, pasaría a ser reservada y, en los hechos, secreta, y a ella, sorprendentemente, no asistirían ni Fayt ni el experto enviado por el gobierno de Israel a las pocas horas del ataque. Cuando un sitio de internet vinculado al neonazi Alejandro Biondini (“Libre opinión”) revelara el 9 de julio de 1997 su desarrollo y la parte sustancial de las 77 fojas que lo reflejaban, ardería Troya. Y Fayt retrocedería en chancletas aunque blandiendo su mejor arma: las sorprendentes cosas que había descubierto.
En primera persona: Fayt
Despejemos pues la hojarasca y vayamos al grano, es decir la segunda parte el libro, el “Informe sobre el atentado a la Embajada de Israel”.
A partir de ahora, y a menos que se indique lo contrario, todas las citas entrecomilladas pertenecen al insigne ministro de la Corte.
Fayt destacó que el edificio “se encontraba en remodelación, lo que originaba un intenso movimiento de personas” y que aquella mañana “se llevó a cabo una importante reunión que contó con la asistencia de numerosas personalidades de la colectividad.”
Efectivamente, esa mañana tuvo lugar en la Embajada una reunión de embajadores israelíes en países suramericanos en la que también participó Víctor Harel (nacido uruguayo y emigrado a Israel a los 18 años) quien había sido estrecho colaborador del primer ministro Isaac Rabin y uno de los voceros de la Conferencia de Paz de Madrid el año anterior.
Destacó luego Fayt las diferencias entre las pericias hechas por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, ya que mientras la primera “sostuvo que la carga había sido de aproximadamente de 55 a 60 kilos de hexógeno (los que los estadounidenses denominan C-4) el Departamento (sic) de Bomberos de la PFA expresó que se trató de 110 kilos de trotyl y pentrita”.
Respecto a la hipótesis de que se habría utilizado un coche-bomba señaló que “el mismo día del atentado personal policial secuestró, en el subsuelo del edificio ubicado en Arroyo 881 (a unos 42 metros de la puerta de la demolida legación diplomática) un block de motor con numeración incompleta… correspondiente a una camioneta Ford F-100 modelo 1985” cuyo dueño registrado era José Antonio Galbucera, quien, oh casualidad, trabajaba para la PFA como fotógrafo de vehículos siniestrados.
A pesar de que La Corte ordenó que las pericias las hiciera Gendarmería, los efectivos de ésta, a las órdenes del segundo comandante Osvaldo Laborda, se vieron impedidos durante dos días por efectivos de la PFA de acceder al epicentro de la explosión. Lo que estuvo a punto de provocar un grave enfrentamiento, según reveló el propio Laborda, un experto en explosivos, en el programa Día D, de Jorge Lanata.
A pesar de sus muchas diferencias, señaló Fayt, federales y gendarmes (a los que aquellos solamente dejaron ingresar al lugar donde había estado el edificio el jueves 19, dos días después de cometido el atentado) terminaron coincidiendo en “que el hecho había tenido su origen en un coche-bomba” que habría subido sobre la acera antes de explotar.
Dijo Fayt que se logró establecer que Galbucera le había vendido la F-100 a Roberto Barlassina, quien a su vez la habría vendido a un brasileño que le presentó un DNI a nombre de “Elías Ribeiro (o Gribeiro) Da Luz”. Éste la había pagado al contado y con billetes de cien dólares, cinco de los cuales tenían inscripciones, por lo que Barlassina pidió que se los cambiara, cosa que el comprador le dijo que haría al día siguiente, cuando regresara a completar la documentación, lo que jamás hizo. (continuará)
Nota
1) La Armada estaba muy involucrada en el tráfico de armas hacia Croacia y Bosnia, a través del capitán de navío (R) Horacio Pedro Estrada, ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura y factotum del “desvío” de armas argentinas hacia un Ecuador en guerra con Perú. Estrada era un erotómano que siendo diestro se las ingenió para “suicidarse” con un tiro en la sien izquierda ataviado con una bata mientras veía un video porno y tenía una botella de champagne en un balde con hielo. La puerta de su departamento estaba abierta, por lo que se supone que le franqueó el paso a una mujer.
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http://pajarorojo.com.ar/?p=22612
EMBAJADA DE ISRAEL / 2.
El protagonismo de policías federales, la complicidad del Shin Beth
Juan José Salinas15/03/2016En esta segunda parte podrá verse con nitidez como el atentado fue un asunto interno de la Policía Federal (a pesar de estar claro que su jefe, el comisario Jorge Luis Passero, era totalmente ajeno al mismo) y como los jefes del bitajom (seguridad) de la Embajada, es decir el Shin Beth, fueron cómplices cuando menos en el desvío de las investigaciones.
La primera parte aquí.
El Telleldín de la Embajada
El nombre de Elías Ribeiro Da Luz parecía calcado del de un piloto brasileño de autos de carrera de Fórmula 3. La PFA había llegado primero al compañero Galbucera -con estudio y vivienda en la calle California, barrio de Barracas- y gracias a la información proporcionada por éste, al local de venta de autos usados ubicado en la avenida Juan B. Justo 7537, cuyo dueño, Roberto Barlassina, admitió haber tenido la F-100 –de color verde y techo gris- hasta tres semanas antes del atentado.
Los policías dijeron que Barlassina les exhibió documentación que probaría que la pick-up había sido comprada el lunes 24 de febrero de 1992 al mediodía por el supuesto brasileño que había llegado inesperadamente, con gorra de visera y anteojos oscuros, y le había pagado 20.500 dólares al contado en billetes de cien dólares… pidiéndole que en la factura figurasen 21.000… lo que parece indicar que, de haber sido cierta la venta, el comprador, más que un inminente suicida, era un avispado intermediario.
También diría Barlassina (no está claro si aquella vez o bastante después) que entre los billetes de cien dólares que le dio el supuesto brasileño, había cinco que tenían anotaciones y sellos; que él le dijo que no los quería, pero que supuesto brazuca le dijo que se los cambiaría al día siguiente cuando regresara a completar los trámites, lo que nunca hizo.
Pero si se habría llevado la camioneta esa misma tarde, aseguró Barlassina.
Una tardía pericia encarga por la Corte determinó que si las cosas habían sido tal como Barlassina y su empleado Carlos A. Llorens decían, el extranjero había pagado un precio 50 por ciento superior al de mercado, ya que en esas fechas una F-100 de esa antigüedad costaba alrededor de 14.000 dólares.
“Un indicio de que Da Luz no gozaba de la confianza de los organizadores del ataque sería el hecho de que una tercera persona llamó al agenciero para chequear el precio pagado”, escribió el periodista cortesano Adrián Ventura. Pero, claro, la versión debía provenir del propio Barlassina, que ocupó en el esquema del atentado a la embajada, el mismo papel que iba a ocupar en el de la AMIA Carlos Alberto Telleldín, pero que a diferencia de éste y muy sorprendentemente, nunca fue molestado. Hasta el punto de que su foto jamás salió en los diarios. Y eso a pesar de que el supuesto comprador, Da Luz, sólo tuvo una existencia virtual, pues Itamaratí informó que el documento, nº 34.031.567, era falso.
Tanto Barlassina como Llorens dijeron que el hombre hablaba muy mal castellano y Llorens que aventuró que acaso tuviera acento “oriental” (?) y que le había dicho que vivía en la localidad bonaerense de “Piñac” (?), así como que compraba la camioneta “para un tío que quería conocer Mar del Plata”.
Otro de los empleados de Barlassina, al parecer más cándido, dijo que la venta había sido una afortunada casualidad, ya que el negocio estaba cerrado por vacaciones: El supuesto brasileño, dijo, llegó cerca del mediodía, tan pronto Barlassina levantó las persianas para pintar y hacer unos arreglos menores en el local. Y se llevó la pick-up ese mismo día por la tarde, sin completar la transferencia.
Resultaba obvio que Barlassina había mentido, y con el correr de los años, la Corte habría de determinar que “la F-100 fue reservada tres meses antes, es decir que (el supuesto) brasileño concretó una transacción ya convenida 90 días atrás”, según reveló el periodista Raúl Kollman en Página/12 el 23 de agosto de 1998. Lo que acabó con la historia de que el ataque a la Embajada había sido una venganza por la muerte del jeque Musawi, mujer e hijo.
Barlassina fue invitado a colaborar en la hechura de un identikit que según el comentario de un veterano periodista de noticias policiales, es “el más inexpresivo que haya visto en mi vida”.
Cuando la Corte ordenó allanar la agencia R.B. y los domicilios particulares de Barlassina, su cuñado Francisco Isoba y Llorens (quien había confeccionado la documentación por la supuesta venta y el recibo por los dólares con que se pagó) encontró que la agencia estaba cerrada y que Llorens, cuya casa estaba en refacciones, dijo que ya no trabajaba porque estaba muy enfermo y vivía de lo que le daban sus hijos: Sin embargo el personal comisionado dejó constancia de que lo que alegaba era inverosímil teniendo en cuenta la magnitud de las obras que se estaban realizando.
Barlassina aportó los cinco billetes de cien dólares con inscripciones que dijo que le había dado el supuesto brasileño antes de evaporarse. Fotocopias de los mismos le fueron enseñadas al ex embajador en Líbano Juan Ángel Faraldo y a un ex cónsul en ese país, de apellido Cerdá (posiblemente también agente de la SIDE). Éste dijo que en dos de ellos había un pequeño sello correspondiente a una casa de cambios de Biblos, a 20 km. de Beirut. Faraldo, menos jugado, dijo que sellar o marcar los billetes a mano era una arraigada costumbre en el Líbano, de manera de responsabilizarse ante la proliferación de billetes falsos de 100 dólares . Pero al mostrársele al perito traductor en lengua árabe fotografías ampliadas de esos billetes, dijo que aunque los caracteres eran árabes, no entendía lo que decían… Por fin pudo determinarse que estaban garabateados en urdú, el principal idioma de Pakistán.
De acuerdo a la documentación secuestrada en la agencia R.B., había compras y ventas que no estaban debidamente respaldadas con la documentación correspondiente.
Roberto Barlassina tenía un hermano mellizo, llamado Ricardo, quien tenía o había tenido una agencia de venta de automotores en Lope de Vega al 1500 y vivía o había vivido en Virgilio 2053.
Según allegados a Alejandro Monjo, quien se dedicaba a la industria de “mellizar” vehículos en aparente sociedad con la subjefatura de la Policía Federal y con clamorosa protección de la División Sustracción de Automotores de la misma y que sería brevemente detenido luego de la voladura de la AMIA, los hermanos Barlassina eran agradecidos eslabones menores de la lucrativa cadena.
Un cráter movedizo
Respecto al cráter que habría dejado la presunta camioneta-bomba, Fayt dejó constancia de “que se reflejan una variedad de tiempos, origen, ubicación, forma y dimensiones” de lo que “podría inferirse que el mismo habría sido elaborado ex profeso con pala y pico” o, en el mejor de los casos, por “el peso de las maquinarias retroexcavadoras” utilizadas para la remoción de escombros.
“En este sentido, José A. Herrera, que se desempeñaba como encargado de las cocheras del edificio de Arroyo 897, días posteriores al atentado observó que la vereda, frente al lugar donde había estado la fachada, el frente de la Embajada, “había un pequeño cráter que después había sido ‘agrandado’, esto es, que observó a personal policial que trabajaba con picos y palas sobre dicho pozo.”
“Mario Borghi, a dos días del hecho, vio como personal que cree era de bomberos o policial, con un martillo neumático perforaba el pavimento frente a (lo que había sido) la puerta principal de la Embajada.
En el mismo sentido, describió Fayt, Mario Luis Pereyra Iraola refirió que “desde el balcón de su departamento observó que el ‘hueco’ iba cambiando de forma a medida en que se llevaban a cabo las tareas de remoción de escombros; Teodoro Paz y Héctor Rago afirmaron que el cráter pudo haberse agrandado en razón de las pericias que se realizaron sobre el mismo; (el oficial de la PFA) Guillermo Scartascini admitió que luego del descubrimiento del cráter se hicieron excavaciones en el lugar dónde éste estaba; y el testigo Alberto Velardita observó, al tercer día del atentado, que una máquina niveladora tipo Caterpiller realizaba trabajos en el frente de la legación, y que cuando la misma se retiró, vio una hendidura que abarcaba parte de la calle y de la vereda”.
Por su parte, el abogado Enrique Hahn relató que “unos días después de la explosión observó la presencia de personas vestidas con uniformes aparentemente de bomberos, que se encontraban ‘practicando una perforación’ sobre la vereda de la Embajada”. Hahn comentó que no le dio importancia “hasta que unos días después vio una fotografía en el diario que reproducía un presunto cráter cubierto de agua en ese mismo lugar” y aclaró “que esos días estuvo lloviendo, razón por la cual el cráter estaba cubierto de agua”.
Hahn había comentado el fenómeno en distintos ámbitos, a partir de lo cual, dijo, muy preocupado, había comenzado a sufrir una serie de “hechos anormales” como que hubiera “numerosos automóviles estacionados en lugares prohibidos y con sus balizas encendidas” en los itinerarios que habitualmente realizaba a pie, y que cuando se desplazaba en su auto o en taxi, se le cruzaran vehículos en forma “evidentemente intencional”, ambulancias y patrulleros que al pasar frente a su estudio jurídico disminuían ostensiblemente su velocidad, hechos todos estos que registraron “un evidente agravamiento” cuando, luego de denunciarlos en sede judicial, recibió un telegrama de citación del juzgado.
Fue “personal del Departamento de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos” el que informó del “hallazgo de partes del vehículo que habría sido utilizado como coche-bomba dentro del cráter” y “peritos de la PFA quienes afirmaron que ‘sobre la calle Arroyo, cruzando Suipacha, en un jardincito que hay en el subsuelo, encontramos el bloque de un motor que… correspondía una camioneta Ford F-100’”.
“Presumimos que… salió desplazado, se elevó –mínimo hasta 3 metros de altura– e impactó en la columna” para luego caer “en el jardín que está al pie de la columna”, continuaba, consignó Fayt, el informe de la Brigada de Explosivos.
Según la PFA, el cráter era de 4,20 x 2,80 metros y tenía 1,5.0 metros de profundidad, lo que contrastó mucho con lo informado por la Gendarmería (que era de 3,90 x 2,70 con 60 cm. de profundidad) y la SIDE (3 x 2,10 y 90 cm).
La razón por la que la PFA midió más del doble de profundidad que la Gendarmería y también mucho más que la SIDE se explicó en su informe: “… pasados unos días pasamos a buscar la oquedad, que se anegaba constantemente porque se había roto un caño de agua potable… como consecuencia de la explosión… (a causa de lo que) tuvimos que esperar el corte del suministro del fluido, desagotarlo y recién iniciar las tareas, buscando más elemento de juicio. Entonces, al comenzar a cavar en el pozo, encontramos aproximadamente a 1,50 metros de altura (sic, léase bajura) a todo el tren trasero enterrado”. El informe concluyó señalando que “hubiera sido imposible que el tren trasero se encontrara, con una explosión interna, hundido fuera del edificio…”.
Al presentar su informe, la Gendarmería, el decir, el segundo comandante Laborda, abrió el paraguas y explicó que “cada fuerza estudió el cráter por cuerda separada” pero, de todas maneras opinó que “no hay máquina… que pueda afectar el pavimento como fue afectado… No hay ninguna pala que pueda hacer ese trabajo… Ninguna de las máquinas… tiene capacidad para hacer el trabajo que se hizo en el pavimento…”.
Tras descartar “la presencia de un terrorista suicida”, el informe de Laborda justificó la enorme diferencia de su medición de la profundidad del cráter respecto a la publicitada por la PFA, alegando confusamente que ésta “requirió más profundidad para obtener otros elementos de juicio y para ellos esa fue la profundidad del cráter…”.
Por alguna razón inexplicada, Fayt omitió consignar que el experto israelí Yacob Levi (o Jacob Levy) que hizo pericias sobre el terreno 40 horas después de la explosión y que él mismo presentó en su libro como “superintendente de la Policía de Israel y jefe del Laboratorio de Terrorismo de Tel Aviv” había escrito en su informe que “el foco de la explosión fue cubierto y vuelto a excavar después de algunos días” de modo que el cráter al que se hacía mención en las pericias de ambas fuerzas “no fue resultado de la explosión, sino que fue excavado en distintos lugares y más de una vez”.
“No fueron pocos los periodistas que buscaron frente a la embajada israelí el tan meneado cráter que habría dejado el estallido del auto-bomba, tal como se informó oficialmente. Esta huella del horror… se convirtió en un interrogante que trató de explicar en el lugar un bombero. ‘Esta allí, donde empieza lo que fue el cordón, y sigue en la vereda’. Lo único que se observaba eran escombros y polvo a nivel del piso ¿Estaría debajo de todo eso?”, sintetizó Página/12 en una nota titulada “¿Cráter?”.
“Ninguno de los cronistas de La Nación que estuvieron en la calle Arroyo –casi una decena- pudieron encontrar el cráter que según el titular de la cartera política, José Luis Manzano, provocó la explosión”, insistió al día siguiente el periodista Rafael Saralegui (h) en La Nación..
El cráter sólo fue visible a partir del 26 de marzo, nueve días después del ataque cuando “fue despejado el sector donde se presume que estuvo el vehículo. En el lugar, un pozo de dos metros de diámetro, cubierto de agua, está en un sitio que antes permanecía tapado por los escombros”, destacó el periodista Juan Carlos Larrarte también en La Nación.
Ingresos sin control
“Innumerables testigos hicieron referencia a la falta, disminución o ineficiencia de la seguridad en la sede diplomática y a la ausencia del personal policial o de seguridad israelí el día del atentado”, consignó el ministro Fayt. Hasta el punto de que una vecina, Alicia Perednik, contó que como por entonces su departamento también estaba en refacciones, le pidió permiso al personal de seguridad de la Embajada para arrojar escombros en el volquete, y se lo dieron. Entonces ella bromeó diciéndoles que como sabían que en esas bolsas no había explosivos, a lo que le contestaron que “sabían muy bien quién vivía en la cuadra”. Perednik agregó que una vez fue a pedir prestada una carretilla y entró a la Embajada como Pancho por su casa. Y Walter Janiszewskli dijo que le había llamado mucho la atención que no se controlara el ingreso de materiales de construcción; Héctor Álvarez dijo que cuando le preguntó a los custodios porque no revisaban esos materiales le dijeron que conocían a quienes los bajaban; Guillermo del Sel vio como en febrero se bajaban y metían materiales a una Embajada que tenía sus puertas abiertas de par en par y le dijo a los custodios que tuvieran cuidado, pero que éstos le respondieron que estaba todo bajo control, y Franco Fernández que en los días previos al bombazo hubo muchas descargas de materiales y que lo sorprendió tanto la falta de medidas de seguridad como que dichos materiales no fueran transportados por camiones que llevaran el logo de alguna empresa “sino por un camión colorado tipo volquete (sic), cubierto por una lona”.
Área libre
Fayt señaló que “en el momento en que se produjo la explosión, la Embajada carecía de custodia policial”, según habían acreditado varios testigos.
Curiosamente, uno de ellos, Ivo Cicaré, dijo que como los conocía “de vista”, los policías le dejaban estacionar en la vereda de la Embajada, pero que aquel martes 17 le dijeron que “hoy no se puede” sin darle más explicaciones.
Respecto a las cámaras de video precisó que eran seis –dos sobre la calle Arroyo, dos sobre Suipacha y otras dos en la terraza- y que el personal de la Embajada manifestó que no grababan, pero que Leonardo Romero, un agente de policía que custodiaba la Embajada habitualmente por las noches, de 22 a 6, declaró que el personal de seguridad le había dicho que registraban todo.
Las guardias policiales de 6 a 14 estaban cubiertas por personal de la comisaría del Ministerio de Economía; de 14 a 22 –la que más nos interesa- por el cuerpo de Policía Montada y de 22 a 6 por la Guardia de Infantería. Además, la Embajada pagaba “horas adicionales” para que un policía cuidara del embajador Shefi todos los días de 9 a 17. Este policía era el suboficial escribiente José Carlos Carracelas, de la División Custodias.
El día del ataque, la Embajada estuvo custodiada hasta las 6 por el mencionado Romero, y de las 6 a las 14 por el sargento José Antonio Ojeda, de la comisaría del Ministerio de Economía. Ojeda debía haber sido reemplazado por el suboficial Oscar Horacio Chiochio, de la Policía Montad, pero Chiochio nunca llegó y Ojeda se fue a las 14:15.
Al ser interrogado, Ojeda dijo que después de haber cumplido con sus ocho horas de servicio no tenía obligación de quedarse si su relevo no llegaba; que bastaba que le avisara Roni (Gorni)… pero lo cierto es que ese día Roni no estaba allí sino el Sheraton, por lo que mal pudo haberle avisado. En cuanto a Chiochio, dijo que no había podido ir a la Embajada porque se había quedado haciendo trabajos de carpintería en la Policía Montada; que normalmente el que estaba de guardia lo esperaba aunque él tardase en llegar, que nunca tardaba, y que si por alguna razón su compañero no podía esperarlo tenía que avisar a la comisaría (la 15ª) para que le enviaran un relevo.
Dijo también Chiochio que lo habían castigado con un arresto de 20 días por no haber ido a la Embajada, pero a la hora de la verdad ello resultaría incomprobable ya que no se le instruyó sumario alguno.
Llega el camión, se va el patrullero
Tampoco hay constancia de que haya sido detenido, tal como ordenó en un primer momento el ministro Manzano, el camionero Juan José Dorronsoro, que descargó cerámicos y bolsas supuestamente de Klaukol en la Embajada esa mañana. Dorronsoro dijo que llegó a la Embajada a las 8.30; que estacionó equivocadamente sobre la mano izquierda; que conversó con un policía, y que cambió de vereda, estacionando sobre la derecha donde un numeroso grupo de trabajadores uniformados descargaron y pusieron sobre la vereda las cajas de cerámicos herméticamente cerradas de los cerámicos y las bolsas de Klaukol. El policía al que se refirió Dorronsoro debió haber sido necesariamente Ojeda, quien dijo que el camión había llegado aproximadamente a las 8; que él lo había retenido media hora “a la espera del personal que lo debía recibir”, y que todas las cajas habían sido abiertas, una por una, para verificar su contenido.
Chiochio y Ojeda fueron careados y se mantuvieron en sus posiciones. Ojeda dijo que Chiochio llegaba habitualmente tarde y que él solía irse sin esperarlo, luego de avisarle a Roni Gorni. Chiochio dijo que a él le controlaban el horario que cumplía en la Montada, que nunca llegaba tarde y que en cualquier caso, para poder irse, Ojeda tenía que haber avisado a la Comisaría 15ª.
Usualmente permanecía apostado frente a la Embajada un patrullero de la Comisaría 15ª. Sin embargo, al momento de perpetrarse el atentado, tampoco estaba.
El patrullero 115 estaba ese día a cargo del oficial Gabriel Soto, el chofer era el cabo 1º Miguel Ángel Laciar, y el ametralladorista, el sargento Jorge Alberto Acha.
Soto dijo que tomó servicio a las 14, que salieron de la comisaria en el patrullero llevando a su casa a una persona que vivía en Cerrito y Avenida del Libertador a resolver una incidencia, y que una vez que terminó esta tarea, le informaron que debía ir urgente al Palacio San Martín “a los efectos de formular o recibir una denuncia”, que tomaron por la calle Arroyo y que a poco de pasar por la puerta de la Embajada se produjo la explosión.
Ni esa incidencia estaba asentada en el libro de la comisaría, ni el pedido de que fuera al Palacio San Martín –sede histórica del Ministerio de Relaciones Exteriores– fue registrado por el Comando Radioeléctrico.
Morcilleos
La persona a la que supuestamente había llevado el patrullero hasta su casa fue Brígida Hofmann, que días antes había hecho una denuncia para pedir el desalojo de unas personas del interior de su vivienda. Dijo que ese martes fue a la comisaría a pedir que agilizaran el trámite, que regresó caminando a su domicilio, que en el trayecto escuchó la explosión, y que al llegar a su domicilio “en la puerta de su departamento había un policía uniformado, quién después que la dicente ingresara y tomara conocimiento de lo ocurrido, se retiró del lugar, suponiendo que habría ido al lugar del siniestro”.
En síntesis, Hofmann negó tanto haber estado a bordo de un patrullero como haberse entrevistado con ningún policía uniformado antes de la explosión.
Careados ambos, Soto se rectificó. Dijo que si bien “creía haber salido con una persona civil a bordo del móvil, debido al tiempo trascurrido, no estaba en condiciones de afirmarlo” ya que, tuvo que reconocer, esa era la primera vez que veía a la señora Brígida.
El sargento Jorge Alberto Acha dijo que recordaba haber estado en un departamento con Soto en el momento en que el chofer les había avisado que los llamaban del Palacio San Martín, y que habían pasado por la puerta de la Embajada unos instantes antes de la explosión, que los sorprendió cuando circulaban por Suipacha entre Juncal y Arenales. Acha reconoció que la función del patrullero era fiscalizar que la custodia se cumpliera correctamente, y que en caso de verificar que el policía no estaba en su lugar, debía quedarse el ametralladorista (es decir, él mismo) y dar aviso a la comisaría, esperando hasta que la situación se subsanara, pero agregó que ese día, yendo hacia el Palacio San Martín, no se habían percatado de su ausencia.
Sin audios
Para investigar por qué motivo no había constancia en el Comando Radioeléctrico de que se le hubiera ordenado al patrullero ir al Palacio San Martín se interrogó a su jefe, el comisario Rodolfo Segovia quien, tras explicar que si se hubiera recibido un llamado desde una repartición pública (como el Palacio San Martín) debía constar en los listados “toda vez que luego se verificaba el resultado de la diligencia” y ya tratando de explicar la ausencia de ese registro argumentó que era “posible que personas ajenas a la Policía Federal se introdujeran en la frecuencia del Comando”, es decir sugirió que el patrullero podía haber sido enviado a la Cancillería por los terroristas.
Tampoco se pudo comprobar en la Cancillería que ese día se hubiera reportado a la Comisaría 15ª algún robo. El jefe de Seguridad de la misma, Daniel Omar Rinaldi, recordó que por esas fechas funcionarios del Ministerio de RR.EE. habían denunciado en dicha seccional “el hurto de un equipo de computación”, incidencia que habría de aparecer datada aquel martes infausto, pero anotada recién el viernes 20, tres días más tarde.
El jefe de la División Bases de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA, el comisario Ricardo A. Tello declaró que entre las funciones de aquella está “la de grabar todas las frecuencias en las que opera” la PFA, tarea que se realiza “todo el año, las 24 horas” mediante un grabador Assman (sic) 200, pero que “las cintas se reutilizan, se desgraban (en realidad, se regrababan) pasados los 30 días” si no mediaba algún pedido judicial en sentido contrario.
Su segundo, el también comisario Eduardo J. Martino, ratificó sus dichos y explicó que en el caso de que una comisaría quisiera ordenar el desplazamiento de un patrullero tenía que comunicarse con el Comando Radioeléctrico para que este trasmitiera la orden. Se utilizaban dos frecuencias UHF pero ninguna secreta como para que no quedara registro de la comunicación.
En este contexto, la aparición ¡pasados siete años! de un casette con la grabación de la orden impartida por el Comando Radioeléctrico al patrullero para que fuese de inmediato al Palacio San Martín, causó enorme impacto.
La cinta milagrosa
Sucedió el 4 de mayo de 1999 cuando la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA interrogaba a Laciar, que para entonces había ascendido a sargento. El chofer del patrullero que había abandonado raudo la zona de peligro les dijo a los legisladores que Soto tenía un casette con la grabación de la orden que habían recibido.
Según Clarín, la secuencia fue así: convocado Soto –para entonces ascendido a comisario inspector– confirmó que tenía el casette. Los legisladores lo escucharon y convocaron de urgencia a los jefes de la PFA y al ministro del Interior –y jefe de aquellos- Carlos Corach. Los comisarios generales Baltazar Garcia y Héctor Mario Data, jefe y subjefe de la PFA, acudieron junto a otros dos comisarios. En cambio, Corach, que se encontraba en Salta, se excusó. También fue a la cita el secretario especial de la Corte Esteban Canevari, el equivalente a Nisman en la causa de la Embajada.
Tras la audición, sobrevino un momento de estupefacción. No sólo porque la PFA había negado haber ordenado el desplazamiento del patrullero 115 o de cualquier otro sino porque lo había hecho argumentando que ese y otros patrulleros estaban abocados a esa hora a “contener supuestos incidentes callejeros que se estaban produciendo en el lugar, tres minutos antes de la explosión”, según narró La Nación. ¿Dónde habían quedado los robos reales o supuestos de estilográficas o computadoras en el Palacio San Martín? La primera, la de la estilográfica, había sido la versión echada a rodar después del atentado por la propia tripulación del patrullero y la segunda, como hemos visto, la aportada por la comisaría del Ministerio de RR.EE.
Los supuestos “incidentes callejeros” que se habrían producido en el Palacio San Martín terminarían siendo las airadas protestas (nadie sabe por qué) de una única mujer paraguaya que Soto y sus compañeros se habrían llevado detenida… dos horas antes de la explosión, afirmó el experto informático Ariel Garbarz al ser entrevistado para el documental “El tercero en camino”, del periodista israelí-argentino Shlomo Slutzky. “Son pruebas testimoniales que tiran abajo la coartada del jefe de la Policía Federal”, remató Garbarz.
“Tenemos pruebas importantísimas de la complicidad de efectivos policiales. Hay una grabación en la que comando radioeléctrico le ordenó al patrullero que debía comprobar si estaba o no el agente de consigna en la puerta de la Embajada que se desviara de su ruta y se dirigiera a la Cancillería. Dejaron la calle liberada y después de siete años se arrepienten”, dijo exultante el diputado Carlos Soria (PJ-Río Negro), presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados a la Embajada de Israel y la AMIA el martes 4 de mayo por la noche, media hora antes de reunirse con los comisarios García y Data.
Al día siguiente, el único en mostrarse arrepentido fue el mismo Soria, un hombre tan íntimamente vinculado a la SIDE que llegaría a secretario de Inteligencia de la Nación en el 2002. Dando un giro de 180º a lo que había dicho en la víspera llamó a una rueda de prensa junto al comisario Baltazar García con el único propósito de tratar de “héroes” a los tripulantes del patrullero 115.
García dijo que en el audio se escuchaba claramente la voz de alguien que ordenaba al patrullero dirigirse a la Cancillería y también la voz de Laciar; poco después, el sonido de una detonación y la voz de Laciar pidiendo el envío de ambulancias.
Soto explicó que del casette se había hecho su sobrino Yago Uriel Soto en 1994, mientras cursaba como cadete de segundo año en la escuela de oficiales de la PFA (llamada entonces “Coronel Ramón L. Falcón” y hoy “Comisario General Juan Ángel Pirker”) donde el audio había sido parte de una cinta utilizada en la instrucción de los alumnos como ejemplo de procedimiento en caso de grandes catástrofes. Dijo que su sobrino Yago le explicó que le habían hecho escuchar esa cinta, “que contenía diversos desplazamientos ordenados por la Dirección General de Operaciones”, que había reconocido “la voz de su tío, modulando en prioridad al comando” al que le pedía ambulancias (¿no había sido Laciar quien las había pedido?) y que entonces le había pedido a sus profesores que le hicieran una copia de la cinta original archivada en la escuela.
Todos los oficiales superiores de la PFA consultados, los comisarios García, Data, Tello y Segovia, así como quien fuera el segundo jefe del Comando Radioeléctrico en 1992, el comisario Jorge Oscar Capeci, coincidieron en apreciar que el audio era auténtico… a pesar de que tanto Segovia como Capeci, ratificaron que las modulaciones emitida por la frecuencia policial no se grababan. No se explicaba como esa cinta se había grabado, conservado y llegado a la Escuela de cadetes. ¿La habrían grabado clandestinamente desde la DGO? ¿No habría sido grabada con posteridad? Qué misterio.
Reticencias
El sargento Ojeda había dicho que la seguridad (bitajon) de la Embajada se componía de alrededor de quince personas al mando de Roni Gorni y varios testigos mencionaron a Dany Biran (es de presumir que ambos pertenecían al Shin Beth, el servicio de contrainteligencia de Israel, encargado de la custodia de todas las sedes diplomáticas hebreas). Fuentes del consulado israelí aseguraron que en el momento del atentado había entre “cuatro a seis personas más” abocadas a “la vigilancia en general, pero no con rango diplomático”.
Luego de apuntar que aparentemente también formaba parte de ese dispositivo el agregado Eli Ben Zeev, fallecido en el ataque, el ministro Fayt puntualizó que fueron tan reiterados como infructuosos los pedidos hechos a través de la Cancillería para que la Embajada de Israel “remitiera la nómina del personal de seguridad que prestaba servicios en su sede al momento del atentado, con especificación de sus destinos”, así como “la identidad y el domicilio” de quienes controlaban los monitores.
No era sólo Fayt quien destacó estas reticencias. Al presentar a mediados de 1997 su “Tercer informe sobre el estado de las actuaciones judiciales por el atentado contra la Embajada de Israel”, Rogelio Cichowolsky sostuvo que se había instalado “en la opinión pública la duda sobre la conducta del personal diplomático israelí” y recordó que cuando la Corte le pidió a la Embajada de Israel que ubicara a una de sus funcionarias sobrevivientes, Susana Poch, la Embajada le contestó que no conocía su paradero. “Sin embargo, de la declaración testimonial prestada hace pocas semanas por el rabino Mario Rojzman surge que Susana Poch se desempeña como funcionaria en la Embajada en Uruguay… circunstancia que me fue señalada por el secretario penal de la Corte (Jorge) Morán como una nueva muestra de falta de colaboración”.
La única respuesta que se obtuvo de la Embajada fue que comunicara, vía la Cancillería israelí, “la invitación que la Corte efectuara al Sr. Roni Gorni” a participar en la audiencia de peritos.
Corría 1997. Gorni, bueno es aclarar, nunca había declarado antes. Cuando lo hizo dijo que la seguridad a su cargo estaba compuesta por dos personas llegadas desde Israel (en aparente referencia a Ben Zeev y Biran) y otras cuatro personas residentes en Buenos Aires, Iosi Boiarsky, Aviv Iaalomi, un tal Sajar y Ari Maimon, y que también contaban con dos custodios de la División Asuntos Extranjeros de la PFA.
Gorni dijo que antes de las refacciones, el vacum se utilizaba como “filtro” y allí dos empleados, Víctor Manuel Nisembaum y Martín Goldberg, revisaban a quienes entraban al edificio.
Ojeda y Gorni fueron careados, ya que Ojeda había dicho que se había ido a su casa tras comunicarlo a Gorni, ya que dependía de él. Gorni lo negó enfáticamente, diciendo que era motivo habitual de conversaciones suyas con el comisario de la 15ª los desajustes y llegadas tarde de los policías que hacían la custodia externa. Y subrayó que los policías dependían de dicha seccional para todo lo concerniente a sus relevos..
Gorni también dijo que había ido al Hotel Sheraton 20 minutos antes de la explosión para preparar una visita del Canciller de su país, y que se había enterado de lo sucedido allí cuando estaba conversando con el jefe de seguridad del hotel, del que dijo no recordar el nombre; que Ben Zeev estaba afuera del edificio realizando una ronda rutinaria cuando resultó herido de muerte, y que el que había quedado a cargo era el tal Sajar (que no figura en la nómina de muertos).
Requerido el Hotel Sheraton para que informase quien era el jefe de seguridad en marzo de 1992, respondió que el jefe-gerente era entonces Carlos Gómez Losada, ya fallecido.
Poco antes de que se produjera el atentado a la AMIA el canciller Guido Di Tella le dijo a un periodista de La Nación que la práctica totalidad del grupo encargado de la seguridad de la Embajada se encontraba en el Hotel Sheraton al momento de la explosión ya que se realizaba una reunión regional (sudamericana) del Shin Beth.
Dicha reunión estaba programa para realizarse en la Embajada, pero a último momento, so pretexto de que los participantes eran muchos, se había pasado al hotel, explicó Di Tella.
El custodio del embajador Shefi, José Carlos Carracelas, dijo que éste se había retirado a las 13;30 sin intención de regresar; que no creía posible de ningún modo que Gorni hubiera autorizado a Ojeda a retirarse, y que tenía entendido que poco antes de la explosión también el intendente del edificio, Alberto Kupresmid, se había retirado.
Sorprendentemente –o no tanto– quien le tiró un cable al desertor Ojeda fue Víctor Nisembaum, uno de los encargados de revisar a las personas y materiales que ingresaban al edificio demolido. Posiblemente hubiera sido él quien la infausta mañana del 17 de marzo tuvo a su cargo revisar los materiales descargados bajo la mirada de Ojeda, e introducidos al “vacum” por los albañiles. Lo cierto es que Nisembaum dijo que aunque no estaba en condiciones de asegurar que al hacer la ronda de las 14 Ojeda estuviera en la garita, tal como correspondía, sabía “que había problemas… porque… los policías se demoraban… algunas veces más de una hora”, ocasiones en que “era el personal israelí el que manejaba todo”.
Personal que NO estaba en la Embajada, la que estaba totalmente desguarnecida, como puede atestiguar el escribano Dario Gabriel Minskas, quien le contó al autor que en la mañana del día fatídico estuvo en ella no una sino dos veces, alrededor de las 9 y alrededor de las 11 y que quedó consternado porque toda la seguridad era un único joven, sentado delante de una gran caldera oscura, a quien le mostró su documento.
“Me extrañó mucho y recuerdo haber pensado que cualquiera podía meter una bomba ahí adentro”, rememoró, conmovido, veintitrés años después.
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ATENTADOS – SIONISMO.
Ofensiva planetaria para que se juzgue en ausencia a iraníes acusados
Juan José Salinas09/03/2016AMIA,No tengo abuela, así que no me privaré de recomendar que lean el capítulo correspondiente al ataque a la Embajada de Israel de mi libro Caso Nisman: Secretos inconfesables (I). Los asesinos complicaron las cosas cuando dos años después demolieron la AMIA, pero ver cómo y quienes pusieron la bomba en la Embajada es más fácil que la tabla del 2. Y es por eso que hace casi un cuarto de siglo que los supremos están sentados sobre la causa, cuidado de que nadie meta las narices, y el presidente de la Corte incurra en boutades como decir que se trata de “cosa juzgada”. Vean quien encabeza esta ofensiva. JS
Ofensiva planetaria del sionismo* para que se realice la parodia de un juicio en ausencia que condene a Irán como autor de los atentados de Buenos Aires; conseguir que Nisman haya muerto asesinado y santificarlo como mártir de la justicia
El Congreso Judío Mundial (CJM) realizará la semana que viene, los próximos martes 15 y miércoles 17 (cuando se cumplirán 24 años de la voladura de la Embajada de Israel) en el hotel Sheraton una asamblea plenaria especial que congregará a “más de 400 líderes comunitarios” de todo el mundo para debatir “sobre los atentados irresueltos”, esto es aquél y el que dos años después demolió la AMIA.
El Congreso Judio Mundial (WJC por sus siglas en inglés) informó que el presidente Macri imagurará cn un discurso las sesiones, y que el presidente de Paraguay, Horacio Cartés (alías Cartel) será “galardonado con el Premio Shalom del Congreso Judío Latinoamericano por su apoyo a Israel”.
“Será la mayor reunión de líderes judíos globales en América Latina en las últimas décadas. Esperamos un debate fructífero como muestra de solidaridad con la comunidad judía de Argentina, la mayor y más activa de América Latina”, dijo el presidente del Consejo, Ronald S. Lauder, quien fuera secretario adjunto para la Defensa y representante del Gobierno de Ronald Reagan en la OTAN, y más tarde embajador en Austria.
En un párrafo de extraordinaria hipocresía señaló por último su propósito de “dejar claro que es inaceptable que más de dos décadas después de los peores atentados terroristas (…) todavía no se haya hecho justicia”. Y remató: “Felicitamos al presidente Macri por su decisión de cancelar el Memorandum de Entendimiento con Irán y esperamos que trabaje diligentemente para garantizar que no se deje piedra sin remover de modo de llevar a los responsables ante la justicia”.
Entre los disertantes del congreso se destacan ele x canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, presidente del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI); el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA; el ministro de Educación y Diáspora de Israel, Naftali Bennett.
El miércoles 17 por la tarde habrá una sesión en la cual se tratarán dos temas disimiles, primero, con la intervención del embajador de Francia Jean-Michel Casa y el testimonio de la hermana Guadalupe sobre su vida en Alepo, Siria; se hablará de “terrorismo internacional” a secas y seguidamente se votarán “resoluciones” sobre “el terrorismo internacional y el atentado a la AMIA”.
También habrá sendos homenajes al finado fiscal Nisman y los organizadores del congreso también organizan junto a la Embajada de Israel el acto conmemorativo del 24º aniversario del ataque a esa legación diplomática, oportunidad en la que se espera que el presidente Macri o bien la canciller Susa na Malcorra sen oradores.
Lauder, Adelson y Nisman
Ya desde entonces (fue protagonista del affaire Félix Bloch, un alto funcionario de aquella embajada sospechado de espiar para la URSS) estuvo claro que el multimillonario Lauder a los servicios de inteligencia. Frustrado impulsor de la entrada de Israel en la OTAN, está tan vinculado a la derecha del Partido Republicano como al Likud israelí, y más precisamente al premier Bibi Netaniahu. Es un gran inversionista en obras de arte (pagó 135 millones de dólares por “El retrato de Adele Bloc-Bauer, de Gustav Klimt, con las consabidas sospechas de lavado de dinero a gran escala) y un gran empresario de medios.
Un episodio ocurrido en 2011 lo pinta de cuerpo entero. Luego de convertirse en el principal accionista del Canal 10 de Israel, uno de los dos de la TV abierta, en septiembre de ese año obligó a su directorio a disculparse con otro gran empresario vinculado al poder, Sheldon Adelson por una biografía del mismo que había sido emitida en enero de ese año. La disculpa forzada provocó las renuncias en cadena del jefe de noticias, el editor y el presentador de las mismas. Furioso porque este escándalo hubiera trascendido al público, Lauder dio el portazo, privando al canal de su respaldo financiero, lo que lo sumergió en una profunda crisis.
Adelsón, conocido como “el rey del juego” por sus inversiones en Las Vegas y propietario del diario de distribución gratuita Israel Ayom es quien entre 2010 y 2014 le pagó al fiscal Nisman 280 mil dólares, depositados en su cuenta del banco Merril Lynch de Nueva York.
* No quiero que se enoje mi amigo Daniel Schnitman, “sionismo” aqui bien puede leerse como “gobierno racista de Israel”.
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