Desafíos de la democracia (I): Isonomía por Dante Palma
IXX-2014
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domingo, 21 de diciembre de 2014
Que se cumpla un nuevo aniversario de la democracia en Argentina es siempre un motivo de festejo y de alegría que no puede empañarse por el listado objetivo de aquellas cosas que faltan. Simplemente hay que celebrar porque llevamos la continuidad democrática más larga de nuestra breve historia como país y porque hemos resuelto institucionalmente momentos enormemente difíciles. Pues si bien nadie puede aseverar la verdad o la falsedad de enunciados contrafácticos (aquellos que dicen “Si hubiera pasado esto, entonces….”), crisis como la de 1989, 2001 e incluso, yo agregaría, la del conflicto con las patronales del campo en 2008, probablemente, en otro contexto, hubieran terminado en la imposición de regímenes autoritarios. Entonces si bien podría decirse que esto es parte de un nuevo escenario regional y mundial en el que ya no hay lugar para fracturas institucionales como las que hemos vivido a lo largo del siglo XX, lo cierto es que la Argentina ha superado situaciones límite.
A su vez, si hacemos un breve repaso de la historia reciente de nuestra democracia, pasaremos por la efervescencia de la primavera alfonsinista, años en los que la sociedad argentina se aferró al logro de volver a conquistar los derechos civiles y políticos. Claro que cuando aquel gobierno de Alfonsín intentó ir por más y, bajo el paradigma social demócrata, pretendió avanzar de la igualdad formal hacia algún esbozo de igualdad material, el Mercado “metió la cola” y estableció un dique de contención que preanunciaba la necesidad de terminar de estructurar un orden económico que había comenzado con la dictadura militar pero que lograría instalarse definitivamente en la década del 90, ya no a sangre y fuego, sino con un importante apoyo popular.
La consecuencia de ese proyecto neoliberal fue la crisis de 2001 y, hasta el día de hoy, a veces con impotencia, seguimos siendo testigos de la maquinaria económica pero, por sobre todo, también institucional, social y cultural que ese cuarto de siglo 1976-2001 ha establecido. Así es que comparando la actualidad con algunos de los índices de la década del 50 y del 60, podría decirse que Argentina ha retrocedido o no ha avanzado lo suficiente. Al fin de cuentas, en términos generales, nuestro país, a pesar del achicamiento enorme de la brecha entre ricos y pobres producido en la última década, sigue siendo profundamente desigual. Pero lo insólito es que algunos intelectuales pretendidamente de izquierda coinciden con voces reaccionarias en adjudicar estos índices de desigualdad a la democracia como si hubiese sido ella la causante de buena parte de las deudas que tenemos como colectivo social. Y eso es un error porque fue el sistema económico impuesto durante estos años lo que hizo de Argentina y la región un espacio de profunda desigualdad con millones de pobres y un puñado de ricos. Si bien la democracia no es solo un sistema de selección de representantes sino también un modelo cultural y social de convivencia, ha sido el sistema económico vigente, con y sin democracia, el que explica la historia reciente de la Argentina y el mundo.
Por supuesto, cabe aclarar que con esto no se quiere decir que se pueda separar la democracia de un determinado orden material. Creo, de hecho, que no puede ni debe hacerse ello. Pero en todo caso tendremos que hablar de en qué tipo de democracia vivimos y vinculada a qué orden material están las democracias occidentales.
Con todo, dejaré para otra ocasión este punto, y me centraré en lo estrictamente formal, incluso para problematizar algunas de las aseveraciones hechas anteriormente. Puntualmente, pregunto: ¿qué le falta a nuestra democracia para ser una democracia plena, incluso en este formato de democracia liberal que paradójicamente se encuentra más preocupada por las minorías que por las mayorías?
Por lo pronto le falta cumplir con alguno de los que fueron los rasgos esenciales desde su origen. Por razones de espacio me restringiré, por ahora, a uno de ellos en particular: el principio de “isonomía”.
Para quien no está familiarizado con el término, isonomía significa “igualdad ante la ley” y fue una de las conquistas que cobró mayor esplendor allá por el siglo V AC en la Atenas de Pericles. Tal conquista fue producto de luchas, disputas y tradiciones que estudiosos de la antigüedad, como Werner Jaeger, ubican ya en el siglo VIII AC y que se fueron materializando en las sucesivas reformas del Estado llevadas adelante por Solón y Clístenes entre otros.
La cuestión era bastante sencilla: el derecho estaba en manos de la nobleza y la decisión justa era administrada discrecionalmente por la clase social beneficiada a través de la voz del sacerdote que resolvía según la tradición ante la ausencia de ley escrita. De modo tal que una de las principales exigencias de los ciudadanos libres que pujaban por una sociedad más igualitaria sin derechos especiales para una casta, fue, simplemente, que existiera un código escrito que sea público. La razón era que, de ese modo, las sentencias no podrían ser arbitrarias ya que el mismo código que identificaba la falta y determinaba la pena sería reconocido y valdría para todos por igual.
Sin idealizar una sociedad en la que existían humanos no ciudadanos y si bien siempre es difícil comparar, probablemente aquella Atenas del siglo V AC haya sido uno de los máximos exponentes de sociedad igualitaria en el ámbito formal, igualdad que, insistimos, se restringía a aquellos que gozaban del beneficio de ser ciudadanos. Pero ni aquella ni nuestras sociedades han logrado que, en la práctica, todos los ciudadanos sean tratados igual por la ley. Dicho de otra manera, la franja etaria y socioeconómica que inunda las cárceles y las dificultades de acceso a la justicia de los sectores más vulnerables muestra que, en los hechos, la justicia selecciona y es funcional a los intereses de una determinada clase social, algo que, como pocas veces, se está viendo en el modo cómplice en que un sector del poder judicial actúa en defensa de las corporaciones económicas. En este sentido, ¿de qué igualdad ante la ley hablamos cuando el poder económico se beneficia con cautelares o la prensa opositora, autoincriminando a los propios jueces, revela que muchos de ellos se reúnen para embestir contra un gobierno elegido por el pueblo? ¿Y de qué igualdad ante la ley hablamos si un juez de Estados Unidos es capaz de derribar el canje de deuda soberano de un país por capricho y connivencia con fondos especulativos? Esto demuestra que tanto en el ámbito del derecho interno como en el ámbito del derecho internacional, no hay isonomía y que, a pesar de existir leyes escritas, la discrecionalidad al servicio de los poderes fácticos sigue tan vigente como hace 2500 años. Por ello, cuando se hace historia y se encuentra que uno de los grandes avances de la antigüedad en materia de igualdad fue el de separar la ciudadanía (y por ende, la igualdad ante la ley) de la posesión de tierras y los bienes económicos, debe pensarse que, de manera mucho más sutil, el trato diferenciado por la pertenencia a una determinada clase social tiene hoy un sistema económico e institucional que ha delegado en el poder judicial la función de legitimarse. (Continuará)
Publicado por Dante Augusto Palma en 18:43
