Arroyo Salgado por Lanata
DOMINGO, 8 DE FEBRERO DE 2015
Para el Lanata de Crítica, Nisman guardaba al terrorista suicida de la AMIA en el ropero y su ex llegó gracias a Stiusso
http://noterodeapie.blogspot.com.ar/2015/02/para-el-lanata-de-critica-nisman.htmlEn este entramado siniestro que culminó, por ahora, con la muerte del fiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, las circunstancias apremian a diversos intereses y lo que hace cinco minutos era una cosa ahora es otra o nunca existió. Orwell y su Doblepensar junto al Ministerio de la Verdad en su insuperable novela "1984" son banalidades al lado de todo esto. Acá rescatamos una nota de Jorge Lanata de 2008/9 imperdible donde el operador periodístico se refiere a la famosa causa por "Asociación Ilícita" contra agentes de la SIDE y periodistas y otros personajes que le compraban información. Lo "extraño" es que "olvida" nombrar al sindicado como jefe de la banda, el ex jefe de "La Casa" menemista de 25 de Mayo 11, Juan Bautista "Tata" Yofre, obviamente esquivado adrede por ser el máximo colaborador para este texto que tiene data que no salió en ningún otro lado. Por ejemplo agregar además de los conocidos Pagni, Roberto García, Edgard Mainhard (no perderse esto) entre otros, a más compradores de la merca secreta como por ejemplo, Mariano Obarrio de La Nación, Daniel Hadad, Raúl Moneta, Jorge Rial y Darío Gallo de la Revista Noticias y Perfil. Así como a voceros de el ex segundo de la Secretaría de Inteligencia, "Paco Larcher", como Rolando Graña, periodistas del canal "Metro" del Grupo Clarín y el portal "Informe Reservado". En la misma Lanata le pega sin asco a Nisman, a su ex esposa, la Jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y a Fernando Pocino, a quien hoy "Lilita" le adjudica los delitos de inteligencia de su amigo Stiusso, como la operación contra ella y Olivera. Acá se las dejamos como siempre para que saquen sus propias conclusiones. Sobre el final, la última nota de Nisman en "AM Buitre":
El escándalo de los e-mails comenzó en 2006, y ahora se ha extendido como una mancha de aceite. Una serie de allanamientos realizados el viernes en distintos domicilios de Capital y la provincia podría dar a luz una encarnizada pelea entre la SIDE y una de las SIDE paralelas, además de que deja al descubierto al menos dos juzgados federales manejados con total impunidad por los espías. Ésta es una historia de escuchas cruzadas, traiciones, operaciones políticas, periodistas corruptos y dinero negro, que muestra la inexistente frontera de la vida privada de los personajes públicos: a 25 años de recuperada la democracia, el aparato de inteligencia en la Argentina sigue inalterado e inmanejable: el poder dentro del poder, la sombra en la sombra y los gobiernos que danzan a su alrededor, ingenuos o cómplices.
La punta del ovillo
En 2006 el periodista Edgard Mainhard publicó un e-mail de la casilla personal de Alberto Fernández. Para Mainhard, esto no supuso conflicto alguno: días atrás, en su sitio web Urgente 24, escribió que “la responsabilidad de un periodista es verificar la información, no cuestionar su procedencia”, a la vez que reivindicó el hecho de pagar por la información que pudiera brindarle un funcionario. Pero volvamos a 2006: los e-mails de Alberto eran personales, cartas a Vilma Ibarra, letras de canciones. El jefe de Gabinete convocó a Paco Larcher (José Francisco Larcher, subsecretario de Inteligencia desde 2003, en la práctica el jefe de la SIDE oficial, sobre quien volveremos más adelante) y le pidió que investigara el asunto. Como su casilla de correo era de Fibertel, Alberto se comunicó con Jorge Rendo, operador de Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, dueño de esos servidores. Rendo le confirmó luego que la pinchadura no estaba en el servidor, sino que había sido realizada por un hacker. Larcher llevó a la Jefatura de Gabinete días después una carpeta que contenía el origen de los allanamientos del viernes. La SIDE oficial le aseguró que los responsables eran dos espías de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) que vendían el resultado de varios hackeos. Para Larcher, algunos de los compradores eran Mariano Obarrio, Daniel Hadad, Carlos Pagni, Raúl Moneta, Darío Gallo y Roberto García. Las pinchaduras también tenían su sección de entertainment: actrices, modelos y personajes de la farándula. El nombre de Jorge Rial aparece, también, vinculado con la causa como uno de los compradores del Grupo de Tareas Digital. Imbuidos del espíritu de ida y vuelta de la comunicación, los espías no sólo vendían, también monitoreaban la computadora del comprador. Al cierre de esta edición, el editor de Ámbito Financiero, por ejemplo, estudiaba la posibilidad de presentarse en la causa como querellante: los e-mails de su casa y el diario están pinchados hace tiempo. Consultados por Crítica de la Argentina, allegados al empresario Daniel Hadad desmintieron que él comprara información a los ex espías. Es más, dijeron que el propio Hadad fue víctima de espionaje electrónico y que seguramente lo citarán a declarar como damnificado. Darío Gallo, ex editor ejecutivo de la revista Noticias y actual editor de perfil.com, primero se rió ante la consulta. “¿Y cuánto dicen que pagaba?”, dijo. Gallo negó haber adquirido este tipo de información, aunque el portal de Perfil publicó, al menos en un par de oportunidades, material de esa procedencia. Algunos meses después del hackeo a Alberto Fernández, e-mails del juez federal Daniel Rafecas y del miembro de la Corte Raúl Zaffaroni fueron publicados por el Servicio Privado de Información (Seprin), un sitio web de agentes y ex agentes de inteligencia manejado por Héctor “Kolla” Alderete, cuyo domicilio también fue allanado anteayer. Las denuncias fueron cayendo en distintos juzgados hasta que finalmente fue un juzgado muy particular el polo de atracción de todo lo vinculado con el tema: el de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien llegó allí de la mano del agente de contrainteligencia Jaime Stiusso y de su esposo, el fiscal de la Unidad AMIA Alberto Nisman, quien guarda en su ropero al terrorista suicida pero aún no lo ha dado a conocer. Todas las fuentes judiciales, policiales y del Gobierno consultadas coincidieron en un punto: el de San Isidro es un juzgado de la SIDE. La jueza Arroyo ya tuvo su primera prueba de amor con la muerte del prefecto Héctor Febbres: el Gobierno se empecinó en presentar el caso como un asesinato y no como un suicidio, y Arroyo siguió esa hipótesis hasta que el tema desapareció de los medios. El fiscal de la causa es Alberto Gentile, subrogante en San Isidro, antes en la Fiscalía Especial contra el Narcotráfico, donde Gentile se dedicó a dilapidar su presupuesto en cenas en Puerto Madero y ninguna investigación relevante. La denuncia de hackeo formulada por Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, cayó en el juzgado de Sergio Torres, pero fue rápidamente absorbida por el de San Isidro después de un llamado del senador Miguel Pichetto: –La jueza Arroyo lo va a llamar esta tarde. ¿Por qué no le mandan la causa si ella ya está investigando el tema? Hace algunos días, cuando el escándalo comenzó a crecer, los espías decidieron que era mejor agendarse un plan B. El Consejo de la Magistratura estaba a punto de destituir al juez federal de Zárate-Campana, Faggionato Márquez, pero el representante de los abogados es un hombre de lectura meditada y decidió pedir más tiempo para analizar el expediente. Faggionato es un impresentable acusado de formar una red de corrupción con la policía local pero tiene una clara ventaja sobre el resto: es el juez de la causa de las pinchaduras de Garín, donde la SIDE está directamente involucrada.
El ingeniero y la heladera
El presupuesto de la SIDE para este año es de $ 388.035.912, poco más de 127 millones de dólares. Cuando Kirchner llegó al Gobierno, el rubro Gastos Reservados era de 4 millones de pesos; hoy es de 257 millones. Según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), los fondos sin control aumentaron entre 2004 y 2008 un 83% en términos reales. Los espías son, aproximadamente, unos 2.500. El titular de la SIDE oficial es Héctor “Chango” Icazuriaga, el Señor Cinco. Es un incondicional de Kirchner; fue diputado y gobernador y reemplazó a otro ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo. Hace poco, en la noche del 8 al 9 de junio, entraron a la casa de dos pisos que tiene en Río Gallegos, revolvieron al menos dos de los cuartos y sólo se llevaron una botella de whisky. José Francisco “Paco” Larcher es, como dijimos, el verdadero jefe de la SIDE oficial: el Señor Ocho es el encargado de pasarle al Presidente el parte de información reservada. Debajo de Larcher, la SIDE se divide en varios departamentos: el de Jurídicos, Recursos Humanos, Reunión (a cargo de Fernando Pocino), Análisis (contrainteligencia, a cargo del ingeniero Jaime Stiusso). –Stiusso tiene enchufe propio –dicen en el ambiente de inteligencia. “Enchufe propio” significa relaciones directas con la CIA, el Mossad u otros organismos. Todos lo mencionan como un profesional prestigioso pero nadie puede explicar cómo, bajo su responsabilidad directa, desaparecieron las escuchas de la foja 114 del primer cuerpo de la investigación de la AMIA. Traducción para todo público: Stiusso tenía pinchados los teléfonos de Telleldín ANTES de la bomba, aunque su figura se hace pública recién después, cuando los niños menores de dos años suponen que “encontraron” el motor de la Trafic asesina con el número en perfecto estado para ser descubierto. Jaime entró a la SIDE durante la dictadura, y come casi todas las noches en Happening de Puerto Madero. Stiusso tuvo sus treinta segundos de fama mediática cuando Gustavo Beliz lo acusó de espiarlo y mostró su foto por la televisión. También le adjudican la Operación Clarita, realizada contra Carrió y Olivera durante la campaña electoral de Capital. Fernando “Heladera” Pocino cumplió 47 años el 27 de diciembre y tenía 25 cuando entró a la SIDE. Pocino es radical, y llegó de la mano de Enrique “Coti” Nosiglia. Lo de heladera viene de su debut como espía, cuando se disfrazaba de heladero para espiar en el microcentro. Como es alto, y grandote, lo apodaban “Heladera”, vestido ad hoc con uniforme blanco. Parroquiano de La Biela, el Florida Garden y varios cabarets de moda, Pocino está ahora separado y lo vinculan con la hija de Nilda Garré, ministra de Defensa. Durante el menemismo le tocó a Pocino espiar a su propio bloque (el radical) y fue por esos días cuando conoció a Miguel Núñez, vocero de Cristina, a quien terminó pidiéndole trabajo después de la campaña. Diversas fuentes coinciden en señalar a Pocino como jefe de una especie de grupo especial del Gobierno, que en un momento dependía del Ministerio del Interior hasta que fue el propio Pocino quien llevó a Defensa la conspiración de Aníbal Fernández contra Garré, que terminó en la renuncia de Montero, jefe de inteligencia del Ejército. “Pocino pertenece al mismo grupo que Marcelo Saín (PSA), Luis Tibiletti, Slokar, Filmus, Garré y Verbitsky”, aseguraron fuentes judiciales a este diario. Según el propio Verbitsky, Pocino se sentó a la mesa del reducido comité de crisis que se creó con la desaparición de Luis Gerez, que luego se reveló como un autosecuestro.
El aparato de prensa a disposición de Pocino es de segunda categoría pero no escaso: su vocero más popular y orgánico es Rolando Graña, pero además Pocino influye de manera directa en un programa de cable en Metro, uno de radio en FM La Isla y el sitio web Informe Reservado.
Un “empresario” llamado Alejandro Ruiz Laprida, con oficinas en la planta baja de Alvear 1940, también aparece vinculado con el escándalo de los e-mails. Ruiz Laprida también viene del radicalismo, comenzó su militancia con Beto Larrosa, fue jefe de gabinete en la sombra de Enrique Mathov y con excelentes vínculos con miembros de la ESMA y la SIDE. Ruiz Laprida se jacta ante sus amigos de ser especialista en lavado de dinero, tiene “enchufe” con las bases de los servicios de inteligencia extranjeros y tres fuentes distintas le aseguran a este diario que es el titular de una empresa de informática inclinada al hackeo. Fuentes del Gobierno aseguran que es ésa la empresa que está investigando la Justicia, y que Ruiz Laprida está vinculado con los dos espías exiliados en Montevideo. ¿Cómo que dos espías? Espere un momento, y lo sabrá. Rómulo y Remo en La Pasiva. Iván Velázquez y Pablo Carpintero son dos espías del Grupo de Tareas Digital que decidieron autoexiliarse en Montevideo. El viernes a media mañana el canciller uruguayo, Gonzalo Fernández (evidentemente, en el Mercosur todos son Fernández), llamó al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para consultarlo sobre el pedido de asilo de los dos espías. –Los tipos son unos tránsfugas –se exasperó el Fernández argentino–. Hagan lo que ustedes quieran. Aunque lo niegan, todo indica que Velázquez y Carpintero fueron los responsables de hackear al presidente de la Corte. Rómulo y Remo se hacen cargo de otros “trabajos”: según declararon a Noticias, la SIDE les ordenó intervenir las computadoras de Alberto Fernández, Carlos Stornelli, Abal Medina y “de Cristina Kirchner para abajo”. Aunque nunca presentaron los documentos, los autoexiliados sostienen que recibían órdenes directas de Aníbal Fernández y de Fernando Pocino. Fuentes de la Casa de Gobierno aseguran haber visto en más de una oportunidad a Aníbal F alardeando ante el presidente K de ciertos datos de inteligencia. Hay quienes ven en Velázquez y Carpintero a una especie de patrulla perdida: se independizaron de Pocino y comenzaron a vender el resultado de los hackeos. Siempre viene bien una changuita. Mientras ellos denuncian desde Montevideo a la que denominan “Gestapo K”, una cadena de e-mails inunda las redacciones con fotos de lo más diversas: imágenes privadas de Héctor Magnetto, vacaciones en Punta del Este de Victoria Bereziuk (la chica del caso Antonini Wilson), un sitio web con datos familiares y vida cotidiana del propio Pocino, al que acusan de traición, etc., etc., etc.
Éramos pocos y la abuela se puso cachonda
Cuando el juez Efraín Federico Faggionato Márquez estaba rodeado por los indios sioux a punto de morir bajo las flechas, se escuchó la trompeta del Séptimo de Caballería y la figura del general Custer se recortó en el horizonte. El expediente 170/05, que reúne las acusaciones en su contra, señala que Faggionato formó parte de una “red de corrupción integrada por el magistrado, dos ex policías de la provincia de Buenos Aires y un abogado de apellido Henricot”. Faggionato y sus amigos se habrían “apropiado” (choreado) parte de una cosecha de soja de un predio usurpado”, “extorsionado por medio de policías y abogado para orientar la investigación” e “integrado una red de contrabando en la zona”. Las denuncias son tantas que, en lugar de echarlo, el Consejo pidió más tiempo para leerlas. Pero la libertad condicional de Faggionato tiene un precio: investigar como se debe a la Cueva de Garín, donde se descubrió un equipo que interceptaba 3.780 líneas de celulares, fijos y correos electrónicos. La historia empezó a las 10 de la mañana del jueves 18 de enero de 2007, cuando un grupo de hombres se acercó a la casa del director de la Agencia de Recaudación bonaerense, Santiago Montoya. Uno de ellos encañonó al vigilador de la garita con su nueve milímetros y le dijo: –¿Dónde está la casa de Montoya? El tipo preguntaba para intimidar. Uno de sus compañeros ya estaba parado en la puerta correcta. Uno de los vecinos, el juez Luis Cayuela, cruzó la escena distraído, pero no tanto como para no advertir que el guardia no estaba en su puesto, y lo llamó de un grito. –Acá estoy, doctor –apareció el vigilador de la nada, encañonado y advertido desde la sombra–. Me consultaban por una calle. Pero la calle que mencionó no existía. Cayuela comprendió que pasaba algo raro, pero siguió su marcha y se paró a observar desde el fondo de su casa. Allí vio que el vigilador estaba reducido por un tipo, pero que había dos más en una moto, uno a pie y por lo menos otros dos en un coche estacionado. Llamó a la policía y le gritó al de seguridad: –¡No se preocupe! Ahora viene la policía con una Filcar! Los agresores huyeron. Montoya entendió que se trataba de un mensaje. Se abrió una causa y Montoya, casi al terminar su declaración, comenta que –por consejo del entonces gobernador Solá y del ministro Arslanian– había hecho monitorear su celular, y que estaba pinchado. No sólo lo escuchaban sino que también podían rastrearlo. Una pericia oficial mostró que las intercepciones procedían de Escobar. El 14 de marzo de 2007, uno de seis allanamientos simultáneos dio positivo: en un edificio de Telecom se encontró un equipo DVCRAU (Data Voice Call Recording and Acquisition Unit) con 3.780 líneas interceptadas. En el lugar sólo había una encargada de limpieza. Las grabaciones no se escuchaban en Garín sino que se retransmitían a un destino desconocido con una antena de microondas de dos metros de diámetro instalada en el techo. Todos los equipos tenían su cartelito: “Líneas judiciales. Av. Los Incas”, decían. “Ese papelito estaba ahí para incriminar a Stiusso”, afirmaron fuentes del Gobierno a este diario. Telecom deslindó su responsabilidad por los equipos que, claro, nadie reclamaba. El modelo era similar al detectado por Jorge Fontevecchia luego de una pericia de la UBA, y que pinchara su casa y los teléfonos de Perfil. En la causa hay más de un denunciante: se incorporó la investigación del secuestro de un empresario automotor con el argumento de que los raptores conocían su recorrido por monitoreo de celular, y también se agregó como querellante Mariano Obarrio, periodista de La Nación, acusado por el Gobierno de utilizar la información de los hackers pero, a la vez, víctima de ellos: el 15 de agosto de 2006 asaltaron su casa sabiendo que tenía dinero guardado. El expediente pasó a manos de Faggionato Márquez. La causa está en orden.
Esta es la nota de Crítica de la Argentina con datos más que interesantes que ahora parecen haber caído en la "amnesia" que le produce el tabaco a Jorge Lanata. Para contrastar al rey del panquequismo mundial, acá les dejamos la nota que días antes de su muerte el fiscal Alberto Nisman le concediera al conductor de PPT en su programa de Radio Mitre, contando en el piso con la diputada stiussista, "Lilita" Carrió.
***
Polémico Procesamiento Judicial A Periodistas
PELIGROSA AVANZADA CONTRA LA PRENSA ANTICIPADA POR TDP
Polémico procesamiento judicial a periodistas
http://periodicotribuna.com.ar/12532-polemico-procesamiento-judicial-a-periodistas.htmlFinalmente, ocurrió lo que venía advirtiendo Tribuna de Periodistas respecto al expediente que investiga el hackeo de mails de referentes políticos, jueces y artistas del espectáculo. La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, dispuso este lunes el procesamiento sin prisión preventiva de ocho acusados en esa causa judicial.
Entre los periodistas alcanzados por la medida, se encuentran Carlos Pagni, de La Nación; Héctor Alderete, del sitio Seprin; Edgard Mainhard, de Urgente24; y Roberto García, ex Ámbito Financiero, hoy diario Perfil.
La medida alcanza también a Juan Bautista Yofre, Pablo Alfredo Carpintero, Néstor Carlos Ick y Daniel Manuel Reimundes, sobre quienes la magistrada ordenó trabar un fuerte embargo dinerario.
"La evidencia que aparece en la causa judicial es bastante pobre y salpica a tangencialmente solo a solo tres de los acusados: Yofre, Velázquez y Carpintero. Los demás, no parecen tener vínculo real con la trama que se pretende mostrar públicamente, lo cual permite especular que, lo que realmente se ha buscado, es presionar a los periodistas críticos al kirchnerismo", según publicó TDP el pasado 12 de agosto.
En esa nota se anticipó que el procesamiento era un hecho, ya que la jueza Arroyo Salgado responde a intereses de la Secretaría de Inteligencia y la instrucción que le fue dada era la de avanzar contra esos acusados. Así se reveló en la nota de marras:
Hay dos detalles que no parecen ser menores a la hora de justificar esta especulación: por un lado, sorprende que una investigación tan sencilla haya demorado seis años para resolverse; por el otro, no parece casual que quienes iniciaron el expediente referido sean jerarcas de la ex SIDE. ¿Por qué motivo un grupo de espías se interesaría por impulsar la indagación de un hecho que afectó a personas ajenas al ámbito de la Inteligencia?
También es sintomático el hecho de que la instrucción de la misma causa haya caído en manos de Sandra Arroyo Salgado, jueza de San Isidro que responde a los intereses de la Secretaría de Inteligencia.
Como se dijo, las pruebas que se acumulan en el voluminoso expediente son paupérrimas y no alcanzan siquiera para encarcelar a los imputados más comprometidos. No es que el ilícito no haya existido, pero ciertamente no reviste la gravedad que trata de imprimirle la Justicia. Se trata de un delito excarcelable, “violación de secretos políticos o militares”, el cual según pudo saber TDP, será "reforzado" por la jueza Arroyo Salgado con una oportuna asociación ilícita —delito no excarcelable— para caer con todo el rigor de la ley sobre algunos de los señalados.
La trama era tan previsible que Tribuna la reveló en el año 2008.
Ese mismo año, Jorge Lanata también la expuso a través del diario que supo dirigir, Crítica de la Argentina. Esta última nota merece releerse hoy:
El escándalo de los e-mails comenzó en 2006, y ahora se ha extendido como una mancha de aceite. Una serie de allanamientos realizados el viernes en distintos domicilios de Capital y la provincia podría dar a luz una encarnizada pelea entre la SIDE y una de las SIDE paralelas, además de que deja al descubierto al menos dos juzgados federales manejados con total impunidad por los espías. Ésta es una historia de escuchas cruzadas, traiciones, operaciones políticas, periodistas corruptos y dinero negro, que muestra la inexistente frontera de la vida privada de los personajes públicos: a 25 años de recuperada la democracia, el aparato de inteligencia en la Argentina sigue inalterado e inmanejable: el poder dentro del poder, la sombra en la sombra y los gobiernos que danzan a su alrededor, ingenuos o cómplices.
La punta del ovillo. En 2006 el periodista Edgard Mainhard publicó un e-mail de la casilla personal de Alberto Fernández. Para Mainhard, esto no supuso conflicto alguno: días atrás, en su sitio web Urgente 24, escribió que “la responsabilidad de un periodista es verificar la información, no cuestionar su procedencia”, a la vez que reivindicó el hecho de pagar por la información que pudiera brindarle un funcionario. Pero volvamos a 2006: los e-mails de Alberto eran personales, cartas a Vilma Ibarra, letras de canciones. El jefe de Gabinete convocó a Paco Larcher (José Francisco Larcher, subsecretario de Inteligencia desde 2003, en la práctica el jefe de la SIDE oficial, sobre quien volveremos más adelante) y le pidió que investigara el asunto. Como su casilla de correo era de Fibertel, Alberto se comunicó con Jorge Rendo, operador de Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, dueño de esos servidores. Rendo le confirmó luego que la pinchadura no estaba en el servidor, sino que había sido realizada por un hacker. Larcher llevó a la Jefatura de Gabinete días después una carpeta que contenía el origen de los allanamientos del viernes. La SIDE oficial le aseguró que los responsables eran dos espías de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) que vendían el resultado de varios hackeos. Para Larcher, algunos de los compradores eran Mariano Obarrio, Daniel Hadad, Carlos Pagni, Raúl Moneta, Darío Gallo y Roberto García. Las pinchaduras también tenían su sección de entertainment: actrices, modelos y personajes de la farándula. El nombre de Jorge Rial aparece, también, vinculado con la causa como uno de los compradores del Grupo de Tareas Digital. Imbuidos del espíritu de ida y vuelta de la comunicación, los espías no sólo vendían, también monitoreaban la computadora del comprador. Al cierre de esta edición, el editor de Ámbito Financiero, por ejemplo, estudiaba la posibilidad de presentarse en la causa como querellante: los e-mails de su casa y el diario están pinchados hace tiempo.
Consultados por Crítica de la Argentina, allegados al empresario Daniel Hadad desmintieron que él comprara información a los ex espías. Es más, dijeron que el propio Hadad fue víctima de espionaje electrónico y que seguramente lo citarán a declarar como damnificado. Darío Gallo, ex editor ejecutivo de la revista Noticias y actual editor de perfil.com, primero se rió ante la consulta. “¿Y cuánto dicen que pagaba?”, dijo. Gallo negó haber adquirido este tipo de información, aunque el portal de Perfil publicó, al menos en un par de oportunidades, material de esa procedencia.
Algunos meses después del hackeo a Alberto F, e-mails del juez federal Daniel Rafecas y del miembro de la Corte Raúl Zaffaroni fueron publicados por el Servicio Privado de Información (Seprin), un sitio web de agentes y ex agentes de inteligencia manejado por Héctor “Kolla” Alderete, cuyo domicilio también fue allanado anteayer.
Las denuncias fueron cayendo en distintos juzgados hasta que finalmente fue un juzgado muy particular el polo de atracción de todo lo vinculado con el tema: el de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien llegó allí de la mano del agente de contrainteligencia Jaime Stiusso y de su esposo, el fiscal de la Unidad AMIA Alberto Nissman, quien guarda en su ropero al terrorista suicida pero aún no lo ha dado a conocer. Todas las fuentes judiciales, policiales y del Gobierno consultadas coincidieron en un punto: el de San Isidro es un juzgado de la SIDE. La jueza Arroyo ya tuvo su primera prueba de amor con la muerte del prefecto Héctor Febbres: el Gobierno se empecinó en presentar el caso como un asesinato y no como un suicidio, y Arroyo siguió esa hipótesis hasta que el tema desapareció de los medios. El fiscal de la causa es Alberto Gentile, subrogante en San Isidro, antes en la Fiscalía Especial contra el Narcotráfico, donde Gentile se dedicó a dilapidar su presupuesto en cenas en Puerto Madero y ninguna investigación relevante.
La denuncia de hackeo formulada por Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, cayó en el juzgado de Sergio Torres, pero fue rápidamente absorbida por el de San Isidro después de un llamado del senador Miguel Pichetto:
–La jueza Arroyo lo va a llamar esta tarde. ¿Por qué no le mandan la causa si ella ya está investigando el tema?
Hace algunos días, cuando el escándalo comenzó a crecer, los espías decidieron que era mejor agendarse un plan B. El Consejo de la Magistratura estaba a punto de destituir al juez federal de Zárate-Campana, Faggionato Márquez, pero el representante de los abogados es un hombre de lectura meditada y decidió pedir más tiempo para analizar el expediente. Faggionato es un impresentable acusado de formar una red de corrupción con la policía local pero tiene una clara ventaja sobre el resto: es el juez de la causa de las pinchaduras de Garín, donde la SIDE está directamente involucrada.
El ingeniero y la heladera. El presupuesto de la SIDE para este año es de $388.035.912, poco más de 127 millones de dólares. Cuando Kirchner llegó al Gobierno, el rubro Gastos Reservados era de 4 millones de pesos; hoy es de 257 millones. Según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), los fondos sin control aumentaron entre 2004 y 2008 un 83% en términos reales. Los espías son, aproximadamente, unos 2.500. El titular de la SIDE oficial es Héctor “Chango” Icazuriaga, el Señor Cinco. Es un incondicional de Kirchner; fue diputado y gobernador y reemplazó a otro ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo. Hace poco, en la noche del 8 al 9 de junio, entraron a la casa de dos pisos que tiene en Río Gallegos, revolvieron al menos dos de los cuartos y sólo se llevaron una botella de whisky.
José Francisco “Paco” Larcher es, como dijimos, el verdadero jefe de la SIDE oficial: el Señor Ocho es el encargado de pasarle al Presidente el parte de información reservada. Debajo de Larcher, la SIDE se divide en varios departamentos: el de Jurídicos, Recursos Humanos, Reunión (a cargo de Fernando Pocino), Análisis (contrainteligencia, a cargo del ingeniero Jaime Stiusso).
–Stiusso tiene enchufe propio –dicen en el ambiente de inteligencia.
“Enchufe propio” significa relaciones directas con la CIA, el Mossad u otros organismos. Todos lo mencionan como un profesional prestigioso pero nadie puede explicar cómo, bajo su responsabilidad directa, desaparecieron las escuchas de la foja 114 del primer cuerpo de la investigación de la AMIA. Traducción para todo público:
Stiusso tenía pinchados los teléfonos de Telleldín ANTES de la bomba, aunque su figura se hace pública recién después, cuando los niños menores de dos años suponen que “encontraron” el motor de la Trafic asesina con el número en perfecto estado para ser descubierto. Jaime entró a la SIDE durante la dictadura, y come casi todas las noches en Happening de Puerto Madero. Stiusso tuvo sus treinta segundos de fama mediática cuando Gustavo Beliz lo acusó de espiarlo y mostró su foto por la televisión. También le adjudican la Operación Clarita, realizada contra Carrió y Olivera durante la campaña electoral de Capital.
Fernando “Heladera” Pocino cumplió 47 años el 27 de diciembre y tenía 25 cuando entró a la SIDE. Pocino es radical, y llegó de la mano de Enrique “Coti” Nosiglia. Lo de heladera viene de su debut como espía, cuando se disfrazaba de heladero para espiar en el microcentro. Como es alto, y grandote, lo apodaban “Heladera”, vestido ad hoc con uniforme blanco. Parroquiano de La Biela, el Florida Garden y varios cabarets de moda, Pocino está ahora separado y lo vinculan con la hija de Nilda Garré, ministra de Defensa. Durante el menemismo le tocó a Pocino espiar a su propio bloque (el radical) y fue por esos días cuando conoció a Miguel Núñez, vocero de Cristina, a quien terminó pidiéndole trabajo después de la campaña.
Diversas fuentes coinciden en señalar a Pocino como jefe de una especie de grupo especial del Gobierno, que en un momento dependía del Ministerio del Interior hasta que fue el propio Pocino quien llevó a Defensa la conspiración de Aníbal F contra Garré, que terminó en la renuncia de Montero, jefe de inteligencia del Ejército. “Pocino pertenece al mismo grupo que Marcelo Saín (PSA), Luis Tibiletti, Slokar, Filmus, Garré y Verbitsky”, aseguraron fuentes judiciales a este diario. Según el propio Verbitsky, Pocino se sentó a la mesa del reducido comité de crisis que se creó con la desaparición de Luis Gerez, que luego se reveló como un autosecuestro.
El aparato de prensa a disposición de Pocino es de segunda categoría pero no escaso: su vocero más popular y orgánico es Rolando Graña, pero además Pocino influye de manera directa en un programa de cable en Metro, uno de radio en FM La Isla y el sitio web Informe Reservado.
Un “empresario” llamado Alejandro Ruiz Laprida, con oficinas en la planta baja de Alvear 1940, también aparece vinculado con el escándalo de los e-mails. Ruiz Laprida también viene del radicalismo, comenzó su militancia con Beto Larrosa, fue jefe de gabinete en la sombra de Enrique Mathov y con excelentes vínculos con miembros de la ESMA y la SIDE. Ruiz Laprida se jacta ante sus amigos de ser especialista en lavado de dinero, tiene “enchufe” con las bases de los servicios de inteligencia extranjeros y tres fuentes distintas le aseguran a este diario que es el titular de una empresa de informática inclinada al hackeo. Fuentes del Gobierno aseguran que es ésa la empresa que está investigando la Justicia, y que Ruiz Laprida está vinculado con los dos espías exiliados en Montevideo. ¿Cómo que dos espías? Espere un momento, y lo sabrá.
Rómulo y Remo en La Pasiva. Iván Velázquez y Pablo Carpintero son dos espías del Grupo de Tareas Digital que decidieron autoexiliarse en Montevideo. El viernes a media mañana el canciller uruguayo, Gonzalo Fernández (evidentemente, en el Mercosur todos son Fernández), llamó al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para consultarlo sobre el pedido de asilo de los dos espías.
–Los tipos son unos tránsfugas –se exasperó el Fernández argentino–. Hagan lo que ustedes quieran.
Aunque lo niegan, todo indica que Velázquez y Carpintero fueron los responsables de hackear al presidente de la Corte. Rómulo y Remo se hacen cargo de otros “trabajos”: según declararon a Noticias, la SIDE les ordenó intervenir las computadoras de Alberto F, Carlos Stornelli, Abal Medina y “de Cristina Kirchner para abajo”. Aunque nunca presentaron los documentos, los autoexiliados sostienen que recibían órdenes directas de Aníbal Fernández y de Fernando Pocino. Fuentes de la Casa de Gobierno aseguran haber visto en más de una oportunidad a Aníbal F alardeando ante el presidente K de ciertos datos de inteligencia. Hay quienes ven en Velázquez y Carpintero a una especie de patrulla perdida: se independizaron de Pocino y comenzaron a vender el resultado de los hackeos. Siempre viene bien una changuita. Mientras ellos denuncian desde Montevideo a la que denominan “Gestapo K”, una cadena de e-mails inunda las redacciones con fotos de lo más diversas: imágenes privadas de Héctor Magnetto, vacaciones en Punta del Este de Victoria Bereziuk (la chica del caso Antonini Wilson), un sitio web con datos familiares y vida cotidiana del propio Pocino, al que acusan de traición, etc., etc., etc.
Éramos pocos y la abuela se puso cachonda. Cuando el juez Efraín Federico Faggionato Márquez estaba rodeado por los indios sioux a punto de morir bajo las flechas, se escuchó la trompeta del Séptimo de Caballería y la figura del general Custer se recortó en el horizonte. El expediente 170/05, que reúne las acusaciones en su contra, señala que Faggionato formó parte de una “red de corrupción integrada por el magistrado, dos ex policías de la provincia de Buenos Aires y un abogado de apellido Henricot”. Faggionato y sus amigos se habrían “apropiado” (choreado) parte de una cosecha de soja de un predio usurpado”, “extorsionado por medio de policías y abogado para orientar la investigación” e “integrado una red de contrabando en la zona”. Las denuncias son tantas que, en lugar de echarlo, el Consejo pidió más tiempo para leerlas. Pero la libertad condicional de Faggionato tiene un precio: investigar como se debe a la Cueva de Garín, donde se descubrió un equipo que interceptaba 3.780 líneas de celulares, fijos y correos electrónicos. La historia empezó a las 10 de la mañana del jueves 18 de enero de 2007, cuando un grupo de hombres se acercó a la casa del director de la Agencia de Recaudación bonaerense, Santiago Montoya. Uno de ellos encañonó al vigilador de la garita con su nueve milímetros y le dijo:
–¿Dónde está la casa de Montoya?
El tipo preguntaba para intimidar. Uno de sus compañeros ya estaba parado en la puerta correcta.
Uno de los vecinos, el juez Luis Cayuela, cruzó la escena distraído, pero no tanto como para no advertir que el guardia no estaba en su puesto, y lo llamó de un grito.
–Acá estoy, doctor –apareció el vigilador de la nada, encañonado y advertido desde la sombra–. Me consultaban por una calle.
Pero la calle que mencionó no existía. Cayuela comprendió que pasaba algo raro, pero siguió su marcha y se paró a observar desde el fondo de su casa. Allí vio que el vigilador estaba reducido por un tipo, pero que había dos más en una moto, uno a pie y por lo menos otros dos en un coche estacionado. Llamó a la policía y le gritó al de seguridad:
–¡No se preocupe! Ahora viene la policía con una Filcar!
Los agresores huyeron. Montoya entendió que se trataba de un mensaje. Se abrió una causa y Montoya, casi al terminar su declaración, comenta que –por consejo del entonces gobernador Solá y del ministro Arslanian– había hecho monitorear su celular, y que estaba pinchado. No sólo lo escuchaban sino que también podían rastrearlo.
Una pericia oficial mostró que las intercepciones procedían de Escobar. El 14 de marzo de 2007, uno de seis allanamientos simultáneos dio positivo: en un edificio de Telecom se encontró un equipo DVCRAU (Data Voice Call Recording and Acquisition Unit) con 3.780 líneas interceptadas. En el lugar sólo había una encargada de limpieza. Las grabaciones no se escuchaban en Garín sino que se retransmitían a un destino desconocido con una antena de microondas de dos metros de diámetro instalada en el techo. Todos los equipos tenían su cartelito: “Líneas judiciales. Av. Los Incas”, decían. “Ese papelito estaba ahí para incriminar a Stiusso”, afirmaron fuentes del Gobierno a este diario. Telecom deslindó su responsabilidad por los equipos que, claro, nadie reclamaba. El modelo era similar al detectado por Jorge Fontevecchia luego de una pericia de la UBA, y que pinchara su casa y los teléfonos de Perfil.
En la causa hay más de un denunciante: se incorporó la investigación del secuestro de un empresario automotor con el argumento de que los raptores conocían su recorrido por monitoreo de celular, y también se agregó como querellante Mariano Obarrio, periodista de La Nación, acusado por el Gobierno de utilizar la información de los hackers pero, a la vez, víctima de ellos: el 15 de agosto de 2006 asaltaron su casa sabiendo que tenía dinero guardado. El expediente pasó a manos de Faggionato Márquez. La causa está en orden.
¿Qué se puede agregar a la puntillosa descripción de Lanata?
- See more at: http://periodicotribuna.com.ar/12532-polemico-procesamiento-judicial-a-periodistas.html#sthash.JqJi5lok.dpuf
***
El Insólito Juzgado K
LA JUEZA ARROYO SALGADO Y LA PERSECUCIÓN OFICIAL
El insólito juzgado K
http://periodicotribuna.com.ar/4078-el-insolito-juzgado-k.htmlNo existe recurso alguno al que el kirchnerismo no haya apelado para llevar adelante sus planes políticos y personales. Apriete, compra de voluntades, espionaje y otras yerbas, nada queda librado al azar a la hora de avanzar para la concreción de sus propios planes. Antes que nadie, este medio anticipó que la media sanción de la ley que confirma la Resolución 125 sería lograda a través del ofrecimiento de cargos a futuro, la extorsión con carpetas de la ex SIDE y hasta la promesa de dinero contante y sonante. El valor de la denuncia hecha por Tribuna de periodistas radica en que, a diferencia de otros medios, fue hecha mucho antes de que se hubieran reunido los diputados para "brindar" su media sanción.
Independientemente de las fuentes oficiales de información —que dieron datos a este medio en ese sentido—, no era complicado imaginar que esto sucedería. Es la lógica del kirchnerismo, el cual no conoce otra manera de hacer política. Ya se han demostrado sobradamente los ilícitos cometidos por el matrimonio Kirchner y algunos de sus funcionarios en su propio beneficio, siempre disfrazados de cuestiones que intentan mejorar la situación de la ciudadanía y combatir la desigualdad social.
De esta manera se ha camuflado la evaporación de los fondos de Santa Cruz, el meganegociado del tren bala, la suba de las retenciones para el campo y otras engañosas cuestiones. El problema para el oficialismo es que hace más de cinco años que está en el poder y nada ha mejorado a nivel social. Por caso, la brecha entre los que más tienen —en este grupo se encuentran paradójicamente los Kirchner— y los que menos tienen cada vez es mayor. Ergo, las mentiras K ya han quedado definitivamente al descubierto. Eso es lo que traducen las cacerolas cuando salen a la calle a golpear contra el gobierno.
Luego, hay cuestiones que no hay manera de disfrazar, como el copamiento del otrora prestigioso Consejo de la Magistratura o la avanzada contra el Indec. ¿Han sido cooptados ambos organismos para mejorar la situación social?
Lenta pero firmemente, el oficialismo ha construido durante sus años de hegemonía, un aparato que le permite hacer negociados de todo tipo, con la tranquilidad de que nadie hará nada para detenerlo. Los jueces federales han sido aleccionados oportunamente y, si quedaba alguno díscolo, se lo amenaza con el destierro más directo a través del Consejo de la Magistratura. De esta manera, no hay quien quiera sacar los "pies del plato".
Por si no fuera suficiente, el kirchnerismo ha ido aún más allá, creando directamente un tribunal que le permita embestir contra sus enemigos, dentro y fuera de la política. Se trata del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro a cargo de la Dra. Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, cuya designación fue fogoneada por la Secretaría de Inteligencia, dependiente —más que nunca— de la Presidencia de la Nación.
En ese juzgado, no casualmente, se concentran decenas de causas contra piqueteros, docentes, trabajadores de la carne, de la leche y ferroviarios —entre otros—, procesados sólo por protestar contra la política K.
Abogada del diablo
Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, CUIT 23-20729803-4, nacida el 1º de julio de 1969, fue designada jueza gracias al oportuno lobby hecho por el kirchnerismo sobre la Comisión de Acuerdos del Senado —siempre a pedido de la Secretaría de Inteligencia—, que la calificó con el mayor puntaje de su terna a pesar de que los candidatos con los que compitió —Juan Pablo Salas, Raúl Maria Cavallini y Jorge Ariel Apolo— tenían un conocimiento mucho mayor sobre derecho. En tal sentido, el sitio La política on line aseguró: "La elección (de Arroyo Salgado) sorprendió en el Poder Judicial, teniendo en cuenta la experiencia judicial de los candidatos que compitieron por el cargo. Tiene un postgrado en Derecho en la Universidad Austral (Opus Dei) y unos pocos artículos publicados".
No bien fue refrendada su designación por Néstor Kirchner —a través del decreto 713/2006—, la novísima jueza comenzó a trabajar en algunas de las causas que quitaban el sueño al oficialismo, una de ellas relacionada a una supuesta intrusión o hackeo a la cuenta de correo electrónico del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. En breve se comentará sobre este tópico.
Arroyo Salgado es una persona obsesionada con el bajo perfil —no da entrevistas y no le gusta que se hable de ella— y es vista por sus colegas como una persona adicta a su trabajo, siempre relacionado a la temática judicial. La mayor parte de su carrera la hizo como defensora pública, comenzando a los 18 años como "meritoria" en un juzgado federal porteño. Más adelante, llegó a ser relatora del camarista Gerardo Larramberre.
Uno de los antecedentes que querría borrar de su pasado está relacionado a su desempeño como asesora del impresentable embajador argentino en México, Jorge Yoma, cuando este era senador nacional y presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yoma, es dable recordarlo, ha sido una de las espadas del saqueo menemista dentro del Senado en los años 90.
Oportunamente, diario La Nación describió a Arroyo Salgado como "fanática" de la tarea judicial: "el trabajo es una de las principales prioridades de su vida. Tanto, que hace que el grueso de las decisiones pase por ella misma. Le cuesta mucho delegar y ella misma intenta llevar adelante audiencias y entrevistas (...) Cuando tiene tiempo libre, suele dedicarse especialmente al deporte. Es del estilo de mujeres que ponen un toque de atención especial a su figura. Juega al tenis todos los fines de semana, va al gimnasio cada vez que puede y suele salir a correr. Una preocupación por la actividad física a la que sólo es capaz de renunciar por una buena película en el cine".
Aunque no suele mencionarse, Arroyo Salgado tiene dos hijas —una de un año y otra de nueve— y está casada con Alberto Nisman, a la sazón fiscal especial de la causa por el atentado a la AMIA. Este último detalle es clave, no sólo para entender el sospechoso desempeño de la jueza, sino también su nombramiento.
Embestida K
Desde hace casi dos años, en el juzgado de San Isidro comandado por Arroyo Salgado, se lleva adelante una investigación judicial por el supuesto hackeo a las cuentas de correo electrónico del presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti. En el marco del expediente —que se maneja con total reserva— se allanaron los domicilios de periodistas, operadores y ex agentes de la SIDE, supuestamente involucrados en la intrusión —y posterior comercialización— de diversas cuentas de correo electrónico de funcionarios del Estado y personajes de la farándula.
La historia que se esconde detrás del avance de esta causa judicial es sumamente interesante, ya que, si bien es real que existe una especie de "organización" dedicada a vender secretos privados, no todo es como se ha hecho trascender públicamente. Por caso, hay una docena de documentos que prueban que el pedido de hackeo de cuentas de funcionarios partió desde el despacho de al menos tres poderosos ministros del Poder Ejecutivo, sin mediar orden judicial alguna, como exige la ley. "La verdad es que muchos de los que ahora putean porque les hackearon el mail se lo merecen, porque ellos primero pidieron hackear a otras personas y terminaron burlados. Lorenzetti es uno de ellos", aseguró a este periódico una muy confiable fuente tribunalicia de San Isidro.
Un ex funcionario de la SIDE acusado de haberse entrometido en emails privados, puede dar cuenta de ello, ya que algunos de los pedidos para hackear cuentas ajenas, le fueron dados por escrito por funcionarios que hoy siguen ostentando un gran poder en el entorno kirchnerista. ¿Qué hará la jueza en caso de tener que enfrentarse con esa documentación? ¿Se animará a embestir contra poderosos ministros del kirchnerismo?
Más allá de la acusación formal de Arroyo Salgado, pocos saben que el "expediente Lorenzetti" se está utilizando para dirimir internas entre funcionarios públicos y aleccionar a medios críticos. Veamos.
Por un lado, existe un fuerte enfrentamiento entre altos funcionarios de la Secretaría de Inteligencia —uno de ellos es el incombustible Fernando Pocino— y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández —otro impresentable—. Un sector acusa a otro de "operar" y viceversa. Lo único cierto es que ninguno de los dos grupos es trigo limpio.
Como se dijo anteriormente, Arroyo Salgado fue bendecida por funcionarios de la SI para que pudiera recalar en San Isidro. A su vez, la jueza responde a los intereses del Poder Ejecutivo, sitial al que pertenece, por transición, Fernández. Un verdadero dilema para la magistrada, que deberá resolver en el corto plazo, antes de que esta causa judicial le explote en el rostro.
Por otro lado, como se mencionó más arriba, se ha forzado la participación de diversos actores "enemigos" del kirchnerismo en el entramado de la causa. "Se aprovechó para involucrar a personas a las que el gobierno les tenía mucha bronca, especialmente al Tata Yofre. Hay mucha bronca por sus libros a favor de la dictadura militar, que venden mucho y logran llegar a mucha gente indecisa de lo que pasó en los años 70", afirmó la fuente antes mencionada.
Recordemos que, de acuerdo a lo ya informado por este y otros medios, el viernes 13 de junio de 2008, fueron allanados los domicilios de Juan Bautista "Tata" Yofre, Héctor Alderete —presidente de Seprin— , Roberto García —subdirector de Ámbito Financiero—, Pablo Carpintero —ex agente de la PSA—, Daniel Reimundes —ex secretario general del Ejército— y el nombrado hacker.
Si bien este periódico no adhiere a la ideología de la mayoría de los mencionados —ni a sus métodos de trabajo—, lo real es que no parece haber prueba concluyente real sobre ninguno de ellos a efectos de acusarlos de vender información privada.
Por otro lado, se sabe que los que han impulsado esta causa judicial son agentes de la ex SIDE que responden a Fernando Pocino, tristemente célebre por su espionaje al periodismo crítico del gobierno. Uno de sus hombres de confianza, Gustavo Queirolo, es quien daría precisas instrucciones a la jueza al menos dos veces por semana para que avance en uno u otro sentido.
Asimismo, Queirolo es quien, junto a otros dos espías, da información a los medios adictos al kirchnerismo —especialmente a diario Página/12— para que la publiquen sin chistar.
Los sospechosos de siempre
No parece casual que las personas que aparecen involucradas en el "expediente Lorenzetti" sean las mismas que fueron mencionadas en el listado de "enemigos K" que este periódico anticipó hace al menos dos meses. Así se comentó en abril pasado (1): "algunos de los perseguidos del kirchnerismo serán Christian Sanz (director de este periódico), Darío Gallo (editor de Perfil.com), Eduardo Duhalde, Elisa Carrió, Hector Magnetto, Jorge Fontevecchia (CEO de editorial Perfil), Juan Bautista Yofre, Héctor Alderete (titular de Seprin), Joaquín Morales Solá y Nelson Castro."
No fue lo único que se anticipó, también se habló de la abrupta caída de la imagen de Cristina días antes de que se oficializara el 20% que hoy es público: "Hace varias semanas que no se publican encuestas que midan el nivel de aceptación de Cristina Kirchner. No significa que no se hagan mediciones, sino que no se dan a conocer ya que, día a día, la imagen de la Presidente disminuye drásticamente. En estricto off the record, los propios funcionarios kirchneristas admiten —no sin preocupación— que la primera mandataria no supera el 20% de aceptación popular."
Continuando con la embestida oficial, apareció en los últimos días un blog llamado "Negro el 29" (2), donde se tilda de "golpistas" a una serie de periodistas, empresarios y políticos no alineados con el gobierno:
Como era de esperar, quien escribe este artículo aparece incluido allí. Lo insólito —muestra de una falta de reflejos increíble— es que se pone a la cabeza de la supuesta conspiración a Eduardo Duhalde, incesantemente denunciado por este medio por sus vínculos con los narcóticos (3). Lo mismo puede decirse de los hermanos Rodríguez Saá, destrozados por quien firma esta nota una y otra vez (4).
¿Serán los manotazos de ahogado de un gobierno que agoniza por voluntado propia?
Concluyendo
Más tarde que temprano, Sandra Arroyo Salgado tendrá que dar explicaciones por sus desaguisados.
Lo mismo cabe a su marido, el impresentable fiscal Alberto Nisman, quien tendrá que dar oportuna cuenta por las operaciones sucias hechas en torno a la causa AMIA a pedido del gobierno de Estados Unidos (5).
Del kirchnerismo no hace falta agregar nada más. La historia se encargará convenientemente de hacer justicia, no sólo por la persecución que ha efectuado, sino por el saqueo que ha cometido en detrimento de nuestro país.
No es poco.
Christian Sanz
(1) Ver http://www.periodicotribuna.com.ar/articulo.asp?Articulo=3745
(2) http://negroel29.blogspot.com/
(3) Ver http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=1686
(4) Ver http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=3
(5) Ver http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=3318
- See more at: http://periodicotribuna.com.ar/4078-el-insolito-juzgado-k.html#sthash.UT1CP23X.dpuf
