En retrospectiva: el contrabando de Macri (1993)
Vendían autopartes a su filial en Uruguay, que luego reimportaban desde allí a nombre de terceros, para obtener reintegros y exenciones impositivas. Fueron procesados por delito complejo contra el fisco. Mauricio, ahora, ejerce cargos públicos.
(Por esa actuación judicial, los Macri quedaron libres y los jueces destituidos. En su declaración acusatoria, el diputado Hernán Damiani (Alianza) dijo que el fallo de Boggiano abortó la investigación sobre las maniobras del grupo.)
Macri causa autopartes de 1993
http://prontuariospoliticos.blogspot.com.ar/2013/04/prontuario-macri.htmlAPR28
Por: Alejandro Guerrero
La causa por contrabando de autopartes por la cual fueron procesados en 2001 Franco Macri y su hijo Mauricio (por entonces vicepresidente de Sevel, involucrada en el caso) tuvo sus particularidades: por ejemplo, que los acusados terminaran libres, pero dos jueces de la Corte Suprema fueran enjuiciados y destituidos por, entre otras cosas, haberlos dejado en libertad. El juez de la causa, Carlos Liporace, renunció en 2006 cuando también él estaba al borde del juicio político.
Entre los cargos por los cuales se destituyó a Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O'Connor, ministros de aquella Corte de la "mayoría automática" del menemismo, se contaron los de "obstruir el proceso legal respecto de la tarea de investigación por presunto contrabando, llevada a cabo por el juez federal de Concepción del Uruguay en los autos Macri, Mauricio y Martínez, Raúl s/presunto contrabando". Aun así, luego la Cámara de Senadores rechazó las tres causas por corrupción que involucraban al actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa comenzó en 1997, al descubrirse que Sevel Argentina le vendía autopartes a Sevel Uruguay --es decir, a sí misma-- y luego las reingresaba, de modo que exportaba con un arancel diferencial del 2% y después cobraba reembolsos por exportaciones.
Las primeras operaciones detectadas se hicieron en 1993, cuando tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina eran luego reingresadas en el país. Las compraban y también las vendían Sevel Argentina, Sevel Uruguay y Drago SA, una supuesta controlada del grupo Macri. Sólo por esas operaciones de 1993, los Macri habían cobrado reintegros por unos 7 millones de dólares.
El primer juez de la causa, Guillermo Tiscornia, fue suspendido de sus funciones. Su sucesor, Carlos Liporace, dictó también el procesamiento de directores de Peugeot-Citroën, sucesora de Sevel, y embargó a la empresa por 36 millones de dólares. Según el auto de procesamiento dictado en 2001 por la Sala B de la Cámara en lo Penal Comercial, Sevel declaraba que las exportaciones de autopartes a Uruguay eran definitivas, lo cual no era cierto. Mediante esa maniobra, la empresa se hacía acreedora a reintegros y evitaba el pago de multas que entonces se cobraban por alterar el equilibrio de la balanza comercial.
Los jueces indicaron que Sevel y sus contrapartes uruguayas constituían un mismo grupo económico y simulaban exportaciones definitivas. Así, no sólo recibían fraudulentamente reintegros del Estado; además, generaban un saldo ficticio en su balanza comercia. La Cámara sostuvo en su fallo que los responsables de Sevel? los Macri? "conocían de antemano que las piezas exportadas regresarían formando parte de automóviles completos".
La suerte judicial de aquel caso puede advertirse en la acusación legislativa al ex juez Boggiano, durante su juicio político. Respecto de la causa Macri, se acusó a Boggiano de "causar un grave perjuicio al Estado Nacional, que se vio privado de recibir los tributos aduaneros y/o ejecutar las multas tributarias penales y/o decomisos; eventualmente causar un perjuicio a la economía y producción nacionales y a las fuentes de trabajo de los argentinos; convalidar la interpretación forzada del principio de cosa juzgada, ya que no existía entre las causas identidad en los hechos ni en los bienes jurídicos involucrados, ni en las pretensiones punitivas, requisitos indispensables para aplicar el aludido principio, beneficiando así a un grupo económico (los Macri)" y "hacer un uso arbitrario de las facultades acordadas a la Corte Suprema de la Nación". Por esa actuación judicial, los Macri quedaron libres y los jueces destituidos. En su declaración acusatoria, el diputado Hernán Damiani (Alianza) dijo que el fallo de Boggiano abortó la investigación sobre las maniobras del grupo.
CONTRABANDO AGRAVADO.
El presunto delito de contrabando se había cometido con la importación de 1936 automóviles, agravado por la intervención de tres o más personas, lo cual configuraba la calificación de delito complejo, organizado. Otro agravante estaba constituido por la presentación reiterada de documentos adulterados.
La maniobra se desenvolvió bajo el régimen de "importaciones por particulares", que regulaba el Decreto 2677/91. Este autorizaba a importar a personas físicas o ideales, en forma particular, los mismos tipos de automotores producidos o importados por las terminales automotrices radicadas en la Argentina.
Con ese propósito se había usado de pantalla a la empresa uruguaya Opalsen SA, una controlada de Sevel Argentina. Por lo menos, buena parte del directorio de Sevel figuraba en la nómina de Opalsen. Además, Sevel SA tenía participación mayoritaria en el paquete accionario de Opalsen.
Para incluirse en el régimen especial de impuestos a la importación de automóviles por particulares, Sevel y Opalsen falsificaban las firmas de los compradores, que aparecían como si fueran importadores, y presentaban despachos de importación falsificados ante la Aduana de Buenos Aires y la de Gualeguaychú.
En total, según cálculos muy moderados, esa maniobra permitió a Sevel dejar impuestos impagos por unos 450 millones de dólares.
Al comenzar la década de 1970, los Macri eran dueños de siete empresas. Cuando terminó la dictadura militar, controlaban 46. Su compañía madre, Socma (Sociedad Macri), fue una de las más beneficiadas por la estatización de la deuda externa privada ejecutada mediante un "seguro de cambio" dispuesta en 1982 por Domingo Cavallo, presidente de facto del Banco Central. Según la DGI, Socma evadió otros 45 millones de dólares entre 1993 y 1995, cuando Mauricio Macri era su presidente.
Sobre aquel caso de las autopartes que iban a Uruguay y luego volvían con documentación falsificada, el doctor José Bustos, del Centro de Cobertura Legal de Despachantes de Aduana, distinguió en un escrito entre el delito de evasión impositiva y el de contrabando. En referencia al affaire Macri, Bustos dice: "La evasión impositiva que produjo la ausencia de ingreso a las arcas fiscales de los impuestos al valor agregado y ganancias afectó la integridad de la renta fiscal; mientras que en el delito de contrabando se tutela el control aduanero y, en definitiva, la preservación de los objetivos de política económica del Estado.
En el caso Macri, el presunto delito de evasión fiscal quedó purgado, pues los imputados satisficieron íntegramente el monto del tributo debido (conf. art. 14 de la Ley 23.771).
Sin embargo, el delito de contrabando jamás podría extinguirse con el pago de una suma de dinero, pues el bien jurídico tutelado aquí es, como dije, el control aduanero y, en definitiva, la preservación de los objetivos de política económica del Estado y no la integridad de la renta fiscal."
Actualmente, el hombre que preservaba de aquel modo "los objetivos de política económica del Estado" quiere ser presidente de la República. <
Publicado 28th April 2013 por Fernando Ignacio Magliano
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http://www.pagina12.com.ar/2000/00-11/00-11-17/pag10.htm
La Aduana ya no denuncia a Macri por contrabando
Por orden del José Luis Machinea, el organismo abandonó la causa pese a ser querellante y a que Francisco y Maurico Macri están procesados. Dura respuesta del juez Carlos Liporaci a Economía.Francisco Macri está procesado. Mauricio sigue investigado.
La Justicia investiga operaciones automotrices con Uruguay.
La Aduana levantó ayer una ola de sospechas y comentarios en Tribunales, al retirarse como querellante de la causa iniciada contra los directivos de la ex automotriz Sevel bajo acusación de “contrabando agravado”. No obstante, la causa seguirá su curso, impulsada por la Fiscalía. Lo llamativo es que la decisión oficial se adopta apenas tres semanas después que la Cámara Federal en lo Penal Económico, Sala B, confirmara el procesamiento del ex titular de Sevel, Francisco Macri, y ordenara que continúen bajo investigación otros directivos, incluido Mauricio Macri, y a tres días de que los propios letrados de la Aduana pidieran la ampliación de la investigación sobre las operaciones presuntamente irregulares. El juez interviniente, el no menos sospechado Carlos Liporaci, atribuyó al “ministro de Economía” haber impartido la orden a la Aduana de desistir de la querella, pese a que el organismo depende funcionalmente de la Jefatura de Gabinete.
En un dictamen conocido ayer, Liporaci señaló que “resulta sugestivo para el tribunal que el letrado patrocinante de la querella solicitara tres días antes la ampliación de la investigación a los períodos posteriores a los ya investigados para luego, siguiendo el criterio del Sr. Ministro de Economía, desistir de la acción en la causa”. El magistrado resaltó además que llama aún más la atención si se tiene en cuenta que eso “haya ocurrido luego de obtener éxito las apelaciones que presentara respecto de las situaciones procesales de algunos de los indagados”.
Fuentes tribunalicias aseguraron que Machinea habría dado la instrucción de desistir de la querella luego de que directivos de la firma francesa Peugeot –que absorbió Sevel– le hicieron notar que se verían perjudicados materialmente por un fallo desfavorable. “Hasta ahora, lo que se está investigando es un contrabando por 14 millones de pesos, pero ahora estaban ampliando la investigación sobre otros períodos. Se entiende que la empresa que continúa a Sevel, de salir condenada, tendrá que pagar multas por cientos de millones de dólares”, indicaron las mismas fuentes.
Sevel fue cambiando de manos por etapas. Primero perdió la licencia de Fiat, cuando la automotriz italiana decidió retornar al país. Luego ingresó Peugeot como socio minoritario a Sevel, hasta que finalmente Socma (Grupo Macri) se retiró del sector. Peugeot pasó a operar con su propio nombre.
La causa que involucra a los Macri se inició a partir de la venta de autopartes y piezas de Sevel Argentina a sus filiales Sevel Uruguay SA y Drago SA como exportaciones definitivas, lo que la hacía acreedora al cobro de reintegros. En el vecino país, las partes eran ensambladas y reexportadas a Argentina como vehículos terminados –automóviles y camionetas– bajo el régimen de intercambio compensado entre miembros del Mercosur, por lo cual no pagaban aranceles de importación. La información judicial señala que la operación habría involucrado unos 1300 vehículos, pero sólo en unos pocos meses entre 1993 y 1994.
La actitud de la Aduana implica que el Gobierno nacional desistió de su rol de parte acusadora en una causa que significó un presunto perjuicio económico para el erario. En el juzgado indicaron que, de todos modos, la causa seguirá su curso ya que la lleva adelante la fiscal María Gabriela Ruiz Morales, que asume la representación pública y a la que las fuentes judiciales le atribuyen el carácter de ser “la verdadera impulsora de la causa”.
Las mismas fuentes señalaron ayer que en las próximas horas la fiscalía pediría el procesamiento de Mauricio Macri y de otros dos ejecutivos de la ex firma Sevel, Luis Da Costa y Armando Amasanti, y solicitará que se amplíen las investigaciones en torno del ex titular de la Unión Industrial Argentina, Jorge Blanco Villegas, que también formaba parte de esa empresa. Tanto el presidente de Boca Juniors como Da Costa y Amasanti habían sido beneficiados en primera instancia por un fallo del ex juez a cargo, Guillermo Tiscornia, que había ordenado la “falta de mérito” paraseguir involucrados en la causa. Pero la Cámara Federal revocó dicho fallo a fines de octubre pasado. La figura del “contrabando agravado” contempla penas que van de los dos a los diez años de prisión.
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http://www.lanacion.com.ar/53408-procesan-a-mauricio-macri-por-contrabando
Viernes 23 de febrero de 2001 | Publicado en edición impresa
Procesan a Mauricio Macri por contrabando
Lo acusan de exportar autopartes a Uruguay y cobrar reembolsos para importarlas como autos armados.El presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, fue procesado por el juez en lo penal económico Carlos Liporace por contrabando, al responsabilizarlo de cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes de la empresa Sevel al Uruguay.
Su padre, Francisco Macri ya se encuentra procesado en esta causa y tiene un embargo de 4.900.000 pesos. El mismo embargo dispuso el juez para su hijo Mauricio.
Jorge Aguado, responsable de Relaciones Institucionales del grupo Socma, señaló que el procesamiento es "sólo un trámite procesal", como consecuencia de lo que había resuelto la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, en octubre pasado.
Macri, que anteanoche, cuando ya sabía del fallo dijo que pensaba alejarse de Boca y dedicarse a la política, podría llegar a perder la presidencia del club, pues el estatuto prevé que debe dejarla si resulta condenado.
El juez Liporace citó a Macri para ampliar su indagatoria para el miércoles 28 del actual.
La Justicia investiga exportaciones realizadas en 1993 por Sevel de Argentina a Sevel Uruguay, lo que le permitía cobrar reintegros por exportaciones. Pero, a su vez, esas piezas, eran ensambladas allí y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados.
De este modo, según el tribunal, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento. Además, según el fallo, se beneficiaba con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados.
La investigación se centró en exportaciones realizadas en 1993 y, tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos, se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por Sevel Uruguay y Drago SA, supuestamente controlada por Sevel, según fuentes judiciales.
Un cálculo aproximado realizado por los investigadores concluyó que el monto de lo percibido como reintegro asciende a unos 7.000.000 de pesos.
La investigación que comandó la fiscal María Gabriela Ruiz Morales permitió establecer que mediante esta operatoria, sólo en 1993 se habrían evadido unos 14 millones de pesos. Pero los investigadores creen que esta práctica se mantuvo hasta 1995.
El suspendido juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia había procesado a Francisco Macri y declaro la falta de mérito de Mauricio, pero en octubre último, la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento del padre y revocó el de su hijo.
Ahora Liporace, a instancias de los integrantes de la Sala B de la Cámara, lo procesó por el delito de contrabando agravado que prevé una pena de entre 2 y 10 años de prisión.
La Aduana era querellante en este expediente hasta el fallo del tribunal de alzada.
DESCARGO DE SOCMA
Tras la ampliación de indagatoria, y estudiar si accede a realizar algunas pruebas pedidas por Macri, Liporace decidirá si eleva a juicio la causa, con lo que el proceso podría tener lugar recién después de mediados de 2001.
Macri, a través del vicepresidente de Socma, Jorge Aguado destacó tras el fallo que Macri ya había sido sobreseído por la Cámara en loPenal Económico en cuatro hechos que se le imputan en la misma causa.
La empresa insistió en que todas las operaciones fueron realizadas con conocimiento de la Aduana y autorizadas por ella, previa consulta. .
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http://edant.clarin.com/diario/2001/02/23/e-01401.htm
Clarín.com » Edición Viernes 23.02.2001 » Economía » Procesan a Mauricio Macri en una causa por contrabando
EL PRESIDENTE DE BOCA ESTA MUY TRANQUILO, DIJO SU VOCERO
Procesan a Mauricio Macri en una causa por contrabando
También embargaron sus bienes por $ 4,9 millonesEl juez Liporace investigó exportaciones de autos de la ex Sevel a Uruguay y su reingreso a la Argentina
El juez en lo Penal Económico Carlos Liporace procesó al empresario Mauricio Macri, también presidente del club Boca Juniors, por "contrabando agravado". Es por la causa en la que se investigan presuntas maniobras de la automotriz Sevel por las que se exportaban piezas de autos a Uruguay y se importaban desde allí vehículos terminados, cobrando reembolsos de exportación en la Argentina. El caso podría terminar en un juicio oral y público.
Pero en un comunicado del grupo Socma, que pertenece a la familia Macri, se señala que la resolución del juez es en realidad un trámite procesal, "consecuencia directa de una resolución que dictara la Cámara en lo Penal Económico en octubre del 2000".
El juez Guillermo Tiscornia ya había procesado a Francisco Macri (el padre de Mauricio) por su supuesta participación en estas maniobras presuntamente fraudulentas. Y había dictado la falta de mérito de su hijo Mauricio por no haber elementos ni para sobreseerlo ni procesarlo.
La Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió en octubre pasado revocar la falta de mérito de Mauricio Macri. Lo hizo señalando que, a su juicio, la responsabilidad de padre e hijo en el presunto contrabando agravado era idéntica, y ordenó al juez Liporace que profundizara la investigación.
Ayer el juez Liporace también embargó los bienes de Mauricio Macri por 4,9 millones de pesos, según informaron fuentes judiciales.
Consultado el vocero del empresario, Iván Pavlovsky, sostuvo que Macri "está muy tranquilo en cuanto a su situación personal porque no tiene vinculación con el hecho".
En el comunicado de prensa de Socma Americana, firmado por su vicepresidente Jorge Aguado, se aclaró que "todas las operaciones ahora cuestionadas fueron realizadas con el conocimiento y la expresa aprobación del servicio aduanero".
Además, el comunicado recordó que "a) en la causa ya se dispuso la falta de mérito de los Sres. Mauricio Macri, Luis Da Costa y Armando Amasanti respecto de dos de los cuatro hechos que son materia de imputación; b) que en una resolución anterior de la Justicia se ha dispuesto la realización de medidas de pruebas hasta ahora no realizadas en el proceso, las cuales en conjunto con otras que propondrá la defensa, confiamos llevarán a la conclusión de la inexistencia de cualquier delito y la corrección en el proceder tanto de la empresa y sus integrantes".
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