https://esclavitudcero.wordpress.com/2013/07/16/la-side-y-los-prostibulos/
Link del video:
http://www.youtube.com/watch?v=1Fr-3ExMvyY&feature=youtu.be
La Secretaría de Inteligencia (SI), más conocida como ex SIDE, tiene a varios de su más altos agentes en funcionamiento dedicados al crimen organizado, puntualmente a la trata y explotación de mujeres en prostíbulos.Por esto hoy al mediodía, Fernando “Pino” Solanas junto a otros miembros de Coalición Sur denunciará al titular de la SI, Héctor Icazuriaga, y al subsecretario de la SI, Francisco “Paco” Larcher, por violación de los deberes de funcionario público. Y por la tarde, a las 16.30, con el apoyo de la Alameda se realizará un escrache a la sede central de la ex SIDE (25 de Mayo y Rivadavia) para dejar en evidencia a los servicios de inteligencia mafiosos.
En este inédito video en el interior del prostíbulo Top Secret, en Artigas 1438, se ve al ex agente de la SIDE, Raúl Martins, rematando mujeres inmigrantes junto alrepresentante de artistas y periodista, Cacho Rubio. Este hombre del espectáculo a su vez fue quien intercedió ante el Gobierno de la Ciudad el año pasado con el objetivo de levantar la clausura del narco-prostíbulo, Madaho’s, habilitado como boliche, frente al cementerio de Recoleta.
La causa contra Raúl Martins radicada en el juzgado Federanal n° 1, a cargo de Romilda Servini de Cubria, fue archivada. La razón de cajonear la causa se debe a que los servicios de inteligencia cuenta con la presencia de una persona clave en el juzgado de Servini. La hija de Antonio Horacio Stiusso, más conocido por su apodo “Jaime”, es la razón del archivo de la causa donde se llegó aportar la explotación sexual de una menor de edad, de nacionalidad colombiana, en el prostíbulo Brut ubicado Vicente López a metros de av Pueyrredón en el barrio de Recoleta. La jueza Servini de Cubria nunca aceptó la querella de Lorena Martins y tampoco de la Fundación Alameda.
El Lauchón
En el video también aparece El Lauchón, en realidad Pedro Tomás Viale asesinado la semana pasada en un turbio allanamiento por una causa de drogas, integraba la ex SIDE y era parte de la banda de Stiusso y, Martins. De hecho El Lauchón fue acusado en su momento por Lorena Martins de haberla amenazado cuando ella denunció a su propio padre.
El actual abogado de la familia del Lauchón es Santiago Blanco Bermúez. Éste letrado defiende al poderoso espía Stiusso, y fue apoderado de Casinos bs.As. S.A., como defensor de genocidas en causas de lesa humanidad.
“Jaime” Stiusso en el 2004 era acusado por el entonces ministro de justicia, Gustavo Beliz, de ser el real poder en los servicio de inteligencia y quien había llevado adelante las grabaciones subrepticias en los prostíbulos, como el antro Spartacus, al que asistía el juez Oyarbide.
Stiusso (de profesión ingeniero y casado) con fondos de la SI mantiene una red prostibularia y de empresas proveedoras del Estado con el director de Contrainteligencia SI, Horacio Germán García(ingeniero de UTN y casado). La sede formal de estos servicios queda en el barrio de Boedo, ubicada en Estados Unidos 3057.
Stiusso, quien figura al año 2008 en la AFIP como peluquero, y Horacio G. García mantienen prostíbulos con la administradora Paola Karina Fagil, conocida como “Yahid” y titular de varias cuentas bancarias.
Las sedes prostibularias donde suelen reunirse Stiusso y García es avenida Callao 1350, piso 14, “A”, quien regentea este privado es una tal “Macarena Bechara”, y en otro departamento en av Callao 1441, “E”.
Las empresas de estos espías sostenidas con fondos reservados: “Construcciones y Tecnologías SA” (comercial, financiera e inmobiliaria), “American Tape SRL”, “Establecimiento del Peregrino SA” (explotación de establecimientos agropecuarios y forestales) y “Juramento y Tres SRL”.
La regenteadora prostibularia
American Tape SRL, la integran Stiusso, García y Juan Carlos Loanu. Este último registrado como trabajador autonomo con ganancias de 15 mil pesos tiene su domicilio en Callao 1350, piso 14, “A”, la sede prostibularia.
Loanu representante de Glikana S.A. fue investigado en el 2008 por contrabando y a su vez es señalado como testaferro de Stiusso.
DENUNCIA PENAL DE PINO SOLANAS
Señor Juez Federal:
FERNANDO EZEQUIEL SOLANAS, Diputado de la Nación, con domicilio real en la calle Riobamba 25, piso 12, 1217 y constituyéndolo a los efectos legales en la calle Rivadavia 1829, piso 6°, ante V.S. me presento y como mejor proceda en derecho digo:
Que vengo a promover formal denuncia penal contra el Secretario de Inteligencia, Dr. HECTOR ICAZURIAGA, el Subsecretario de Inteligencia, Sr. JOSÉ F. LARCHER, ambos con domicilio en la Secretaría de Inteligencia, calle 25 de mayo 11/33 de esta ciudad de Buenos Aires, por la posible comisión de los delitos previstos y penados por los arts. 248 y 249 del Código Penal de la Nación, de conformidad con las circunstancias de hecho que a continuación se exponen.
Hechos: Tal como surge de lo que consignan los diversos medios de prensa, el día martes 9 de julio el Grupo Halcón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, entró en el inmueble de la calle Rocha Blaquier 1502, de la localidad de Moreno, matando de cuatro tiros a una persona a la que se individualizó como Pedro Tomás Viale, apodado “El Lauchón”, quien supuestamente se habría resistido al allanamiento efectuado. Todo lo relacionado con este hecho criminal, no ha sido aclarado, como tampoco se informó oficialmente sobre las actividades que realizaba la víctima, en su carácter de miembro de la Secretaría de Inteligencia. Debido a que quizás las fuerzas policiales se habrían extralimitado en el procedimiento, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer un comunicado donde se expresaba: “En relación al enfrentamiento armado de fecha 9 de julio de 2013 en el cual resultara muerto Pedro Tomás Viale y herido el oficial principal Ricardo Núñez de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el ministerio de Justicia y Seguridad relevó al jefe de Narcotráfico, Superintendente Comisario General Marcelo Peña. “Ello, atento a la responsabilidad funcional en la ejecución de las órdenes de allanamiento y detención dictadas por el Juez Federal de Tres de Febrero, Dr. Juan Manuel Culotta.”Los procedimientos no contaron con la supervisión directa ni directivas del funcionario policial relevado tendientes a evitar el riesgo de vida del imputado y del personal policial interviniente”
Pedro Viale (el Lauchón) entro a trabajar a la entonces llamada Secretaría de Inteligencia del estado (SIDE) en el año 1977, con la categoría más baja de personal secreto ( B2, IN10), siendo destinado al edificio del Correo Central, con el nombre de fantasía del Agente Vélez. Según algunas informaciones con posterioridad conoció a Raul Martins, célebre dueño de prostíbulos en la Argentina y en el exterior. Este sujeto fue denunciado por su propia hija y debido a ello la organización La Alameda investigó uno de sus prostíbulos, donde se encontró una menor de edad, y se hizo la respectiva presentación ante la UFASE, que es la Fiscalía Antitrata, habiéndose inspeccionado los prostíbulos que fueron clausurados. Según las pocas informaciones que se conocen, conoció después a Horacio Stiuso, que estaba al frente del área de Contrainteligencia, y a partir de allí su carrera fue ascendente, centrando su actividad en unos de los edificios secretos de la SI en la calle Estados Unidos, donde pareciera que estuvo casi 23 años. En su actividad, el referido Viale se habría conectado con narcotraficantes, supuestos terroristas, prostitutas. Contrabandistas y una serie de personajes que siempre se encuentran al margen de la ley.
Cabe mencionar que Horacio Stiuso u Horacio Jaime Stiuso, es Director de Operación de la Secretaría de Inteligencia y en tal carácter ha tenido una inescindible vinculación con una serie de hechos delictivos en los que se vieron involucrados funcionarios de los tres poderes del Estado. De esa vinculación también fueron partícipes, las máximas autoridades de la Secretaría de Inteligencia, como se encuentra acreditado en las diversas causas judiciales que tramitan en la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal.
De la cantidad de actividades ilícitas realizadas por la Secretaría de Inteligencia, cabe mencionar lo actuado durante el atentado a la AMIA, donde se suministraron fondos para obtener la confesión de Carlos Telleldín, imputado en la causa. También de allí salieron supuestamente los fondos para entregar a diversos senadores Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo José Constanzo, y Ricardo Alberto Branda y Emilio Marcelo Cantarero, en una causa donde existen varios procesamientos. Esas causas tomaron estado público, debido a la relevancia del hecho criminal en el caso AMIA, y el carácter de senadores de personas que habrían recibido diversas sumas de dinero para aprobar un proyecto de ley presentado por el gobierno de Fernando de la Rua, pero eso en modo alguno significa, que no hayan intervenido en otras actividades, que cuando fueron denunciadas, se archivaron de inmediato, o no se le dio ningún trámite debido a ese manto de silencio y secretismo que cubre todas las actividades que realiza la Secretaría de Inteligencia. Claro ejemplo de ello, son las relaciones con aquellos que regentean prostíbulos y que supuestamente la Secretaría de Inteligencia recluta, para recabar información sobre diversos personajes. Es tal el secretismo, y el poder de ese organismo, que el primer Ministro de Justicia y derecho Humanos del Presidente Kirchner, Gustavo Beliz, se vió obligado a renunciar por haber violado secretos “políticos y militares” mostrando en televisión la fotografía de Horacio Antonio Stiuso, alias Jaime. Cuando lo expulsaran del gobierno en julio de 2004, Beliz denunció a Stiuso, personaje público y conocido de la prensa, imputándole liderar una suerte de “Estado paralelo que genera un nivel de impunidad que no se quiere tocar”, osadía que lo llevó a tener que afrontar un largo proceso judicial. Beliz además tenía un proyecto que se apoyaba en el armado de un “FBI argentino”, con rango de Subsecretaria, dotada de una Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dirigida por una personalidad civil elegida por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. El diseño respondía a la voluntad de sanear los aparatos de justicia y seguridad, otorgándoles a los civiles nombrados democráticamente la supervisión de la represión interna, junto a la potestad de revisar los estatutos de la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia. Esta última perdía así su razón de ser. Se programaba incluso quitarle sus posibilidades de intervención a lo ancho del país en los llamados “delitos complejos”, por ejemplo los secuestros, el narcotráfico, la falsificación de documentos y ciertas infracciones económicas. El enfrentamiento con el todopoderoso Director de la Secretaría de Inteligencia, fue aumentando a raíz del seguimiento por parte de Beliz de hechos en los que había denuncias vinculadas con Stiuso: entre otras, las célebres grabaciones en el prostíbulo gay Spartacus, que tuvieron a maltraer al todavía juez federal Norberto Oyarbide, y censuras por parte de familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA por la actuación en esa investigación de elementos vinculados con la Inteligencia del Estado.
Si bien por su naturaleza, las actividades de inteligencia deben ejercerse con la reserva debida, y en muchos casos secretamente a los efectos de detectar acciones delictivas, ello no significa en modo alguno permitir la permanente intromisión en actos que le son ajenos, la falta de control sobre los fondos que recibe, la contratación de personal no idóneo, que no se ajusta a la normativa legal y el involucramiento en actividades al margen de la ley. En caso de Viale, es un ejemplo de los manejos y de la forma de trabajar de la Secretaría de Inteligencia, que escapa a toda normativa legal y a todo control, por lo cual es un poder, dentro del poder, al que nadie se anima a cuestionar, y desnuda como se transgrede impunemente el orden jurídico del Estado.
La Ley 25.550 de Inteligencia Nacional, establece con claridad los lineamientos de los organismos de inteligencia y en forma específica de la Secretaria de Inteligencia, con una serie prohibiciones como los establecen los artículos que se trascriben a continuación: ARTICULO 4° — Ningún organismo de inteligencia podrá: 1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley. 2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. 3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo. 4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial. ARTICULO 5° — Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario de prohibiciones. Como lo denunciara el ex Ministro Beliz, esas normas han sido sistemáticamente violadas por la Secretaría de Inteligencia, y cabría efectuar una investigación exhaustiva, sobre las personas que son materia de la presente imputación, y de todas aquellas que participaron en acciones expresamente prohibidas por la legislación.
La referida norma legal, también establece en su artículo 23 que: “Los funcionarios o miembros de un organismo de inteligencia serán ciudadanos nativos, naturalizados o por opción y mayores de edad que cumplan con las condiciones fijadas en la presente ley y en su reglamentación, y que por su conducta y vida pública proporcionen adecuadas garantías de respeto a la Constitución Nacional y a las normas legales y reglamentarias vigentes. No podrán desempeñarse como funcionarios o miembros de ningún organismo de inteligencia las siguientes personas: 1. Quienes registren antecedentes por crímenes de guerra, contra la Humanidad o por violación a los derechos humanos, en los archivos de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o de cualquier otro organismo o dependencia que pudieren sustituirlos en el futuro. 2. Quienes se encontraren incluidos en las inhabilitaciones que se establezcan en los estatutos en los que se encuentre encuadrado el personal de los respectivos organismos de inteligencia.”. Al respecto, las normas en la cuales debería encuadrarse el personal de inteligencia, están contenidas en la Ley 18.503 que tuviera carácter secreto, hasta que la ley 26.134, dejó sin efecto ese carácter y de todas las leyes secretas, estableciendo la prohibición de dictar ese tipo de normas en lo sucesivo, y allí se establecen determinadas prohibiciones que se deberían observar y que pareciera que el Sr. Viale transgredió, sin haber sido observado por sus superiores, al tener conocimiento de que se estaba violando la Ley. Ello surge de la causa por drogas que lleva adelante el Juzgado federal de Tres de Febrero a cargo del Dr. Juan Manuel Culotta, que hacía más de un año estaba realizando investigaciones, habiendo individualizado a Viale, por lo cual se procedió a intervenir sus teléfonos, con intervención de la propia Secretaría de Inteligencia, que de tal manera conocía perfectamente sus actividades. Hay informaciones, que indican que también tenía una causa abierta por estafa, y estaba con pedido de captura, pero en toda la confusa información que da marco a todos estos hechos, no puede establecerse por ahora con certeza, la realidad o no de un prontuario complicado.
Lo que resulta inconcebible, es que un funcionario de nivel de la Secretaría de Inteligencia esté vinculado a una serie de actos claramente delictivos, resultando además claramente sospechosa la forma en que fue abatido; como si el Grupo Halcón, altamente especializado en este tipo de operaciones, hubiera recibido una suerte de “autorización” para matarlo, a los efectos de impedir que hablara. A ello se suma que los máximos dirigentes del organismo hayan tolerado la presencia de un presunto delincuente entre el personal jerárquico, lo que hace suponer que existen cantidad de situaciones parecidas y personal reclutado que no reviste las mínimas condiciones operativas y legales para trabajar en la institución.
Como lo mencionara anteriormente, el más absoluto secreto rige, no solo sobre las actividades que desarrolla la Secretaría de Inteligencia, sino que también resulta imposible conocer sus presupuestos, su nómina de personal, y el resultado concreto de las investigaciones realizadas, como si ninguna disposición legal la alcanzara. Es importante mencionar que en el año 2006 el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitó conocer el nombre de sus agentes sobre la dictadura militar y no obtuvo ninguna respuesta; que el funcionario Horacio Stiuso prestó servicios en 1978 para el Gral. Carlos Alberto Martínez, quien concentraba junto al Batallón de Inteligencia 601 toda la información sobre la represión ilegal, y que tenía vinculaciones con el coronel Rubén Visuara, de quien dependía el centro clandestino Automotores Orletti.
Resulta inaceptable que en un régimen supuestamente democrático y republicano, exista un organismo fuera de todo control estatal, que no rinde cuenta de sus actos, que se maneja con presupuestos secretos, que viola la propia normativa de inteligencia, que afecta los derechos constitucionales de los ciudadanos, que dispone de dinero para la realización de operaciones delictivas, como ha quedado demostrado en la causa Amia, y en el pago de coimas a senadores nacionales en el año 2001. También, que haya personal asignado a ese organismo que tenga vinculación efectiva con regenteadores, dueños de prostíbulos y con aquellos que se dedican sistemáticamente a la trata de personas, y extrañamente no son investigados, y las denuncias siempre se pierden en un mar de trámites burocráticos, cuando no prescriben, permitiendo que los delincuentes se vayan del país, para retornar cuando los procesos legales hayan terminado.
La actividad de Pedro Viale y de todos los que se encuentran en situación parecida ejerciendo actividades al margen de la Ley, debe ser materia de una rigurosa investigación judicial, ya que no resulta un hecho menor que esa clase de individuos formen parte de un organismo que depende de la Presidencia de la Nación, máxime cuando uno de ellos, ha sido materia de dos investigaciones criminales, que terminaran con su muerte. También resulta necesario, que V.S. investigue sobre todas aquellas actividades que han violado y lo siguen haciendo la normativa que rige las actividades del organismo, ya que no estamos ante un simple incumplimiento de disposiciones legales, sino ante una verdadera consagración del delito como sistema operativo, y de la violación clara de normas constitucionales que protegen a los ciudadanos en su intimidad. En el caso del denominado “Lauchón”, resulta evidente que su actividad nada tenía que ver con operaciones encubiertas, porque de otra manera resulta inexplicable que el Juez Federal de Tres de Febrero ordenara su detención, a lo que se suma la supuesta relación que tenía con el Director de Operaciones, el ya citado Antonio Stiuso o Antonio Jaime Stiuso, ya que las pocas informaciones que se tienen de su persona, no muestran la claridad suficiente para saber con exactitud su nombre, aunque si su apellido. En el caso de este funcionario de inteligencia, es importante destacar, que ha participado en las operaciones más importantes del organismo, y en los mencionados casos de la AMIA, y el pago de dinero a los senadores.
Que sin perjuicio de otras responsabilidades penales que pueden surgir, en el curso de la investigación es evidente, que el Dr. Icazuriaga y el Sr. Larcher tienen responsabilidad directa en todo lo actuado por sus subordinados, tanto Viale como Stiuso, además de estar hace diez años al Frente de la Secretaría de Inteligencia y siendo participes de todas las operaciones de la misma, y en razón de ello deben ser investigados, como así todo lo actuado por el organismo durante el tiempo que lo dirigieron, a los efectos de poder acreditar la realidad de las operaciones de Viale, y de todas aquellas en la que interviniera Horacio Stiuso, el intocable hombre, al que nadie se ha animado a investigar. La justicia Federal realizará un inestimable aporte a la República, al poner en claro la realidad de una institución presidencial que resulta una verdadera afrenta a los valores democráticos, condenando a los que violaran la legalidad y participaran o fueran cómplices de delitos.
Por lo anteriormente expuesto a V.S. solicito:
1.- Se tenga por efectuada la presente denuncia contra las personas indicadas en el párrafo segundo de este escrito, eventuales coparticipes y responsables.
2.- Se cite al suscripto a ratificar la misma, a los efectos que correspondan.
3.- Oportunamente se proceda a la apertura de la investigación, procediéndose a la condena de los responsables de los delitos denunciados.
Proveer de Conformidad
SERA JUSTICIA
ADDENDA:
La foto que habla...
Hay más:
http://www.paginapopular.net/entrevista-a-lorena-martins-quien-denuncio-a-su-padre-raul-martins-ex-agente-de-la-side-por-trata/
Finalmente se juntan los servicios, Macri, el fiscal que reemplaza a Nisman...
CASO MARTINS / Piden informes a BOCA para resolver RECUSACIÓN a POLLICITA por vínculos con MACRI
Lo hizo el juez federal Sergio Torres previo a expedirse sobre un planteo de recusación de Lorena Martins contra el fiscal Pollicita, a quien vinculó con Macri por haber trabajado en Boca Juniors. La denunciante señaló que el funcionario judicial fue designado en mayo de 2007 como integrante de la Comisión Asesora de Seguridad Deportiva en Boca, y que entre 1995 y 2008 el Jefe de Gobierno fue presidente del club. A raíz de ello, adujo que tiene una “amistad” con Macri, y con el ex jefe de Control Gubernamental Oscar Raúl Ríos, quien trabaja en Boca y a quien ella señaló en su denuncia como la persona que recibía dinero por parte de su padre Raúl Martins, los cuales tenían como fin aportar a la campaña política de Macri. En tanto, el próximo miércoles Oyarbide retoma de sus vacaciones y podría o no excusarse de seguir teniendo la investigación a su cargo, a raíz que la denunciante dijo que tiene vínculos con su padre. La denuncia que presentó en Buenos Aires contra su padre, Raúl Martins, despertó interés en México, uno de los puntos de la red de trata. Aquí, la ministra Garré entregó las pruebas que aportó Lorena al procurador Righi.El juez federal Sergio Torres pidió informes a Boca Juniors para conocer en que época trabajo en el club el fiscal Gerardo Pollicita, previo a expedirse por la recusación que planteó contra este último Lorena Martins, en el marco de la denuncia que hizo contra su padre por proxenetismo.
Días atrás, Lorena Martins recusó al fiscal Pollicita al señalar que el funcionario judicial fue designado en mayo de 2007 como integrante de la Comisión Asesora de Seguridad Deportiva en Boca, y que entre 1995 y 2008 el Jefe de Gobierno fue presidente del club.
A raíz de ello, adujo que tiene una “amistad” con Macri, y con el ex jefe de Control Gubernamental Oscar Raúl Ríos, quien trabaja en Boca y a quien ella señaló en su denuncia como la persona que recibía dinero por parte de su padre Raúl Martins y los cuales tenían como fin aportar a la campaña política de Macri.
El juez Torres, quien subroga el juzgado N° 7 de Oyarbide, es quien debe resolver la recusación contra el fiscal, y previo a ello pidió informes al Club para conocer las fechas concretas en que ingresó a trabajar y hasta que fecha y año el fiscal Pollicita.
No obstante, ante el retorno del juez Oyarbide de sus vacaciones el próximo miércoles, puede que sea éste juez quien resuelva si acepta o no la recusación contra el fiscal Pollicita, quien tiene delegada la investigación.
A su vez, si bien las fuentes aseguraron que no consta en el expediente una recusación formal contra el juez Oyarbide, de quien Lorena dijo que tiene “vínculos” con su padre Raúl Martins, sí hay agregado a la causa un incidente sobre los dichos de la denunciante y puede que el magistrado opte por excusarse de seguir interviniendo.
En tanto, ayer el Ministerio de Seguridad de la Nación aportó el extenso testimonio y una gran cantidad de pruebas que dio Lorena ante la Procuración General de la Nación, lo que se prevé luego sea presentado ante un juez.
Lorena Martins acusó a su padre, un ex agente de inteligencia entre 1974 y 1987, de proxenetismo al ser dueño de varios prostíbulos vips en Cancún y la Ciudad de Buenos Aires, así como por trata de personas.
En las últimas horas, trascendió que en los próximos días, Lorena Martins viajará a México a presentar las pruebas que dice tener contra su padre, y luego que las autoridades tomaran nota de sus denuncias en nuestro país.
Fuente: Online-911
