Tarjeta roja por el Fifagate
31 de Mayo de 2015
Escándalo, sobornos... y otra vez Blatter
Al igual que con los fondos buitre y los presos de Guantánamo, se hace uso ilegal de la extraterritorialidad de la ley estadounidense, quizá para impedir el Mundial en Rusia.
Aram Aharonian. Miradas al Sur
Tarjeta roja por el Fifagate
Además del fallecido Humberto Grondona, presidente (por 35 años) de la AFA y vice de la FIFA, hay tres empresarios argentinos acusados por la fiscalía estadounidense, que pidió sus extradiciones, por conspiración, sobornos y fraude.
Uno, Alejandro Burzaco, máximo dirigente de Torneos S.A., con operaciones compartidas con el Grupo Clarín y la producción de Fútbol para Todos, que maneja la revista deportiva El Gráfico y es socio de Clarín en Tele Red Imagen (TRISA, que produce los contenidos del canal de cable TyC Sports) y Televisión Satelital Codificada, que acaparaba hasta 2009 los derechos de transmisión de la televisión local. Hoy, Torneos tiene contratos con la AFA, la Confederación Sudamericana y la FIFA. Se explica, entonces, por qué Clarín ocultó su nombre en un primer momento.
Los otros dos, Hugo (padre) y Mariano Jinkins, dirigen Full Play Group, que anuncia la televisación de la Copa América de este año en Chile y el Mundial de Rusia 2018, además de haber usufructuado los derechos de televisación de los sudamericanos sub-17, sub-20 y el superclásico de las Américas (Brasil versus Argentina).
Burzaco, los Jinkis y el brasileño José Hawilla, propietario de la brasileña Traffic, concibieron en 2014 la empresa Datisa, con sede en Uruguay y cuentas en Suiza y Panamá, para pagar sobornos. El acuerdo entre Datisa y la Conmebol se firmó el 25 de mayo de 2014 en Londres: Datisa se quedó con los derechos para todo el mundo, por cuatro ediciones, de la Copa América por 317,5 millones de dólares, 20 millones por cada una para coimas.
Presión política de Washington. “Las investigaciones revelaron que lo que debería ser una expresión del deporte fue usado como un vehículo para una red mayor de llenar los bolsillos de ejecutivos con sobornos que totalizan 110 millones de dólares”, sorprendió el miércoles 27 de mayo de 2015 la fiscal general estadounidense, Loretta Lynch.
“Corrupción rampante, sistemática y profundamente enraizada que se extendió en las dos últimas generaciones de dirigentes que abusaron de sus puestos de confianza para conseguir millones de dólares en coimas y sobornos”, añadió.
Después de décadas de convivencia –o, quizás, connivencia– y pese a las sucesivas denuncias de corrupción en la FIFA, ahora la Justicia suiza decidió abrir en paralelo su investigación penal.
“La oficina del fiscal del Distrito Este de Nueva York está investigando a estas personas por la sospecha de haber aceptado sobornos desde comienzos de los años ’90 y hasta el día de hoy”, dijeron desde el Ministerio de Justicia suizo. Según el reclamo estadounidense, esos crímenes fueron acordados y preparados en Estados Unidos, y los pagos hechos a través de bancos de Estados Unidos, lo que permite al Departamento de Justicia norteamericano esgrimir autoridad para presentar casos contra extranjeros.
Tal como hace la DEA, los investigadores norteamericanos contaron con el apoyo del brasileño José Hawilla, titular de la empresa de mercadeo deportivo Traffic que, gracias a su “colaboración” premiada, permanece en libertad, mientras sus delatados (entre ellos, al menos tres argentinos) van camino ¿a la cárcel?
Pero, ¿por qué ahora cuando se sabe que esta telaraña de corrupción se consolidó al menos desde 1991? Curioso: la XV Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Estados Unidos en 1994, lo que generó gran polémica por ser un país sin tradición futbolística, pero con ingentes intereses económicos trasnacionales. Sería bueno recordar a los miembros del Comité Organizador.
¿Por qué ahora, cuando el aparentemente intocable mandamás Sepp Blatter estaba por ser reelegido presidente de la FIFA y Rusia es el organizador del próximo Mundial? ¿Tratará Estados Unidos de sabotear el Mundial tal como lo hizo con las Juegos Olímpicos de 1980, en plena Guerra Fría?
EE.UU. presiona para que el próximo Mundial no se realice en Rusia y por eso (al igual que con los fondos buitre y los presos de Guantánamo) hace uso ilegal de la extraterritorialidad de la ley estadounidense.
La redada en Suiza, con presencia obviamente preparada de periodistas de The New York Times en el lugar, se produjo poco antes de una votación de la FIFA para decidir sobre la expulsión de Israel de la asociación.
Sobornos, represores y espías. El tema de los sobornos, de y a la FIFA, puso en el tapete el íntimo relacionamiento de la podredumbre con los servicios de inteligencia, tanto en la Argentina como en Brasil, al menos.
En junio de 2000, el periodista Víctor Hugo Morales denunció en el Senado cómo Clarín y Torneos le vendían a la empresa Dayco, que era de ellos, los derechos de televisación para aparecer, de esa forma, como si fueran internacionales. La operatoria era la misma que ahora se denuncia. “Configuran una banda de ladrones (…). La trama es organizada por medios y dirigentes cómplices”, dijo el periodista.
En la Argentina hacen recordar a las escuchas telefónicas de 2007 que llevaron al procesamiento del espía Ciro James, el comisario retirado Jorge Fino Palacios y el jefe de Gobierno de Buenos Aires y hoy candidato presidencial Mauricio Macri, operativo que se montó en torno de la Policía Metropolitana, que dirigió Eugenio, hermano de Alejandro. El grupo manejó también el espionaje en el caso AMIA y al propio cuñado de Macri.
El blanco era del empresario Carlos Ávila, propietario de Torneos y Competencias, quien en ese momento negociaba con el mandamás de la AFA, Humberto Grondona, la ruptura del contrato del fútbol argentino con el Grupo Clarín. El empresario señaló que Clarín armó la estructura de su empresa Cablevisión sobre la base de los derechos exclusivos y excluyentes de la transmisión del fútbol local e internacional (con los derechos de la Copa América, la Libertadores y otros torneos regionales).
Torneos pero sin competencia: pague para ver… hasta que llegó la democratización con Fútbol para Todos.
La idea de Ávila, según sus declaraciones al juez Norberto Oyarbide, era manejar no sólo los derechos del fútbol local, sino todos los torneos internacionales, justamente materia del escándalo actual. En 2007, el juez puso el ojo en Alejandro Burzaco, ahora con pedido de captura desde Estados Unidos. A Ávila le armaron causas falsas: dos jueces de Misiones lo acusaron de asalto a mano armada y pidieron a la SIDE la intervención de sus teléfonos. Y ahí aparece nuevamente el nombre de Jaime Stiuso.
Quedaron grabaciones de llamadas entre James y Fino Palacios y 50 comunicaciones entre Palacios y Eugenio, el hermano de Alejandro Burzaco, hasta abril pasado el responsable de la seguridad de River Plate. Desde TyC controlan la comercialización de los derechos del fútbol argentino en el exterior.
Pocos años atrás, el “empresario” uruguayo Paco Casal ofreció mucho más dinero por la televisación que Traffic y Torneos, pero la dirigencia de la Conmebol miró para otro lado: lo que se imponía, con un mínimo de transparencia, era abrir una licitación en base a la cifra ofrecida por el uruguayo.
Mientras tanto, la presidenta brasileña Dilma Rousseff se comprometió a apoyar a las investigaciones por corrupción contra el ex titular de la Confederación Brasileña de Fútbol José María Marín, quien fuera activo colaborador de la dictadura militar. “Si hay que investigar, que se investiguen todas las copas del mundo”, sostuvo la mandataria, quien fue presa política durante el régimen militar. A Marín se lo imputa de haber cobrado millones de dólares de sobornos en la organización de la última Copa del Mundo, parte de ellos abonados por la empresa de marketing Traffic.
Las desavenencias entre Dilma y Marín –gobernador de San Pablo durante la dictadura– fueron explotadas por la gran prensa que quiso mostrar la corrupción del gobierno cuando la procesión pasaba por la otra vereda. Marín sucedió a Ricardo Teixeira (yerno del legendario João Havelange), hoy fugado en Miami, en marzo de 2012 en la federación brasileña.
Dilma recordó permanentemente la complicidad política de Marín con el asesinato del periodista Vladimir Herzog en 1975, en un presidio paulista. Días antes de la ejecución de Herzog, Marín incitó a los órganos represivos a que eliminen a los opositores. En 2013, la familia de Herzog impulsó, junto al ex futbolista y campeón del mundo Romario, un petitorio para que Marín fuera despedido del Comité Organizador de la Copa. El petitorio recogió más de 60 mil firmas, incluyendo las de intelectuales y artistas como Chico Buarque, pero no logró derribar a Marín, apoyado por los oligopolios mediáticos.
Pero la cofradía mafiosa sigue en la CBF con Marco Polo del Nero. “Espero que esta investigación” tenga impacto en Brasil y contribuya a “una mayor profesionalización del fútbol, lo que va a beneficiar al fútbol brasileño”, aseguró Dilma, impulsora de una reforma apoyada por la agrupación Sentido Común, integrada por futbolistas profesionales. “Yo voy a estar más feliz cuando Texeira quede preso, lo que debe acontecer en breve. Ellos, los de la CBF, se creían intocables”, dijo Romario. Pero al final están cayendo.
Blatter
Joseph Blatter ha pasado por alto sobornos y estafas a países anfitriones de eventos de la FIFA, y favoreció la corrupción, el maltrato y la muerte de obreros en todo el mundo y la destrucción de comunidades enteras para construir estadios.
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Lunes 1 de Junio de 2015
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=792914
FIFA-Gate
Accionistas de Torneos (como DirecTV) temen golpe económico a sus empresas
Desde el miércoles a la mañana cuando las esquirlas del FIFA-Gate cruzaban todos los continentes en busca de nuevos protagonistas, había ya actores secundarios que empezaban a preocuparse por cuántos vidrios de sus oficinas iban a ser alcanzados por la onda expansiva.Entre los más preocupados estaban los accionistas de Torneos, cuyo CEO, Alejandro Burzaco está primero en la lista de empresarios que según la justicia de Estados Unidos fue pagador de coimas. Saben muy bien que una investigación de este tipo trae consecuencias que golpean la economía de cualquier negocio.
Torneos tuvo en sus más de tres décadas de existencia distintas composiciones societarias. Pero en la actualidad, la participación accionaria de la empresa se divide entre DirecTV Latin America, el fondo suizo DLJ Offshore Partners, FTR Investment, y el propio Alejandro Burzaco.
La estadounidense DIRECTV Latinoamérica, división en la región de DIRECTV, Inc., es el proveedor de televisión satelital líder en toda América latina y el Caribe, con una llegada más de 17,2 millones de clientes. La empresa madre cotiza en el índice tecnológico Nasdaq de la bolsa de Nueva York. Desde que se destapó el escándalo de la FIFA, su acción perdió casi un dólar en tres rondas.
Hasta hace poco también formaba parte de los accionistas de Torneos, el gigante estadounidense de los medios Liberty Media (este año vendió al fondo de Islas Vírgenes: FTR Investment), que centra su negocio en las industrias del entretenimiento a través de su propiedad de participaciones en filiales y otras empresas.
En estos días, el empresario Carlos Ávila, expresidente de Torneos, se refirió de potencial complicidad de los accionistas estadounidenses de la firma implicada. "¿Nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Torneos es una sociedad muy importante, que tiene accionistas como DirecTV y Liberty. ¿Cómo no sabían si es que se pagaban coimas?". Ávila, aún dolido por cómo Burzaco lo licuó de la empresa que había creado, apuntó derecho a los socios extranjeros para hacer más ruidosa la fractura.
Libery Media Corp, al igual que DIRECTV, cotiza en el Nasdaq y desde el miércoles pasado, la acción perdió un 0,6%.
Si bien las caídas en las cotizaciones no son hoy fuertes, el golpe puede venir por otro lado. Las empresas saben que pueden ser investigadas por la acción directa de su socio argentino. Al respecto, el abogado especialista en derecho financiero, Eugenio Bruno, indicó a ámbito.com que "podrían abrirse eventuales investigaciones bajo la denominada ley RICO que penaliza prácticas de asociación ilícita como parte de la investigación abierta esta semana". Esta tan nombrada norma RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) contempla una treintena de delitos que son penados con multas y con hasta 20 años de prisión.
Respecto a la severidad de los castigos, Fernando Gamiz, director del área de Fraude, Investigaciones y Disputas de la consultora BDO Argentina, aseguró que "con conocimiento de causa sé que a la Justicia americana le gusta darle fuerte a los empresarios. Si bien hay corruptos que aceptan el dinero de la coima, también alguien lo pagan y ellos son proclives a caerle a los hombre de negocios". Y en el caso de Burzaco y los Jinkis señaló que "si los atrapan, será una sanción dura si logran ser aprehendidos, aunque no creo que llegue a los 20 años de cárcel".
El antecedente Simens
Otro de los coletazos económicos s más temidos por las empresas es que una investigación de corrupción pueda dejarlos fuera de Wall Street. Ya hay antecedentes, inclusive en la Argentina cuando Siemens pagó sobornos con el objetivo de ganar una licitación pública convocada en 1996 por el gobierno de Carlos Menem que incluía la impresión de los nuevos DNI, de padrones electorales y la informatización de los pasos fronterizos.
En ese momento la Justicia descubrió que los alemanes habían creado una oficina en Europa que sólo se dedicaba a repartir coimas al rededor del mundo. En esa oportunidad, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) intervino y conminó a la empresa a colaborar con la investigación para no verse forzada a suspender su cotización y expulsarla de los mercados estadounidenses. El director de la División de Investigación de la SEC, Robert Khuzami, los acusó de fraude, falsificación de documentos y de organizar reuniones en territorio americano para negociar los sobornos.
La presión fue efectiva. Los directivos se declararon culpables y evitaron el destierro financiero, aunque debieron pagar una multa de u$s 800 millones.
El fantasma de las compañías sobre estas investigaciones es más grande aún hoy porque saben de la cruzada del gobierno de Obama contra este tipo de prácticas. El mandatario intenta dar señales rígidas contra estas prácticas ya que considera que son fundamentales en momentos en que la economía de su país sigue la senda de la recuperación.
Si bien en el caso de Simens, se encontraron ilícitos dentro de territorio norteamericano, la ley también penaliza a las empresas estadounidenses que pudieran cometer actos corruptos fuera del país. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero hace ilegal sobornar a funcionarios de otros gobiernos para obtener o retener un negocio y, entre otros aspectos, contempla la aplicación de multas para los infractores. De hecho bajo esta ley las corporaciones y otras entidades comerciales están sujetas a una multa de hasta u$s 2.000.000; los oficiales, directores, accionistas, empleados y agentes están sujetos a una multa de hasta $100.000 y prisión de hasta cinco años. Es más, bajo la Ley de multas alternativas, estas multas pueden en realidad ser bastante altas-la multa real puede ser hasta dos veces del beneficio que el acusado buscó obtener al hacer el pago corrupto.
Otro castigo muy temido que acarrea esta legislación es que bajo las pautas expedidas por la Oficina de Administración y Presupuesto, se puede prohibir a toda persona o firma que se encuentra en violación de la FCPA hacer negocios con el gobierno Federal. La acusación sola puede conducir a una suspensión del derecho de hacer negocios con el gobierno. Además, a toda persona o firma a la que se encuentra culpable de violar la FCPA puede dictaminársele inelegible para recibir licencias de exportación y financiamiento. Los golpes pueden venir de todos lados.
