Mala intención y Fetichismo Cultural Por H. Brienza
domingo, 21 de abril de 2013
MALA INTENCIÓN Y FETICHISMO CONSTITUCIONAL
El jueves pasado miles de personas desfilaron por la Ciudad de Buenos Aires para demostrar su descontento y su rencor con el gobierno nacional. Entre las decenas de consignas difusas, rencorosas, contradictorias, había una que lideraba los reclamos relativamente serios y consistía en un latiguillo como mantra: "La Constitución no se toca". Se trata, claro, de una letanía, de frase arrojada desde el sentido común más engañoso de todos. Pero ¿qué significa que una Constitución no se toca? ¿Qué óleo sagrado impide a un pueblo reformar cuantas veces quiera el pacto político y social de interrelación? ¿Quién redactó el texto constitucional? ¿Jesús, Mahoma? ¿De dónde proviene esa sacralidad conservadora y reaccionaria que asegura que no se pueden reformar los pactos de convivencia?
Lo curioso es que ese mismo día estaba dando una charla en el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego y para cerrar mis palabras pregunté a los presentes: ¿Quién cree que "la Constitución no se toca"? Para mi sorpresa, la mayoría del auditorio levantó la mano para sostener esa consigna. Y mi extrañeza consistió en que tanto oficialistas como opositores comparten ese sentido común de que la Constitución es un texto sagrado. Eso es, exactamente, hegemonía cultural: lograr que toda una sociedad crea que los intereses de una clase o un sector –de una facción, como les gusta llamar a algunos políticos pseudo progresistas que retoman palabras utilizadas contra Manuel Dorrego, Hipólito Yrigoyen, entre otros– son sagrados y deben ser respetados por la totalidad de la sociedad.
Pero en qué se basa ese "sentido común", esa "verdad sagrada", esa intocabilidad de la Constitución Nacional. Sencillo: en el mayor de los engaños, en una operación política magistral por parte del Liberalismo Conservador que nos hace creer a todos los argentinos que la Carta Magna es el producto del consenso, el acuerdo, la puesta en común de la mayoría de los ciudadanos. Y es una absoluta mentira. La Constitución Nacional es el resultado de una imposición militar que un determinado sector impuso a las mayorías. Y a través de la educación –gran aparato ideológico del Estado– y de la prédica de políticos, juristas, intelectuales y publicistas del liberalismo más rancio se ha impuesto como verdad absoluta que "la Constitución es un acto de autodeterminación, un acuerdo de convivencia, un pacto entre iguales, el cúlmine de la reconciliación entre los argentinos". La historia demuestra que no hay nada más alejado de eso.
¿Es la Carta Magna argentina el resultado de un proceso de consenso entre los representantes de la Nación y las provincias o se trata en realidad de una imposición surgida de la batalla de Caseros? Los procesos históricos nunca son lineales, impolutos y perfectos; la mayoría de las veces se ven enturbiados por contradicciones, bajezas, errores y miserias. En la historia de nuestra Constitución Nacional, esos elementos no podían estar ausentes. Sin duda, la Carta Magna de 1853 está escrita con la tinta de los legisladores del Congreso, con la pasión de las ideas de Juan Bautista Alberdi y con la sangre de los rosistas derrotados en la batalla de Caseros. Pero también con el texto de la Constitución estadounidense –en la versión de Manuel García de la Sena, acusada de pésima traducción por el historiador José María Rosa– que sirvió de modelo para nuestro país. La Constitución de la Nación no fue el resultado de un consenso democrático pleno y plural. Sin embargo, fue un hito fundamental en la profundización de la calidad institucional del país.
Es hija del Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de mayo de 1852, en esa ciudad. En esa oportunidad se reunieron Justo José de Urquiza –el vencedor de la batalla de Caseros– y los gobernadores de 13 provincias, y determinaron que: se convocaría a un Congreso General Constituyente para el mes de agosto de ese año para sancionar una Constitución, que la elección de diputados se realizaría de la misma forma en que se elegían las legislaturas provinciales, que todas las provincias acercaban el mismo número de diputados –se desechaba la forma de representación proporcional a la población–, que el Congreso se realizaría en la ciudad de Santa Fe, y por último que Urquiza sería el Director Provisorio de la Confederación Argentina. Es decir, los constituyentes no fueron elegidos por el sufragio libre de los ciudadanos, cosa que no ocurría muy a menudo para ser justos.
Posteriormente, la provincia de Buenos Aires rechazó el Acuerdo y protagonizó la revolución del 11 de septiembre de 1852 por la cual se separó de la Confederación Argentina. Las principales críticas al Tratado fueron la elección de Urquiza como virtual presidente, la elección de Santa Fe como sede y no Buenos Aires y la cuestión de la representatividad, ya que con el sistema proporcional, la ciudad puerto habría tenido casi el mismo número de diputados que la totalidad de las provincias.
Parte del acuerdo comenzó a cumplirse en agosto de ese año, cuando los legisladores iniciaron los arreglos en la ciudad de Santa Fe. Presididas por Domingo Crespo, gobernador de la provincia anfitriona, en ausencia de Urquiza, inauguró las sesiones oficiales el 20 de noviembre con estas palabras: "Augustos diputados de la Nación. Saludo en vosotros a la Nación Argentina con toda la emoción con que es capaz mi alma. El deseo de muchos años se cumple en este día: los gobiernos del litoral descansan hoy del peso de sus compromisos contraídos desde 1831." Lo escuchaban atentamente todos los representantes, excepto los dos de Buenos Aires, que se habían retirado por el conflicto de secesión. Había entre ellos, federales doctrinarios, liberales y unitarios. Pero no había federales rosistas. Es más, habían sido claramente marginados de la convención constituyente.
El libro Las Bases, como se lo conoce, está formado por 36 capítulos y un proyecto de Constitución al final de la obra. Como explica el propio Alberdi, lo escribió en abril de 1852 para que sea tomado como ejemplo por los constituyentes: "Es una obra de acción que, aunque pensada con reposo, fue escrita velozmente para alcanzar al tiempo en su carrera... Hay siempre una hora dada en que la palabra humana se hace carne. Cuando ha sonado esa hora, el que propone la palabra, orador o escritor, hace la ley. La ley no es suya en ese caso; es la obra de las cosas. Pero esa es la ley duradera, porque es la verdadera ley."
En su texto, Alberdi compara el derecho constitucional sudamericano con las constituciones de la época, como la californiana, a la que pone como ejemplo de su punto de vista constitucional. Plantea, además, una solución para la cultura política del continente. Ni monarquía ni parlamentarismo con líderes débiles: las naciones latinoamericanas necesitan un presidente fuerte.
La idea de Alberdi consistía en construir una nación de 50 millones de personas, producto de la inmigración europea atraída por las garantías que ofrecía la nueva Constitución a la propiedad privada, la libertad de movimiento, la tolerancia religiosa y cultural, y un reparto generoso de tierras.
Y también zanja la cuestión federal: "Una provincia en sí es la impotencia misma, y nada hará jamás que no sea provincial, es decir, pequeño, obscuro, miserable, provincial, en fin, aunque la provincia se apellide Estado. Sólo es grande lo que es nacional o federal." Por esa razón, propone lo que él llama un "federalismo atenuado”.
La Convención encargó a una comisión integrada por Leiva, Juan María Gutiérrez, José Benjamín Gorostiaga, Pedro Díaz Colodrero y Pedro Ferré la redacción del proyecto de la Constitución Nacional. El debate fue arduo y áspero y los puntos más difíciles: la relación entre Buenos Aires y las provincias, y la separación de la Iglesia del Estado. Finalmente, el 20 de abril de 1853 el Proyecto fue girado al Congreso Constituyente para que, en lo que se conoce como las Diez Noches Históricas, se debatiera, se aprobara y se sancionara la Constitución de la República Argentina. Como usted podrá darse cuenta, estimado lector, en los próximos días, usted podrá ir viviendo día a día de qué manera se gestó hace exactamente 160 años nuestra Carta Magna.
¿Fue un proceso perfecto y luminoso? ¿Sin "vencedores ni vencidos"? Evidentemente no. La exclusión de los viejos federales rosistas y el enfrentamiento armado que se desencadenó con Buenos Aires demuestran que las constituciones son más el resultado de procesos políticos y militares que de Grandes Acuerdos Nacionales. Así lo demuestran, también, las reformas de 1860, 1866 y 1880, que son hijas de las victorias militares de Cepeda, Pavón –obtenida por el mitrismo porteño contra las provincias– y del aplastamiento de la sublevación de Carlos Tejedor que concluyó con la federalización por la fuerza de la ciudad de Buenos Aires.
La historia constitucional del siglo XX fue más triste aun, ya que estuvo plagada de autoritarismos, de imposiciones militares, de desmanejos de la Carta Magna por parte de las dictaduras de turno. El inicio de la desventura fue la sanción de la Constitución Nacional del 1949, cuando en pleno proceso del primer gobierno peronista una mayoría abrumadora del pueblo votó a una asamblea constituyente para que incluyera los derechos sociales de la niñez, la ancianidad y los trabajadores entre otros tópicos que incluían, claro, la reelección presidencial.
Desde los aspectos formales e incluso estructurales, esa Constitución, creada por Arturo Sampay, fue un hito democrático aun cuando el radicalismo intentó quitarle legitimidad no participando de las sesiones de la Constituyente. Como se sabe, la Carta Magna sancionada en 1949 fue abolida con decreto facto por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y, en 1957, una Constituyente que excluyó al peronismo, y que fue deslegitimada por la ausencia de la UCR Intransigente repuso con las reformas del artículo 14 bis, la Constitución de 1853. Una vergüenza desde todo punto de vista jurídico y político. Para que quede claro: la del '49, votada democráticamente por las mayorías, fue suprimida por un golpe de Estado criminal como el de la autodenominada "Revolución Libertadora".
Con las dictaduras de 1966 y de 1976 no le fue demasiado bien a la Constitución Nacional. Juan Carlos Onganía sancionó por decreto un Estatuto de la Revolución Argentina, y Alejandro Lanusse en 1972 reformó a su antojo el sistema electoral previsto por la Constitución Nacional para impedir que el peronismo regresara al poder por la vía democrática. La dictadura de Jorge Rafael Videla y los suyos dejó sin efecto, incluso, la constitución sancionada por la dictadura aramburista.
En los albores de la democracia, el presidente democrático Raúl Alfonsín decidió, finalmente, poner en funcionamiento la Constitución Nacional reformada por la dictadura de Aramburu y Rojas e intentó reformarla en 1987 –también quiso buscar su reelección– pero no se lo permitió el apoyo popular que comenzó a serle esquivo desde la crisis del Plan Primavera. Finalmente, en 1994, se produjo –después de las de 1949– la única reforma democrática de la CN de 1853. Se la realizó tras un contubernio radical-peronista en el que los referentes fueron el propio Alfonsín y el por entonces presidente Carlos Menem.
La historia de nuestra Constitución demuestra que una Carta Magna es más producto de una imposición de una facción por otra que del consenso. Esto seguramente lo saben Jorge Yoma, Elisa Carrió, Mauricio Macri, y se hacen los distraídos. Porque es preferible que sean hipócritas antes que ignorantes. Es el resultado de la voluntad de un sector de la sociedad argentina –el Liberalismo Conservador– de someter a los vencidos a las propias reglas de juego del vencedor. Uno puede celebrar muchas virtudes que tiene nuestra Carta Magna –que de hecho tiene muchas–, pero no puede desconocer que es el resultado de la violencia y la sangre de millones de argentinos que fueron sometidos en los golpes de Estado de 1852-1955, las batallas de 1860-80 y las dictaduras militares de 1966 y 1976.
Seguramente, el kirchnerismo no reformará la CN en los próximos dos años. Pero a pesar de ello hay que ser conscientes de dos cosas: 1) que quienes agitan la infalibilidad sacra y la perennidad de la Carta Magna están defendiendo –por complicidad o ignorancia– los pilares del Liberalismo Conservador en la Argentina; 2) Que las mayorías nos merecemos alguna vez en la historia de nuestro país una Constitución verdaderamente democrática por su contenido y por su forma. No comprender el contenido histórico e ideológico de nuestra Carta Magna es puro fetichismo constitucional. O mala intención, claro.
Hernán Brienza
