Buitres, deuda, cipayos...
"El conflicto originado con la deuda externa de Argentina a partir de la presión del capital especulativo internacional y con la connivencia del gobierno de EEUU obliga a reforzar la difusión y comprensión del concepto y del origen mismo del endeudamiento. El proceso de gestación de la deuda y sus posteriores renegociaciones, incluídas la estatización y las condiciones de sometimiento a la justicia estadounidense, sumados a las complicidades locales de economistas y funcionarios formados en las escuelas neoliberales desembocaron en este presente de crisis y estos textos proponen un acercamiento a dicha comprensión.
Las notas que siguen, tomadas a partir de la publicación de indiepolitik no son más que la unificación de los textos referenciados para facilitar la lectura y son un buen punto de partida"
IXX-2014
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"–¿Qué impacto tuvo el seguro de cambio que implementó el Banco Central en 1982?
–Fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5.300 a 45.000 millones. Cavallo les dijo a las empresas más beneficiadas, como Celulosa, Pérez Companc, Citibank, Acindar, Bridas, Alpargatas, Banco Ganadero, Fortabat y Techint, que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa forma, les licuó la deuda, en medio de un período de alta inflación. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio, que estaba decretado hasta 1986.
Alfonsín, evalúa Galasso, intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. “Incluso logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Hoz del estudio Klein-Mairal. Esa información se encuentra hoy en el Congreso”, revela. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. “Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos”, recuerda. En 1988, ocho meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda. Carlos Menem “arregló las cosas, a favor de los acreedores, con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18 por ciento”.
“Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones de dólares, y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado, que condiciona el futuro de varias generaciones”, interpreta Galasso. De la Rúa terminó con 132.000 millones".
Fuente
"Este mecanismo financiero les permite a grandes empresas endeudadas en dólares, asegurarse determinada cantidad de divisas extranjeras, que le será entregada entre uno o dos años a la cotización de hoy, aun cuando el dólar haya crecido su valor en dos, tres o más veces.
En concreto, se trata de una estatización, pues el Estado carga con una diferencia muy importante, es decir, significa una transferencia de deuda desde el sector privado hacia el Estado. Alfredo y Eric Calcagno estiman que dicha transferencia alcanza, entre 1981 y 1983, a 14.500 millones de dólares. Por su parte, Claudio Lozano, posiblemente en razón de que los seguros de cambio operan durante un tiempo más, se refiere a la "estatización de cerca de 20.000 millones de deuda privada.
Estadísticas revelan esa transferencia de deuda de un puñado de empresas sobre el resto de los argentinos. Varias de ellas, las más importantes, operan luego en el negocio de capitalización de la deuda a través del cual se privatizan las empresas de servicios públicos. O lo que es lo mismo: ellas contrajeron deuda externa, la transfirieron al Estado a través de la estatización, luego cuando esos mismos títulos cayeron a valores muy bajos en el mercado mundial los adquirieron convirtiéndose en acreedores de deuda externa y con esos mismos títulos –a través de los cuales ellos compraban barata la misma deuda externa que habían contraído y no habían pagado, ahora cotizados a valor nominal- se quedaron con las empresas públicas".
Por David Cufré
Por Maximiliano Montenegro
Las notas que siguen, tomadas a partir de la publicación de indiepolitik no son más que la unificación de los textos referenciados para facilitar la lectura y son un buen punto de partida"
IXX-2014
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martes, 26 de agosto de 2014
Documento: 1985 #Buitreshttp://indiepolitik.blogspot.com.ar/2014/08/documento-1985-buitres.html
–Fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5.300 a 45.000 millones. Cavallo les dijo a las empresas más beneficiadas, como Celulosa, Pérez Companc, Citibank, Acindar, Bridas, Alpargatas, Banco Ganadero, Fortabat y Techint, que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa forma, les licuó la deuda, en medio de un período de alta inflación. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio, que estaba decretado hasta 1986.
Alfonsín, evalúa Galasso, intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. “Incluso logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Hoz del estudio Klein-Mairal. Esa información se encuentra hoy en el Congreso”, revela. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. “Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos”, recuerda. En 1988, ocho meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda. Carlos Menem “arregló las cosas, a favor de los acreedores, con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18 por ciento”.
“Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones de dólares, y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado, que condiciona el futuro de varias generaciones”, interpreta Galasso. De la Rúa terminó con 132.000 millones".
Fuente
"Este mecanismo financiero les permite a grandes empresas endeudadas en dólares, asegurarse determinada cantidad de divisas extranjeras, que le será entregada entre uno o dos años a la cotización de hoy, aun cuando el dólar haya crecido su valor en dos, tres o más veces.
En concreto, se trata de una estatización, pues el Estado carga con una diferencia muy importante, es decir, significa una transferencia de deuda desde el sector privado hacia el Estado. Alfredo y Eric Calcagno estiman que dicha transferencia alcanza, entre 1981 y 1983, a 14.500 millones de dólares. Por su parte, Claudio Lozano, posiblemente en razón de que los seguros de cambio operan durante un tiempo más, se refiere a la "estatización de cerca de 20.000 millones de deuda privada.
Estadísticas revelan esa transferencia de deuda de un puñado de empresas sobre el resto de los argentinos. Varias de ellas, las más importantes, operan luego en el negocio de capitalización de la deuda a través del cual se privatizan las empresas de servicios públicos. O lo que es lo mismo: ellas contrajeron deuda externa, la transfirieron al Estado a través de la estatización, luego cuando esos mismos títulos cayeron a valores muy bajos en el mercado mundial los adquirieron convirtiéndose en acreedores de deuda externa y con esos mismos títulos –a través de los cuales ellos compraban barata la misma deuda externa que habían contraído y no habían pagado, ahora cotizados a valor nominal- se quedaron con las empresas públicas".
Más información: https://docs.google.com/document/d/1Go3d_JVGsOTeC4Hh-mAnLEQPCp5Pl-kcWraD89oW6GI/edit
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Nacimiento y reproducción de la deuda externa
Autor de una obra que va desde la primera libra comprometida hasta la explosión menemista, Galasso encuentra un patrón de conducta: siempre la negocian los mismos, el que la toma es empleado del que presta y se descontrola en dictaduras. El resultado es gran peso “que comprometerá a varias generaciones”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-36688-2004-06-14.html
Por David Cufré
Antes del golpe de Estado de 1976, el estudio jurídico de Guillermo Walter Klein era apoderado en la Argentina de dos bancos extranjeros. El número de clientes creció a más de veinte cuando Klein se convirtió en la mano derecha de José Alfredo Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía. Desde ese puesto, tomaba créditos para el país con los mismos bancos a los que representaba. “Fue una de las tantas veces en que el gobernante y el prestamista estuvieron sentados del mismo lado de la mesa, enfrentados a los intereses del país”, reflexiona el historiador Norberto Galasso en su atrapante relato sobre el nacimiento y la reproducción de la deuda argentina. En el estudio de Klein-Mairal trabajaban los hijos de Mariano Grondona y de Martínez de Hoz, quienes en 1985 “se fugaron con valijas repletas de documentación que probaba la ilegitimidad de la deuda” contraída por la última dictadura.
Galasso utiliza la anécdota de Klein para dar cuenta de un patrón que se repite a lo largo de la historia, con personajes que pasaron de tomar decisiones claves en nombre del Estado, aumentando el endeudamiento, a trabajar para los acreedores. “Daniel Marx fue negociador de la deuda con Alfonsín, Menem, Cavallo y De la Rúa, y en el medio fue socio de Nicholas Brady”, señala el autor de Historia de la deuda externa argentina, de la banca Baring al FMI. Brady fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos que en 1992 diseñó un plan de reestructuración de la deuda latinoamericana muy ventajoso para los bancos acreedores, al que Menem y Cavallo adhirieron con fervor.
La lista es mucho más amplia, arranca con Manuel García en 1824 y pasa por Norberto de la Riestra, Lucas González, Alvaro Alsogaray, Adalbert Krieger Vasena, Martínez de Hoz y Cavallo, por mencionar sólo a los más “célebres” ministros de Economía.
Una de las conclusiones a las que llega Galasso es que la deuda fue –y es– un instrumento de dominación, verificable desde el primer empréstito con la banca inglesa hasta los acuerdos con el FMI. “La deuda da derechos al acreedor para imponer condiciones”, explica el historiador, quien además enseña que en el caso argentino existe un drama adicional: en muchos casos la deuda no tiene contrapartida, porque el país toma préstamos, pero no se capitaliza sino que utiliza los fondos para enriquecer a una clase social, incluso mediante guerras o represión, financiadas con esos mismos créditos. “La prueba está en que la plata de argentinos en el exterior es hoy casi tanta como lo que debe el Estado”, argumenta.
–¿Cuándo arranca la historia de la deuda?
–En 1824, con el empréstito de la Baring Brothers. Para la misma época el imperio británico concede financiamiento a varios países latinoamericanos (México, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica) que estaban saliendo de su vinculación con España y querían presentarse como independientes. Canning, el primer ministro, los reconoce. Pero al mismo tiempo Inglaterra firma acuerdos de comercio y amistad recíprocos, que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban en la región. Para la Argentina esa deuda no fue requerida, sino impuesta. Fue la forma en que el gobierno británico nos enganchó económicamente.
–Pero aquí alguien lo aceptó.
–Claro, y fue un escándalo. El primer negociador fue José Manuel García, ministro de Hacienda de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824. Los otros ministros eran Rivadavia y De la Cruz. Aunque parezca insólito, enviaron a Inglaterra a negociar el empréstito a un comerciante inglés, llamado Robertson, y a otro comerciante que hacía negocios con los ingleses, llamado Félix Castro.
–¿Para qué se quería el dinero?
–En teoría para dragar el Río de la Plata, mejorar el puerto y para obras de salubridad. La deuda fue por 1 millón de libras, pero a la provincia llegaron sólo 140.000. Del resto, 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano, otras 150.000 fueron la coima que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la banca Baring cobró dos años de intereses por adelantado, más un 1 por ciento de amortización de capital: 130.000 libras. La comisión (blanca) por la operación fue de 25.000. Y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices, aceptado por el gobierno.
Al tercer año de la colocación de los títulos, el gobierno no pudo seguir pagando. El default –relata Galasso, sentado en su estudio que es un altillo repleto de libros, recortes de diarios y papeles desplegados por donde se mire– duró hasta 1857, cuando Norberto de la Riestra aparece en escena como el sucesor histórico de García, bajo el gobierno bonaerense de Valentín Alsina. En reconocimiento de los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2,5 millones de libras, contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas. “El representante inglés que negocia con De la Riestra les comunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque era muy superior a sus pretensiones originales”, detalla Galasso.
Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la Nación, legitimando lo actuado por Alsina y De la Riestra. Y después acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2,5 millones de libras adicionales, para lanzarse a la guerra con Paraguay. Pero, nuevamente, de los 2,5 millones de libras asumidos como deuda, el país recibe sólo 1,9 millón debido a los descuentos por el “riesgo país y las comisiones”.
Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para continuar la guerra y “para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento de Entre Ríos”, cuenta Galasso. “Posiblemente Sarmiento también haya utilizado parte del dinero para construir escuelas. Sería una de las pocas veces en que existiría contrapartida, porque el drama de la deuda argentina es que la plata se usó para cualquier cosa, sobre todo para robarla, en lugar de ir adonde se suponía. En Brasil, al menos, se ven las fábricas. Se endeudaron, pero se capitalizaron”, describe Galasso. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba los 14,5 millones de libras.
Tomar deuda para pagar deuda es otra conducta que se repite a lo largo de la historia, con intereses y condiciones cada vez más perjudiciales para el país. En ese sentido, Lucas González, ministro de Hacienda de Nicolás Avellaneda, es identificado por Galasso como el continuador de García y de De la Riestra. Pero en 1890, el gobierno del ultraliberal Juárez Celman no puede cubrir más los compromisos generados con la banca Baring, por más que quisiera. “Hay dos versiones sobre las consecuencias de este hecho. Una es que la caída de la banca Baring se produce a raíz del default argentino. A mí me parece un poco exagerado. Considero que los problemas se agravaron, pero que ya venían desde 1888”, estima Galasso.
Carlos Pellegrini, sucesor del depuesto Juárez Celman, termina renegociando la deuda, para lo que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado. Los compromisos, igualmente, son muy pesados. Al final del gobierno de Sáenz Peña la deuda ya está en 78 millones, nivel que se mantiene durante la gestión de Roca, quien incorpora a Francia como prestamista. En cambio, se desboca con la administración del también ultraliberal Manuel Quintana: llega a 120 millones de libras.
–¿En algún momento se detiene el ascenso?
–Con Yrigoyen. Cuando aparecen gobiernos que son expresión popular, más allá de todos los defectos, contradicciones y debilidades que hayan tenido, la deuda baja. Lo mismo ocurre con Perón, Illia y Cámpora. En su primer gobierno Yrigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras. Alvear le devuelve el poder con obligaciones por 142 millones, y él vuelve a achicarlas a 135 millones. Es cierto que la primera vez se vio ayudado por el freno a las importaciones por la Primera Guerra Mundial. Y lo mismo ocurre con Perón con la Segunda Guerra.
“Con Perón es el único momento en que se llega a la deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones (pero ya de dólares, porque a partir de entonces Galasso hace la conversión) que quedaban”, afirma el historiador. Igualmente, hay un debate respecto a este tema, porque Perón tenía una deuda comercial flotante de unos 700 millones de dólares. “Pero el que la transforma en deuda financiera no es él, sino Aramburu y Krieger Vasena en 1957. Fuentes peronistas dicen que la deuda que Perón tenía en 1955 era de 57 millones”, sostiene el investigador.
Aramburu adhiere al FMI y Krieger Vasena asume en el Club de París como deuda financiera aquella deuda comercial flotante de 700 millones de dólares. “Desde ese momento empieza a tener peso el FMI y Estados Unidos desplaza claramente a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina”, indica Galasso. “Con Frondizi –continúa– la deuda pasa a 1200 millones de dólares. Esta es la etapa marcada por Krieger Vasena y Alvaro Alsogaray. La deuda sólo desciende durante el gobierno de Illia. Guido le había entregado el poder con compromisos por 2000 millones de dólares y él los achica a 1700 millones. Pero se produce el golpe, pasan Onganía, Levingston y cuando Lanusse entrega el poder la deuda está en 3700 millones de dólares.”
Krieger Vasena, después de ser funcionario, pasa a ocupar un alto cargo como ejecutivo de la multinacional alimentaria Deltec Internacional, de capitales estadounidenses. Y más tarde recae en el Fondo Monetario. “El breve gobierno de Héctor Cámpora reduce la deuda a 3400 millones de dólares, después viene Perón y ya con Isabel la cosa se desbarranca”, sostiene Galasso. Cuando se produce el golpe de Estado la deuda se ubica en 5300 millones de dólares. Pero con la dictadura se convierte en el principal problema económico del país. La deuda pasa a 30.000 millones de dólares. “Se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas, pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera, que enriqueció a unos pocos”, remarca Galasso.
Es otra etapa donde la deuda es, de algún modo, impuesta. La banca estadounidense tiene un gran exceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes, que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo de 1973. “Ese dinero necesitan colocarlo en algún lado. La tasa de interés es de 4 por ciento anual y los bancos cargan con los costos de las comisiones, con tal de poder prestar el dinero”, ilustra el historiador. Martínez de Hoz, desde el Palacio de Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros. “Hay contratos de deuda donde está negociando por las dos partes la misma persona”, puntualiza Galasso, haciendo referencia a los negocios del estudio Klein-Mairal relatados al comienzo.
–¿Qué impacto tuvo el seguro de cambio que implementó el Banco Central en 1982?
–Fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5300 a 45.000 millones. Cavallo les dijo a las empresas más beneficiadas, como Celulosa, Pérez Companc, Citibank, Acindar, Bridas, Alpargatas, Banco Ganadero, Fortabat y Techint, que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa forma, les licuó la deuda, en medio de un período de alta inflacionario. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio, que estaba decretado hasta 1986.
Alfonsín, evalúa Galasso, intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. “Incluso logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Hoz del estudio Klein-Mairal. Esa información se encuentra hoy en el Congreso”, revela. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. “Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos”, recuerda. En 1988, ocho meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda. Carlos Menem “arregló las cosas, a favor de los acreedores, con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18 por ciento”.
“Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones de dólares, y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado, que condiciona el futuro de varias generaciones”, interpreta Galasso. De la Rúa terminó con 132.000 millones. “Ahora está en 180.000 millones. Con la última propuesta del Gobierno quedaría en 140.000 millones. Implica un peso tremendo para las generaciones futuras. Habrá que obtener un superávit fiscal que representa un porcentaje muy alto del presupuesto nacional. Habrá pocos recursos para educación, salud y obra pública. Es someterse a una especie de esclavitud permanente”, advierte el investigador. Su conclusión, tras estudiar casi 200 años de historia de la deuda, es que “América latina en algún momento deberá inclinarse por el no pago. Para eso se requiere mucha fuerza política y apoyo popular. A este gobierno no se le puede pedir el no pago”, concluye.
Galasso utiliza la anécdota de Klein para dar cuenta de un patrón que se repite a lo largo de la historia, con personajes que pasaron de tomar decisiones claves en nombre del Estado, aumentando el endeudamiento, a trabajar para los acreedores. “Daniel Marx fue negociador de la deuda con Alfonsín, Menem, Cavallo y De la Rúa, y en el medio fue socio de Nicholas Brady”, señala el autor de Historia de la deuda externa argentina, de la banca Baring al FMI. Brady fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos que en 1992 diseñó un plan de reestructuración de la deuda latinoamericana muy ventajoso para los bancos acreedores, al que Menem y Cavallo adhirieron con fervor.
La lista es mucho más amplia, arranca con Manuel García en 1824 y pasa por Norberto de la Riestra, Lucas González, Alvaro Alsogaray, Adalbert Krieger Vasena, Martínez de Hoz y Cavallo, por mencionar sólo a los más “célebres” ministros de Economía.
Una de las conclusiones a las que llega Galasso es que la deuda fue –y es– un instrumento de dominación, verificable desde el primer empréstito con la banca inglesa hasta los acuerdos con el FMI. “La deuda da derechos al acreedor para imponer condiciones”, explica el historiador, quien además enseña que en el caso argentino existe un drama adicional: en muchos casos la deuda no tiene contrapartida, porque el país toma préstamos, pero no se capitaliza sino que utiliza los fondos para enriquecer a una clase social, incluso mediante guerras o represión, financiadas con esos mismos créditos. “La prueba está en que la plata de argentinos en el exterior es hoy casi tanta como lo que debe el Estado”, argumenta.
–¿Cuándo arranca la historia de la deuda?
–En 1824, con el empréstito de la Baring Brothers. Para la misma época el imperio británico concede financiamiento a varios países latinoamericanos (México, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica) que estaban saliendo de su vinculación con España y querían presentarse como independientes. Canning, el primer ministro, los reconoce. Pero al mismo tiempo Inglaterra firma acuerdos de comercio y amistad recíprocos, que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban en la región. Para la Argentina esa deuda no fue requerida, sino impuesta. Fue la forma en que el gobierno británico nos enganchó económicamente.
–Pero aquí alguien lo aceptó.
–Claro, y fue un escándalo. El primer negociador fue José Manuel García, ministro de Hacienda de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824. Los otros ministros eran Rivadavia y De la Cruz. Aunque parezca insólito, enviaron a Inglaterra a negociar el empréstito a un comerciante inglés, llamado Robertson, y a otro comerciante que hacía negocios con los ingleses, llamado Félix Castro.
–¿Para qué se quería el dinero?
–En teoría para dragar el Río de la Plata, mejorar el puerto y para obras de salubridad. La deuda fue por 1 millón de libras, pero a la provincia llegaron sólo 140.000. Del resto, 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano, otras 150.000 fueron la coima que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la banca Baring cobró dos años de intereses por adelantado, más un 1 por ciento de amortización de capital: 130.000 libras. La comisión (blanca) por la operación fue de 25.000. Y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices, aceptado por el gobierno.
Al tercer año de la colocación de los títulos, el gobierno no pudo seguir pagando. El default –relata Galasso, sentado en su estudio que es un altillo repleto de libros, recortes de diarios y papeles desplegados por donde se mire– duró hasta 1857, cuando Norberto de la Riestra aparece en escena como el sucesor histórico de García, bajo el gobierno bonaerense de Valentín Alsina. En reconocimiento de los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2,5 millones de libras, contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas. “El representante inglés que negocia con De la Riestra les comunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque era muy superior a sus pretensiones originales”, detalla Galasso.
Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la Nación, legitimando lo actuado por Alsina y De la Riestra. Y después acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2,5 millones de libras adicionales, para lanzarse a la guerra con Paraguay. Pero, nuevamente, de los 2,5 millones de libras asumidos como deuda, el país recibe sólo 1,9 millón debido a los descuentos por el “riesgo país y las comisiones”.
Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para continuar la guerra y “para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento de Entre Ríos”, cuenta Galasso. “Posiblemente Sarmiento también haya utilizado parte del dinero para construir escuelas. Sería una de las pocas veces en que existiría contrapartida, porque el drama de la deuda argentina es que la plata se usó para cualquier cosa, sobre todo para robarla, en lugar de ir adonde se suponía. En Brasil, al menos, se ven las fábricas. Se endeudaron, pero se capitalizaron”, describe Galasso. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba los 14,5 millones de libras.
Tomar deuda para pagar deuda es otra conducta que se repite a lo largo de la historia, con intereses y condiciones cada vez más perjudiciales para el país. En ese sentido, Lucas González, ministro de Hacienda de Nicolás Avellaneda, es identificado por Galasso como el continuador de García y de De la Riestra. Pero en 1890, el gobierno del ultraliberal Juárez Celman no puede cubrir más los compromisos generados con la banca Baring, por más que quisiera. “Hay dos versiones sobre las consecuencias de este hecho. Una es que la caída de la banca Baring se produce a raíz del default argentino. A mí me parece un poco exagerado. Considero que los problemas se agravaron, pero que ya venían desde 1888”, estima Galasso.
Carlos Pellegrini, sucesor del depuesto Juárez Celman, termina renegociando la deuda, para lo que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado. Los compromisos, igualmente, son muy pesados. Al final del gobierno de Sáenz Peña la deuda ya está en 78 millones, nivel que se mantiene durante la gestión de Roca, quien incorpora a Francia como prestamista. En cambio, se desboca con la administración del también ultraliberal Manuel Quintana: llega a 120 millones de libras.
–¿En algún momento se detiene el ascenso?
–Con Yrigoyen. Cuando aparecen gobiernos que son expresión popular, más allá de todos los defectos, contradicciones y debilidades que hayan tenido, la deuda baja. Lo mismo ocurre con Perón, Illia y Cámpora. En su primer gobierno Yrigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras. Alvear le devuelve el poder con obligaciones por 142 millones, y él vuelve a achicarlas a 135 millones. Es cierto que la primera vez se vio ayudado por el freno a las importaciones por la Primera Guerra Mundial. Y lo mismo ocurre con Perón con la Segunda Guerra.
“Con Perón es el único momento en que se llega a la deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones (pero ya de dólares, porque a partir de entonces Galasso hace la conversión) que quedaban”, afirma el historiador. Igualmente, hay un debate respecto a este tema, porque Perón tenía una deuda comercial flotante de unos 700 millones de dólares. “Pero el que la transforma en deuda financiera no es él, sino Aramburu y Krieger Vasena en 1957. Fuentes peronistas dicen que la deuda que Perón tenía en 1955 era de 57 millones”, sostiene el investigador.
Aramburu adhiere al FMI y Krieger Vasena asume en el Club de París como deuda financiera aquella deuda comercial flotante de 700 millones de dólares. “Desde ese momento empieza a tener peso el FMI y Estados Unidos desplaza claramente a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina”, indica Galasso. “Con Frondizi –continúa– la deuda pasa a 1200 millones de dólares. Esta es la etapa marcada por Krieger Vasena y Alvaro Alsogaray. La deuda sólo desciende durante el gobierno de Illia. Guido le había entregado el poder con compromisos por 2000 millones de dólares y él los achica a 1700 millones. Pero se produce el golpe, pasan Onganía, Levingston y cuando Lanusse entrega el poder la deuda está en 3700 millones de dólares.”
Krieger Vasena, después de ser funcionario, pasa a ocupar un alto cargo como ejecutivo de la multinacional alimentaria Deltec Internacional, de capitales estadounidenses. Y más tarde recae en el Fondo Monetario. “El breve gobierno de Héctor Cámpora reduce la deuda a 3400 millones de dólares, después viene Perón y ya con Isabel la cosa se desbarranca”, sostiene Galasso. Cuando se produce el golpe de Estado la deuda se ubica en 5300 millones de dólares. Pero con la dictadura se convierte en el principal problema económico del país. La deuda pasa a 30.000 millones de dólares. “Se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas, pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera, que enriqueció a unos pocos”, remarca Galasso.
Es otra etapa donde la deuda es, de algún modo, impuesta. La banca estadounidense tiene un gran exceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes, que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo de 1973. “Ese dinero necesitan colocarlo en algún lado. La tasa de interés es de 4 por ciento anual y los bancos cargan con los costos de las comisiones, con tal de poder prestar el dinero”, ilustra el historiador. Martínez de Hoz, desde el Palacio de Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros. “Hay contratos de deuda donde está negociando por las dos partes la misma persona”, puntualiza Galasso, haciendo referencia a los negocios del estudio Klein-Mairal relatados al comienzo.
–¿Qué impacto tuvo el seguro de cambio que implementó el Banco Central en 1982?
–Fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5300 a 45.000 millones. Cavallo les dijo a las empresas más beneficiadas, como Celulosa, Pérez Companc, Citibank, Acindar, Bridas, Alpargatas, Banco Ganadero, Fortabat y Techint, que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa forma, les licuó la deuda, en medio de un período de alta inflacionario. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio, que estaba decretado hasta 1986.
Alfonsín, evalúa Galasso, intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. “Incluso logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Hoz del estudio Klein-Mairal. Esa información se encuentra hoy en el Congreso”, revela. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. “Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos”, recuerda. En 1988, ocho meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda. Carlos Menem “arregló las cosas, a favor de los acreedores, con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18 por ciento”.
“Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones de dólares, y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado, que condiciona el futuro de varias generaciones”, interpreta Galasso. De la Rúa terminó con 132.000 millones. “Ahora está en 180.000 millones. Con la última propuesta del Gobierno quedaría en 140.000 millones. Implica un peso tremendo para las generaciones futuras. Habrá que obtener un superávit fiscal que representa un porcentaje muy alto del presupuesto nacional. Habrá pocos recursos para educación, salud y obra pública. Es someterse a una especie de esclavitud permanente”, advierte el investigador. Su conclusión, tras estudiar casi 200 años de historia de la deuda, es que “América latina en algún momento deberá inclinarse por el no pago. Para eso se requiere mucha fuerza política y apoyo popular. A este gobierno no se le puede pedir el no pago”, concluye.
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Pollo de Menem, mago de la deuda
Cuando era jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, el economista que Menem quiere como su ministro ayudó a detener las investigaciones de lavados y autopréstamos por miles de millones de dólares.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-19977-2003-05-11.html
Por Maximiliano Montenegro
Todo final tiene un principio. El candidato a ministro de Economía de Menem, Carlos Melconian, fue uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada, que ideó Domingo Cavallo como presidente del Banco Central de la dictadura. Según consta en los documentos oficiales a los que accedió Página/12, el joven Melconian, como jefe del Departamento de Deuda Externa de la entidad, archivó las investigaciones sobre fraudes cometidos por multinacionales y grupos económicos locales con los seguros de cambio a principios de los ochenta. El equipo de auditores del Central había detectado autopréstamos, créditos ficticios y otras maniobras dolosas por 6000 millones de dólares. Sin embargo, esas operaciones cuestionadas fueron registradas como legítimas y cargadas a la deuda pública argentina con la invaluable colaboración del hoy aspirante a ministro menemista.
En agosto de 1984, a instancias del primer titular del Banco Central de Alfonsín, Enrique García Vázquez, se crea el cuerpo de inspectores de la deuda externa, un equipo integrado por 20 funcionarios de carrera, con experiencia de auditoría. Meses antes, el Central había dictado una norma que disponía que todas las empresas con deudas contraídas en el exterior declararan ante la entidad las características del préstamo (monto, forma de pago, garantías) y del acreedor. Aunque parezca mentira, ése fue el primer registro de la deuda externa privada que confeccionó el Central.
Su importancia era crucial. Porque desde junio de 1981 –durante la gestión de Lorenzo Sigaut como ministro de Economía–, mientras el dólar volaba por las nubes, el Estado subsidiaba a las empresas con un tipo de cambio congelado para que pagaran sus deudas con acreedores extranjeros, siempre y cuando éstos aceptaran un estiramiento de plazos. Ese régimen de seguro de cambio fue perfeccionado por Cavallo, como presidente del Banco Central, en julio del ‘82. Meses después, el Tesoro nacional asumió directamente la deuda dolarizada frente a los acreedores, mientras las empresas le depositaban pesos devaluados. Para llevarlo al contexto actual: las empresas terminarían abonando la deuda pesificada “1 a 1” al Estado, mientras éste se comprometía pagarle al dólar libre a los acreedores extranjeros. Sólo que en pocos años la suba del dólar fue mucho mayor a la ocurrida desde enero pasado.
Los inspectores analizaron parte de los registros de los 8000 deudores privados que se apresuraron a declarar pasivos en moneda extranjera; auditaron los balances de las empresas y trataron de comunicarse con los acreedores para confirmar la existencia de los préstamos. Descubrieron que casi todas las mayores compañías del país, tanto multinacionales (como IBM, Esso, Kodak, Renault y Cargill, entre otras) como locales (Pérez Companc, Bridas, Macri y Aluar, entre otros) habían urdido groseras maniobras para beneficiarse de los seguros de cambio. Lo hicieron aplicando cuatro criterios de evaluación, propios del sentido común:
u La confirmación por parte del acreedor de la existencia de la deuda. La mayoría de los bancos extranjeros no contestó las circulares remitidas por el Central, lo que abría la sospecha de si realmente habían otorgado créditos a quienes declaraban que los habían recibido. Incluso, hubo algún banco que respondió que nunca había oído siquiera hablar de las empresas radicadas en la Argentina que supuestamente eran sus clientes.
u Supuestos créditos tomados en el exterior que en realidad eran “autopréstamos”, los cuales era ridículo considerar como deuda externa (pública) del país. Esto quedó demostrado en el caso de Renault Argentina, que poseía un crédito en el Barclays Bank de Bruselas y un depósito por igual monto en el mismo banco, como supuesta garantía. Pero también detectaron autopréstamos millonarios de Sideco y Socma, ambas del Grupo Macri, Cargill, Suchard, Ford y el Grupo Bulgheroni.
u El destino de los fondos, para determinar si habían sido aplicados a inversiones en la Argentina o habían engrosado la bicicleta financiera deMartínez de Hoz. El caso líder fue el Grupo Gotelli, que a través de un pool de 50 empresas había obtenido créditos por 200 millones de dólares para apalancar un rentable negocio financiero con garantía estatal.
u Si las divisas prestadas habían ingresado al país. El caso emblemático fue la firma holandesa Cogasco SA, por un monto de 918 millones de dólares, que nunca liquidó los dólares en el país.
Carlos lo hizo
Los informes de los inspectores eran elevados al Jefe de Departamento de Deuda Externa, Carlos Melconian, quien, antes que profundizar las investigaciones, se esforzaba por rebatirlas. En su defensa de la inocencia de empresas a las que les interesaba el país contaba con el respaldo de su superior, el gerente de Estudios y Estadísticas del sector Externo, Enrique Bour, otro prominente economista liberal. La actuación de Melconian y Bour era clave, porque si confirmaban las objeciones de los auditores, entonces la deuda no se consideraba registrable y el Estado dejaba de asumirla como propia. Pero sólo ratificaron un puñado de expedientes menores y, por el contrario, en la mayoría de los casos se sumergieron en una fuerte controversia con el equipo de auditores.
El punto final a las investigaciones lo puso Melconian, cuando elevó un informe al Directorio en el que sugería cortar por lo sano. El argumento utilizado para tranquilizar al establishment, brindándole “seguridad jurídica”, era simple: todo lo que no estuviera prohibido estaba autorizado, aunque ésto significara legalizar burdas operaciones para saquear los recursos públicos. El 4 de diciembre de 1996, el hoy gurú menemista firmó el documento que reduciría las investigaciones a un mero procedimiento formal (ver facsímil). El documento se encarga de desacreditar las actuaciones del cuerpo de inspectores, recomendando que se registren como legales la mayoría de las operaciones impugnadas. Es interesante repasar los argumentos:
u Autopréstamos: “No es de nuestro conocimiento que existan normas que impidan la constitución de garantías sobre préstamos externos en base a activos financieros”, sentencia Melconian. Y agrega que “esta modalidad no es práctica del mercado por el hecho de presumir que no conviene financieramente”. Traducido, no sería racional que una empresa tuviera un plazo fijo en el exterior y le pidiera al mismo banco un crédito por el mismo monto, porque deberá pagar más intereses por el préstamo que los que cobra por el depósito. Los abogados de las empresas no podrían haberlas defendido mejor. Pero claro, los seguros de cambios hacían de esas operaciones las más rentables de la historia. Por otro lado, ¿cuál era la racionalidad de que el Estado asumiera la deuda externa de una empresa que podía pagarla con sus cuentas en el mismo banco?
u Destinos de los fondos: “Es irrelevante toda observación respecto del uso dado a los fondos provenientes de préstamos, beneficiados por los regímenes de seguros de cambios, toda vez que fueron autorizados sujetos al cumplimiento de las condiciones requeridas para su otorgamiento, entre las que entendemos no figuraba específicamente el destino de los fondos ingresados”, vuelve a justificar Melconian.
En otro párrafo, el Jefe del Departamento de Deuda Externa critica el planteo de los auditores de que, en muchos casos, “el deudor inspeccionado aprovechó las ventajas de los seguros de cambio para licuar su pasivo”. Para refutarlos, afirma: “El cuerpo de inspectores olvida que el régimen fue puesto en vigencia fundamentado en pautas de política económica dictadas por las autoridades, procurando atenuar los perjuicios que provocaron a prestatarios locales que mantenían obligaciones en moneda extrajera, las devaluaciones dispuestas para la moneda argentina”. En otras palabras, la responsabilidad fue del Estado, no de las empresas que inocentemente exprimieron hasta la cáscara los beneficios otorgados.
El funcionario Melconian también justifica la estatización de deudas contraídas por filiales de las multinacionales con su casa matriz. “Todopréstamo entre una empresa de capital extranjero y la sociedad del exterior que la controla...debe considerarse como celebrado entre partes independientes”. La posibilidad de que el Estado asumiera como deuda pública las transferencias financieras dentro de una misma multinacional dio origen también a un buen número de irregularidades.
Con el documento Melconian, el Banco Central limitó las investigaciones a un sólo criterio: el procedimiento formal de verificar que los dólares hayan ingresado al país. El organismo emitió una resolución, impulsada por los directores Daniel Marx (el mismo que manejó las negociaciones de la deuda durante toda la década del noventa y fue secretario de Finanzas de Cavallo durante la gestión De la Rúa) y Roberto Eilbaun, refrendando todas sus recomendaciones. Y determinó que “será considerada como operación realizada dentro de las prácticas normales de mercado toda transacción racional que no constituya un evidente perjuicio para la deudora”. De otro modo, si la empresa no fue perjudicada por la operatoria, entonces lo que hizo fue legal y su deuda sería asumida por las generaciones venideras.
Con esos frágiles fundamentos legales, el entonces titular del Banco Central, José Luis Machinea, logró cumplir su parte del trato con el Fondo Monetario. Fue el punto final que “pacificó” al establishment, por un rato.
En agosto de 1984, a instancias del primer titular del Banco Central de Alfonsín, Enrique García Vázquez, se crea el cuerpo de inspectores de la deuda externa, un equipo integrado por 20 funcionarios de carrera, con experiencia de auditoría. Meses antes, el Central había dictado una norma que disponía que todas las empresas con deudas contraídas en el exterior declararan ante la entidad las características del préstamo (monto, forma de pago, garantías) y del acreedor. Aunque parezca mentira, ése fue el primer registro de la deuda externa privada que confeccionó el Central.
Su importancia era crucial. Porque desde junio de 1981 –durante la gestión de Lorenzo Sigaut como ministro de Economía–, mientras el dólar volaba por las nubes, el Estado subsidiaba a las empresas con un tipo de cambio congelado para que pagaran sus deudas con acreedores extranjeros, siempre y cuando éstos aceptaran un estiramiento de plazos. Ese régimen de seguro de cambio fue perfeccionado por Cavallo, como presidente del Banco Central, en julio del ‘82. Meses después, el Tesoro nacional asumió directamente la deuda dolarizada frente a los acreedores, mientras las empresas le depositaban pesos devaluados. Para llevarlo al contexto actual: las empresas terminarían abonando la deuda pesificada “1 a 1” al Estado, mientras éste se comprometía pagarle al dólar libre a los acreedores extranjeros. Sólo que en pocos años la suba del dólar fue mucho mayor a la ocurrida desde enero pasado.
Los inspectores analizaron parte de los registros de los 8000 deudores privados que se apresuraron a declarar pasivos en moneda extranjera; auditaron los balances de las empresas y trataron de comunicarse con los acreedores para confirmar la existencia de los préstamos. Descubrieron que casi todas las mayores compañías del país, tanto multinacionales (como IBM, Esso, Kodak, Renault y Cargill, entre otras) como locales (Pérez Companc, Bridas, Macri y Aluar, entre otros) habían urdido groseras maniobras para beneficiarse de los seguros de cambio. Lo hicieron aplicando cuatro criterios de evaluación, propios del sentido común:
u La confirmación por parte del acreedor de la existencia de la deuda. La mayoría de los bancos extranjeros no contestó las circulares remitidas por el Central, lo que abría la sospecha de si realmente habían otorgado créditos a quienes declaraban que los habían recibido. Incluso, hubo algún banco que respondió que nunca había oído siquiera hablar de las empresas radicadas en la Argentina que supuestamente eran sus clientes.
u Supuestos créditos tomados en el exterior que en realidad eran “autopréstamos”, los cuales era ridículo considerar como deuda externa (pública) del país. Esto quedó demostrado en el caso de Renault Argentina, que poseía un crédito en el Barclays Bank de Bruselas y un depósito por igual monto en el mismo banco, como supuesta garantía. Pero también detectaron autopréstamos millonarios de Sideco y Socma, ambas del Grupo Macri, Cargill, Suchard, Ford y el Grupo Bulgheroni.
u El destino de los fondos, para determinar si habían sido aplicados a inversiones en la Argentina o habían engrosado la bicicleta financiera deMartínez de Hoz. El caso líder fue el Grupo Gotelli, que a través de un pool de 50 empresas había obtenido créditos por 200 millones de dólares para apalancar un rentable negocio financiero con garantía estatal.
u Si las divisas prestadas habían ingresado al país. El caso emblemático fue la firma holandesa Cogasco SA, por un monto de 918 millones de dólares, que nunca liquidó los dólares en el país.
Carlos lo hizo
Los informes de los inspectores eran elevados al Jefe de Departamento de Deuda Externa, Carlos Melconian, quien, antes que profundizar las investigaciones, se esforzaba por rebatirlas. En su defensa de la inocencia de empresas a las que les interesaba el país contaba con el respaldo de su superior, el gerente de Estudios y Estadísticas del sector Externo, Enrique Bour, otro prominente economista liberal. La actuación de Melconian y Bour era clave, porque si confirmaban las objeciones de los auditores, entonces la deuda no se consideraba registrable y el Estado dejaba de asumirla como propia. Pero sólo ratificaron un puñado de expedientes menores y, por el contrario, en la mayoría de los casos se sumergieron en una fuerte controversia con el equipo de auditores.
El punto final a las investigaciones lo puso Melconian, cuando elevó un informe al Directorio en el que sugería cortar por lo sano. El argumento utilizado para tranquilizar al establishment, brindándole “seguridad jurídica”, era simple: todo lo que no estuviera prohibido estaba autorizado, aunque ésto significara legalizar burdas operaciones para saquear los recursos públicos. El 4 de diciembre de 1996, el hoy gurú menemista firmó el documento que reduciría las investigaciones a un mero procedimiento formal (ver facsímil). El documento se encarga de desacreditar las actuaciones del cuerpo de inspectores, recomendando que se registren como legales la mayoría de las operaciones impugnadas. Es interesante repasar los argumentos:
u Autopréstamos: “No es de nuestro conocimiento que existan normas que impidan la constitución de garantías sobre préstamos externos en base a activos financieros”, sentencia Melconian. Y agrega que “esta modalidad no es práctica del mercado por el hecho de presumir que no conviene financieramente”. Traducido, no sería racional que una empresa tuviera un plazo fijo en el exterior y le pidiera al mismo banco un crédito por el mismo monto, porque deberá pagar más intereses por el préstamo que los que cobra por el depósito. Los abogados de las empresas no podrían haberlas defendido mejor. Pero claro, los seguros de cambios hacían de esas operaciones las más rentables de la historia. Por otro lado, ¿cuál era la racionalidad de que el Estado asumiera la deuda externa de una empresa que podía pagarla con sus cuentas en el mismo banco?
u Destinos de los fondos: “Es irrelevante toda observación respecto del uso dado a los fondos provenientes de préstamos, beneficiados por los regímenes de seguros de cambios, toda vez que fueron autorizados sujetos al cumplimiento de las condiciones requeridas para su otorgamiento, entre las que entendemos no figuraba específicamente el destino de los fondos ingresados”, vuelve a justificar Melconian.
En otro párrafo, el Jefe del Departamento de Deuda Externa critica el planteo de los auditores de que, en muchos casos, “el deudor inspeccionado aprovechó las ventajas de los seguros de cambio para licuar su pasivo”. Para refutarlos, afirma: “El cuerpo de inspectores olvida que el régimen fue puesto en vigencia fundamentado en pautas de política económica dictadas por las autoridades, procurando atenuar los perjuicios que provocaron a prestatarios locales que mantenían obligaciones en moneda extrajera, las devaluaciones dispuestas para la moneda argentina”. En otras palabras, la responsabilidad fue del Estado, no de las empresas que inocentemente exprimieron hasta la cáscara los beneficios otorgados.
El funcionario Melconian también justifica la estatización de deudas contraídas por filiales de las multinacionales con su casa matriz. “Todopréstamo entre una empresa de capital extranjero y la sociedad del exterior que la controla...debe considerarse como celebrado entre partes independientes”. La posibilidad de que el Estado asumiera como deuda pública las transferencias financieras dentro de una misma multinacional dio origen también a un buen número de irregularidades.
Con el documento Melconian, el Banco Central limitó las investigaciones a un sólo criterio: el procedimiento formal de verificar que los dólares hayan ingresado al país. El organismo emitió una resolución, impulsada por los directores Daniel Marx (el mismo que manejó las negociaciones de la deuda durante toda la década del noventa y fue secretario de Finanzas de Cavallo durante la gestión De la Rúa) y Roberto Eilbaun, refrendando todas sus recomendaciones. Y determinó que “será considerada como operación realizada dentro de las prácticas normales de mercado toda transacción racional que no constituya un evidente perjuicio para la deudora”. De otro modo, si la empresa no fue perjudicada por la operatoria, entonces lo que hizo fue legal y su deuda sería asumida por las generaciones venideras.
Con esos frágiles fundamentos legales, el entonces titular del Banco Central, José Luis Machinea, logró cumplir su parte del trato con el Fondo Monetario. Fue el punto final que “pacificó” al establishment, por un rato.
